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La nueva Ley de Memoria Democrática a examen parlamentario


El pleno del Congreso debate este jueves las tres enmiendas de totalidad que el PP, Vox y ERC han presentado contra la Ley de Memoria Democrática en lo que será el primer examen parlamentario de una norma que llega con retraso a la Cámara Baja con el objetivo de mejorar la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Si bien el propósito del Gobierno era aprobar la ley a lo largo de 2021, el proyecto no se ha comenzado a tramitar en la Cámara Baja hasta hace pocas semanas, y aunque hoy reciba luz verde para seguir adelante, su aprobación definitiva no se prevé hasta comienzos de 2022.

Y es que es muy probable que ninguna de las tres enmiendas sea aprobada porque sus promotores no contarán con votos suficientes.

Las del PP y Vox, de devolución, se votarán al mismo tiempo, mientras que los diputados se pronunciarán de manera separada sobre la de ERC, ya que incluye un texto alternativo con el que los republicanos catalanes intentan ir más allá de lo propuesto por el Gobierno.

Será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el encargado de presentar un proyecto que tiene su eje principal en el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y que pretende avanzar en la localización, identificación y exhumación de los represaliados del franquismo.

También plantea la resignificación del Valle de los Caídos, una vez trasladados los restos de Francisco Franco que estaban enterrados en la basílica, y un largo catálogo de medidas que comprenden desde un banco de ADN de familiares de represaliados hasta la creación de un censo de víctimas del franquismo.

Unas medidas que según ha previsto el Ejecutivo en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 costarían 11,8 millones de euros y que facilitarían la localización de un millar de personas enterradas en fosas comunes, con la previsión de exhumar los restos de 800 víctimas.

Las enmiendas que llegan al pleno auguran un intenso debate, entre otros motivos porque las de PP y Vox están redactadas en muy duros términos.

El PP considera que el proyecto agita "el espíritu del guerracivilismo", pretende "dinamitar" la Transición, dibuja "una España de frentes y bandos que divide a los españoles en buenos y malos" y quiere "reeditar la división y la confrontación entre compatriotas".

Llegan los populares a calificarlo de "totalitarismo en estado puro" porque sus "pulsiones totalitarias", afirman, pretenden sustituir "la verdad fáctica de la Historia" recurriendo al "sectarismo" y al "discurso revanchista".

No ahorra tampoco Vox calificativos para reprobar el proyecto, al ver "espectacularmente sesgada y maniquea" la visión de la historia que aporta, en especial sobre la II República, y sostener que fue la "bolchevización" del PSOE "lo que abocó a la República a un final violento".

Dice además en su enmienda que la ley "invisibiliza" a las víctimas "asesinadas y reprimidas por la izquierda", como sacerdotes o muertos por el maquis o ETA, incide en su "constante adoctrinamiento de la ciudadanía" y afirma que disolver la Fundación Francisco Franco vulnera la libertad de asociación.

Los planteamientos de ERC son bien distintos, porque el propósito de su texto alternativo es ir más allá, tanto en lo que respecta a la nulidad de las sentencias represoras del franquismo, como en la indemnización económica a las víctimas, en este caso a sus descendientes, que el proyecto del Gobierno rechaza expresamente.

Los republicanos no solo quieren que se pague a los familiares de los represaliados, sino que ponen cifra a las compensaciones: 135.000 euros a cada uno.

Mientras el pleno discute las tres enmiendas, Amnistía Internacional ha convocado un acto simbólico a las puertas del Congreso para entregar 327.000 firmas que piden la mejora de la nueva ley en la tramitación que arranca hoy.

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