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El Congreso investigará el supuesto entramado policial en Andorra que involucra al Partido Popular


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

El Congreso de los Diputados investigará el supuesto entramado policial que involucra al exministro del Gobierno del PP, Jorge Fernández Díaz, en la denominada Operación Catalunya, que lleva una juez de Andorra.

La Junta de Portavoces, con el apoyo mayoritario del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JxCat, PdeCat, la CUP y BNG, ha decidido crear una comisión de investigación sobre la presunta intromisión a la soberanía de Andorra por parte de responsables políticos españoles y de "entramados parapoliciales" en el marco de la Operación Catalunya.

Una solicitud de comisión que registraron los partidos independentistas catalanes y vascos el 17 de junio y que será debatida en el pleno del Congreso, aunque el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha afirmado que "con toda seguridad saldrá adelante".

"Para ponerla en marcha lo antes posible y trabajar de forma rigurosa para poner luz sobre unos audios de un exministro del PP que es muy alarmante y preocupante", ha incidido Gómez tras señalar que el que fuera titular de Interior Fernández-Díaz desmintió su vinculación con esa operación en Andorra cuando compareció en el Congreso por el caso Kitchen.

En este sentido, la Mesa del Congreso estudia un informe de los letrados sobre la petición que registraron los partidos nacionalistas vascos y catalanes para que el Congreso tomara las medidas oportunas y diera traslado al Ministerio Fiscal de las declaraciones del exministro cuando faltó a la verdad en la comisión Kitchen.

Estos partidos recordaban en su escrito el artículo 502.3 del Código Penal, que señala que aquel que "convocado a una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

Fuentes de la Mesa del Congreso señalan a EFE que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto sobre su traslado al Ministerio Fiscal, aunque el PSOE deja esa puerta abierta.

El informe de los letrados hace referencia a una serie de actuaciones vinculadas con la actividad concreta de una comisión de investigación que ya ha concluido sus trabajos, "por lo que no existiría cauce reglamentario para articular una solicitud como la ahora analizada", aunque puntualizan los letrados de la Cámara que "todo ello sin perjuicio de la posibilidad de dirigirse directamente al Ministerio Fiscal, al amparo de la legislación procesal aplicable".

Desde el grupo parlamentario del PSOE, su portavoz Héctor Gómez ha desvinculado la nueva comisión de investigación sobre la Operación Catalunya de dicho informe jurídico y ha reiterado que "en un país democrático no podemos permitir que este tipo de situaciones pasen como si nada hubiera pasado".

"Es muy grave y tenemos la obligación de poner el foco sobre algo si no queremos que se repita", ha recalcado Gómez, toda vez que en las grabaciones que el pasado 22 de junio desveló "El País" el exministro del Interior confirmaba que se reunió con el comisario José Manuel Villareojo para planificar denuncias contra el entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, y su predecesor, Jordi Pujol, y les dijo: "Negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido".

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado que esta nueva comisión "es una muestra de la desesperación del PSOE, que responde así a varapalos electorales", y ha incidido en que "sería mejor que centrara sus esfuerzos en buscar cómo ayudar a los españoles a que salgan de esta gravísima crisis económica, y no a comisiones que lo que buscan es perseguir al PP".

Una juez andorrana notificó el pasado 13 de junio al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al que fuera su ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, entre otros miembros de su Ejecutivo, que les investiga a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés.

La investigación deriva de una querella, admitida a trámite en 2020, que presentaron el Institut de Drets Humans d'Andorra, Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco.

Los partidos independentistas catalanes y vascos proponían esta comisión para estudiar la posible intromisión en la soberanía del Principado de Andorra de los responsables políticos investigados por la justicia andorrana, en particular el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el ex secretario de Estado para la seguridad Francisco Martínez y el ex director general de la Polícia Ignacio Cosidó.

 

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