La primera vez que viajé a Estados Unidos me sorprendió muy negativamente su sistema de propinas a los camareros. Una parte importante de su sueldo lo constituían estas propinas, que no eran, en principio, obligatorias para cliente, si bien se te aconsejaba dejar entre un 10% y un 20% del importe de la factura, dependiendo de tu grado de satisfacción. Cometí el error de no dejar nada en una ocasión y armé un revuelo considerable: la camarera me increpó diciendo que la estaba insultando y, ante mi petición de explicaciones, el gerente me informó de que no dejar propina era un castigo que solo se justificaba en casos de incumplimiento flagrante de los camareros. O sea, que no eran obligatorias, pero, de facto, sí lo eran.

Se ha dicho hasta la saciedad que la democracia es una planta frágil que no debe ser sometida a turbulencias excesivas, sino que hay que defenderla todos los días, porque su existencia no está garantizada de por vida.

Recientemente, he tenido el privilegio de asistir a una conferencia de Francesc Boya, Secretario General para el Reto Demográfico, secretaría general que está integrada en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se dieron allí una serie de datos interesantes, algunos de los cuales me gustaría compartir aquí.

Parafraseando a Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848, no solo “un fantasma recorre Europa”, sino que un fantasma parece recorrer todo el mundo, pero no es el del comunismo —como lo era en 1848— sino el de la ultraderecha. Las democracias debemos prestar toda la atención a las numerosas señales de alarma que se están produciendo, hacer un buen diagnóstico de sus causas y empezar a poner los remedios.

Cuando alguien va conduciendo por la autopista y ve a todos los coches venir hacia él, debería plantearse que tal vez es uno mismo, y no los demás, quien circula en dirección contraria. A pesar de las evidencias, el Partido Popular no ceja en su empeño de llevar la contraria en materia impositiva al Gobierno de España, al Banco de España, a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional. Se está convirtiendo en una pieza de museo, en una verdadera rareza ibérica.

La semana pasada terminó en el Senado la larga tramitación de la Ley de Memoria Democrática. Fue aprobada por el Congreso en el mes de julio con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. Votaron a favor PSOE, UP, PNV, PDCat, Mas País, Compromis, EH Bildu y CC; en contra, PP, Cs, Vox, Junts y UPN; se abstuvieron ERC y algunos partidos pequeños.

La batalla fiscal ha comenzado y debemos congratularnos por ello porque es una oportunidad inmejorable para poder situar a cada uno en su sitio y también para que los ciudadanos se posicionen sobre el tipo de sociedad que desean. Porque, por detrás de los exabruptos y descalificaciones, lo que hay es la concepción que cada partido tiene de cómo debemos organizarnos como sociedad.

El Partido Popular lleva practicando en varios asuntos lo que podríamos llamar con toda propiedad “políticas basura”, en la creencia de que estos comportamientos nunca le reportarán costes electorales. Pero a veces estos cálculos resultan equivocados y, cuando empiezan a pasarles factura, se hace difícil rectificar. Lo estamos viendo en su negativa a aprobar un impuesto extraordinario a las compañías energéticas y en su resistencia numantina a cumplir con la Constitución y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según la psicología evolutiva, en el ser humano coexisten hasta tres tipos de cerebros: el reptiliano, el límbico y el neocortex. El primero es el más antiguo y el responsable de las conductas simples e impulsivas, como reacción a las diversas situaciones experimentadas por el individuo. Reacciona ante emociones tales como el miedo, el hambre o el enfado. El segundo tiene que ver con el aprendizaje y almacena recuerdos sobre las emociones pasadas, tanto agradables como desagradables. El tercero es el más moderno en la evolución y el responsable de nuestra conducta racional. Las derechas internacionales, y la española en particular, han descubierto que dirigirse a nuestra parte reptiliana resulta mucho más rentable en términos electorales que hacerlo a la parte racional.

El dato de inflación de finales del mes de julio fue demoledor: el 10,8% interanual, la mayor de los últimos 38 años. Comenzó a subir ahora hace un año debido a la rotura de las cadenas de suministros tras la pandemia y se ha agudizado a partir de febrero con la subida de los combustibles fósiles a raíz de la invasión de Ucrania. Sin embargo, se habla demasiado poco de que una parte significativa de la inflación está inducida por decisiones empresariales. En particular, tiene su origen en los exorbitantes beneficios que están obteniendo los oligopolios.

