A juicio los 28 ultras que reventaron la manifestación del 9 d'Octubre de 2017

En las últimas semanas se han producido contactos entre los letrados de las defensas, la fiscal del caso y las acusaciones, según han admitido algunas de estas partes, si bien los actores consultados han mostrado la máxima cautela y no han dado por cerrado ningún acuerdo.

En caso de que no haya acuerdo sobre los hechos y las posibles condenas, es previsible que se deba señalar una nueva fecha, con lo que el juicio se demoraría más allá de los seis años desde que se produjeron estos incidentes de marcado carácter ideológico y tinte fascista.

La Fiscalía ha pedido para los procesados unas condenas que van desde los tres hasta los siete años y medio de prisión por delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra, y reclama además multas y el pago de indemnizaciones de entre 100 y 3.200 euros.

A estos delitos, la Comissió 9 d'Octubre -entidad organizadora de la manifestación, que ejerce la acusación a través de Acció Cultural-, añade el de daños, el de odio y pertenencia a grupo criminal y, por la reincidencia en algunos casos, pide penas de entre 5 y 11 años de prisión.

La instrucción, que ha dirigido el Juzgado número 15 de València (el mismo del caso Emarsa o el de la causa contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros empleados públicos), concluyó en enero de 2021 con el procesamiento de 28 personas, pero los numerosos recursos y la dificultad para analizar esta extensa causa y poner de acuerdo a las partes han retrasado el juicio.

El origen de este proceso judicial está en las agresiones y amenazas que protagonizó un grupo de ultras que trató de reventar la manifestación vespertina de la Comissió 9 d'Octubre, y que se produjo en un contexto de tensión política por el proceso independentista catalán iniciado tras el referéndum del 1 de octubre y el desplazamiento a Cataluña de numerosos agentes de policía con experiencia en el control de manifestaciones.

Algunos de los investigados accedieron por la tarde a la plaza de San Agustín de València, tradicional lugar de inicio de esa marcha reivindicativa de izquierdas, en aparente formación, coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, realizando el saludo fascista, según se refleja en el auto de procesamiento.

Muchos de los encausados formaban parte de la extinta Peña Yomus, de aficionados ultra del Valencia CF, y exhibían simbología neonazi y de extrema derecha.

Entre ellos también figura un locutor de televisión y de radio que en los días previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones.

"Su propósito no era otro que el de hostigar y enfrentarse a quienes acudieran a la manifestación convocada por la Comissió 9 d'Octubre, y dificultar e impedir, incluso mediante el empleo de violencia, la celebración de dicha manifestación", todo ello "por su radical discrepancia ideológica con los convocantes de la manifestación y su hostilidad a cuanto representan", tal y como relata el instructor en el auto.

Los investigados lograron romper los cordones de seguridad establecidos por las fuerzas de seguridad y acorralaron y agredieron a varios manifestantes y a periodistas.

De hecho, la marcha no pudo completar el recorrido previsto y finalizar como es habitual en la plaza de Alfonso el Magnánimo "ante una acción concertada de distintos investigados", de acuerdo con la investigación judicial.

En la causa constan como acusación particular, además de los manifestantes y un diario cuyos periodistas fueron agredidos, la Comissió 9 d'Octubre, organizadora de la marcha, que está formada por las asociaciones Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Associació Cívica Tirant lo Blanc, Ca Revolta, Federació d"Escola Valenciana, Plataforma pel Dret a Decidir, Plataforma per la Llengua i Societat Coral El Micalet; los sindicatos CCOO-PV e Intersindical Valenciana; y los partidos Compromís, ERPV, EUPV, Podem y PSPV-PSOE.

Como acusación popular, se ha personado Movimiento contra la Intolerancia.