La CE aprueba el plan de recuperación español y abre la puerta a recibir 93.500 millones más

Estos 93.500 millones de euros adicionales se sumarían a los 69.500 millones que España ya tenía asignados en subvenciones con su plan original, de los que hasta ahora ha recibido 37.000 millones en tres desembolsos y un adelanto, y elevan a 163.000 millones el total de fondos que recibirá el país hasta 2026.

Tras el aprobado del Ejecutivo comunitario, que ha necesitado casi cuatro meses para evaluar la adenda que el Gobierno le remitió el 6 de junio, los Estados miembros tienen otro mes para dar luz verde definitiva al plan revisado.

El visto bueno de la Comisión Europea despeja asimismo el camino para que España solicite el cuarto tramo de ayudas del fondo, que se mantiene cifrado en 10.000 millones de euros tras la revisión del plan.

El plan revisado modifica 52 de las medidas incluidas

El plan revisado modifica 52 de las medidas incluidas en el plan original dado que Bruselas ha considerado que existen “circunstancias objetivas” para que el Gobierno introduzca esos cambios, como los problemas de suministros, la guerra rusa contra Ucrania, el aumento de precios y falta de demanda derivados de la alta inflación o la existencia de dificultades técnicas inesperadas.

Entre estos se encuentra la eliminación de los peajes por el uso de las carreteras, previsto en el plan original para 2024, a cambio de medidas de impulso al transporte ferroviario de mercancías.

Los cambios, en todo caso, mantienen o elevan el nivel de ambición de las medidas originales, según la Comisión.

De las nuevas subvenciones, 2.600 millones de euros se destinarán al nuevo capítulo que incorpora la adenda para implementar la estrategia Repower EU para desprenderse de los combustibles fósiles rusos, del que España podrá recibir 1.400 millones como anticipo.

Dentro del mismo, España se compromete a simplificar los procesos y permisos para la producción de energía renovable y la infraestructura de la red eléctrica, así como a realizar inversiones para apoyar la producción de hidrógeno renovable, subsidiar las energías renovables y el almacenamiento de energía, la infraestructura eléctrica y la descarbonización de la industria, entre otras medidas.

A ello se suman 7.700 millones más en transferencias a las que tenía derecho España a raíz de la actualización que hizo Bruselas de las asignaciones nacionales que se destinarán a financiar 9 reformas y 23 inversiones, entre ellas, la ley de protección de los derechos de los consumidores, una reforma para mejorar el acceso de pymes y autónomos a financiación, la estrategia de microcredenciales en universidades o inversiones en medicina personalizada.

83.200 millones de euros en préstamos

La partida más voluminosa del plan revisado serán los 83.200 millones de euros en préstamos – cerca del máximo de 84.000 millones que podía pedir España -, cuyo uso se concentrará en 2026, el último año de vida del fondo.

Entre las siete reformas y veinte inversiones que financiarán estos créditos, figuran medidas para facilitar la construcción y alquiler de vivienda, inversiones en ciencia, tecnología e innovación en el sector sanitario o para modernizar el sector aeroespacial.

Bruselas acepta sustituir los peajes por medidas en transporte ferroviario de mercancías

La Comisión Europea acepta que España sustituya la introducción de peajes por el uso de carretera que estaba prevista en el plan de recuperación original a partir de 2024 por medidas de impulso al transporte ferroviario de mercancías, como había solicitado el Gobierno.

Bruselas dio su visto bueno a esta modificación en su análisis de la adenda del plan de recuperación, por lo que, una vez sea aprobada también por los Estados de la UE en el plazo de un mes, eliminará formalmente el pago por uso de carreteras al que se había comprometido en el documento original dentro de las medidas de la nueva Ley de Movilidad Sostenible.

“Ha sido reemplazada (la reforma de los peajes) por provisiones que promocionan el uso del transporte ferroviario por carretera para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, explicó en una rueda de prensa la portavoz de Economía de la Comisión, Veerle Nuyts.

Así, el Ejecutivo comunitario ha considerado que las opciones alternativas planteadas, que buscan impulsar el transporte de mercancías por vía ferroviaria, “mantienen el mismo nivel de ambición” que la propuesta original y permiten a España seguir abordando la recomendación de que dé pasos hacia un sistema de movilidad más sostenible.

En particular, defiende que las nuevas medidas “contribuyen a la reducción de las emisiones del transporte por carretera” y aborda la recomendación que Bruselas había hecho a España para “mejorar sus infraestructuras ferroviarias” e “invertir en transporte sostenible”.

Además, Bruselas ha tenido en cuenta que el aumento del precio de los carburantes ya ha penalizado a los usuarios de las carreteras, que sus emisiones quedarán legisladas a nivel comunitario con la introducción de este sector y de la vivienda en el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) a partir de 2027.