Desde estas páginas, hemos hablado de la inflación producida por el aumento del precio de los combustibles en los mercados internacionales y de cómo repartir de manera justa ese exceso de coste. Pero, a la vez que dichos precios se disparan debido al difícil contexto internacional —la rotura de las cadenas de suministros, la guerra de Putin—, se está produciendo una silenciosa inflación adicional debida a las indecentes ganancias que las compañías con poder de mercado —es decir, con poder para fijar los precios merced a la escasa competencia de sus sectores— están obteniendo a costa de los pacientes consumidores. Se trata, una vez más, del conocido “a rio revuelto…” que aparece indefectiblemente en épocas de escasez o, dicho más concisamente, la especulación pura y dura.

Definitivamente, la izquierda no sabe poner de relieve sus logros, mientras que la derecha es muy eficaz en colocar sus mensajes. Cualquiera que tenga la santa paciencia de presenciar las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados extraerá la impresión de que los problemas del país son las discrepancias ante a la visita del rey emérito, el espionaje del CNI, o el uso del castellano en la educación catalana. En todos estos asuntos, la izquierda es acusada de antipatriota, de doblegarse ante el independentismo y de desprestigiar las instituciones. Esa, y la de incompetencia económica, es la imagen que la derecha desea transmitir de este gobierno y, a fuerza de repetirlo cada día, lo está consiguiendo con muchos ciudadanos.

Pero la realidad es que el actual gobierno, además de enfrentarse con bastante éxito a las dos calamidades más importantes de las últimas décadas —la pandemia Covid-19 y una devastadora guerra a las puertas de Europa—, está produciendo una transformación silenciosa del tejido productivo del país de la que los ciudadanos no están siendo muy conscientes. Refiriéndome tan solo a los últimos treinta días, han ido apareciendo en los medios diversas noticias, muy relevantes desde el punto de vista de nuestro futuro económico, que no han sido suficientemente publicitadas.

Empezando por la más reciente, ha aprobado un Plan Estratégico financiado parcialmente con fondos europeos —uno de los proyectos conocidos como PERTE—, con una inversión pública de 12.250 millones, para el diseño y fabricación de circuitos integrados semiconductores. Se trata de algo tan importante que no se entiende cómo no se le ha dado más publicidad ni por qué no está la ministra correspondiente todos los días en la televisión explicando los detalles.

Actualmente, muy pocos países —China, Taiwan y Corea del Sur— tienen fábricas apropiadas para la tecnología más avanzada, que es la de 3 nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Ese el tamaño de los transistores, los cuales son tan pequeños que constan tan solo de unos pocos átomos. Una fábrica de este tipo requiere una alta capacitación tecnológica, una maquinaria muy sofisticada y una inversión de bastantes miles de millones. En Europa no hay, de momento, ninguna y nuestras sociedades desarrolladas necesitan un flujo abundante de microchips. El proyecto español contempla esta tecnología y contribuirá a disminuir la dependencia europea.

Casi a la vez que la publicación del plan, el Presidente Sánchez ha culminado en Davos una negociación de meses con la empresa estadounidense de microprocesadores Intel para instalar en Barcelona un centro de diseño de circuitos integrados asociado al BSC (Barcelona Supercomputing Center). Parte de la financiación, estimada en 400 millones, provendrá del PERTE recién aprobado.

Hace unos días, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un ambicioso proyecto que ayudará a que Europa se independice del gas ruso: un gasoducto entre Barcelona y Livorno para abastecer a Italia de combustible regasificado, con una inversión de 2.500 millones. Se trata de aprovechar el potencial que ofrecen las seis plantas regasificadoras españolas. Además, se intenta reflotar el gasoducto entre España y Francia, cuya terminación costaría 600 millones. En un primer momento, ambos transportarán gas, pero, en un futuro, llevarán hidrógeno verde. España podría pasar así de ser una isla energética a ser abastecedora de energía al resto de Europa, con evidentes retornos económicos y de empleo.

En una reciente visita a España, el emir de Qatar —invitado por el Gobierno— ha comprometido una inversión en nuestro país de 4.720 millones en proyectos de energías verdes y digitalización. También nos suministrarán gas licuado, con el fin de diversificar nuestras fuentes de abastecimiento. Qatar tiene las terceras reservas mundiales de gas natural, tras Rusia e Irán.

Hace pocas semanas, la empresa alemana Volkswagen comprometió una inversión de 3.000 millones para la construcción en Sagunto de una gran factoría de baterías para vehículos eléctricos que creará 3.000 puestos de trabajo directos. Se trata de otro de los PERTE aprobados por el Gobierno y también contará con fondos europeos. Entre el 20% y el 30% de la energía que alimentará la factoría procederá de una nueva planta solar que Iberdrola instalará en las proximidades. Volkwagen comprometió también otros 4.000 millones para reconvertir al vehículo eléctrico en los próximos años sus fábricas de Pamplona y Martorell.

El Gobierno ha aprobado también hace pocos días una inversión de 1.239 millones para la creación de 88.000 nuevas plazas de formación profesional, un 10% de las existentes y la mayor cantidad anual invertida hasta la fecha en esta área. Los alumnos de secundaria que escogen formación profesional en España son solo el 34%, frente al 48% de media de la UE-27, si bien han venido aumentando gradualmente en los últimos cinco años. Cerrar esa brecha con Europa ha sido uno de los empeños del Gobierno. Los fondos de 2022 suponen un incremento del 30% con respecto a 2021.

Por último, también ha aprobado la semana pasada la mayor oferta de empleo público de la historia, con casi 45.000 plazas —34.151 ordinarias y 10.637 para la estabilización de empleo temporal— con el fin de reflotar y rejuvenecer las plantillas públicas, duramente castigadas durante la Gran Recesión de 2008-14.

Según lo enunciado, no es de extrañar que el Gobierno haya remitido a Bruselas unas previsiones optimistas para el periodo 2022-25, en las que todos los indicadores económicos mejoran: el paro pasará del 13,4 % actual al 9,6% —en abril se alcanzaron por primera vez los 20 millones de ocupados—, el déficit público pasará del 6,7 % del PIB al 2,9% y la deuda pública bajará del 118% actual al 109%. A la reciente reforma laboral se le atribuye una mejora de 2,4 puntos en la tasa de crecimiento económico.

Esta transformación silenciosa de nuestro sistema económico tendrá mucha más incidencia en nuestras vidas y en las de nuestros hijos que las discusiones muchas veces bizantinas que presenciamos en el Congreso. El verdadero patriotismo no se demuestra agitando la bandera ni gritando discursos encendidos, sino ayudando al país a prepararse para afrontar sus desafíos. Eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, aumentar nuestra capacidad tecnológica, mejorar la cualificación de la Administración y aumentar la formación de nuestros jóvenes es lo que este gobierno “social-comunista”, “vende patrias” y “felón” ha venido haciendo silenciosamente —demasiado silenciosamente, tal vez— desde el comienzo de la presente legislatura.

El señor Núñez Feijóo ha reforzado su equipo económico con hasta cuatro consejeros autonómicos de Hacienda y parece bastante claro que el Partido Popular va a presentar batalla en las elecciones de 2023 defendiendo una bajada de impuestos. Por otro lado, el Banco Central Europeo va dar por terminada la larga etapa de compra de deuda pública de los Estados miembros y se anuncian subidas de los tipos de interés. Para un país como España, endeudado hasta el 118% de nuestro PIB, no son buenas noticias.

Según el RAE, la política se define como “la actividad de quienes aspiran a regir los asuntos públicos”. Uno de ellos, y de enorme trascendencia, es el empobrecimiento que estamos sufriendo los ciudadanos españoles como consecuencia de la escalada de precios, debida, a su vez, a la terrible guerra desatada por Putin. Ello está impidiendo a muchos particulares y empresas realizar su actividad y a muchos otros pagar sus recibos. La política debería, pues, ocuparse prioritariamente de este drama y paliar en lo posible sus efectos. Uno esperaría, en consecuencia, que el debate de convalidación del decreto de medidas urgentes promulgado al respecto por el Gobierno girara en torno a las mejores propuestas para atender a los ciudadanos. En lugar de ello, versó sobre los temas más dispares y, sobre todo, retrató la miseria moral de una buena parte de nuestros partidos políticos.

El presidente del Partido Popular ha hecho entrega al Gobierno de una propuesta —a la que llaman con innecesaria solemnidad “plan de país”— para hacer frente a la escalada de precios. Dado que se trata de su primera contribución en tres años, es obligado estudiarla con detenimiento y debatir sus aspectos positivos y negativos. La izquierda vivía más cómoda cuando el PP solo insultaba y se negaba a toda colaboración con el Gobierno, pero, ahora que su estrategia parece haberse hecho más razonable, no puede negarse al diálogo que se le pide y debe aportar argumentos y razones, tanto para aceptar lo que haya de aceptable en ella, como para rechazar lo que no lo sea.