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Cinco años de cárcel por la muerte de 3 personas en la explosión de una fábrica en 2012


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El Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia (Cáceres) ha condenado a cinco años y tres meses de cárcel y al pago de indemnizaciones que suman más de 491.000 euros al dueño y al encargado de la fábrica de aceite de Moraleja (Cáceres) en la que murieron tres hombres en mayo de 2012 tras una explosión en su interior.

La sentencia considera tanto al administrador único como al encargado y jefe de mantenimiento culpables de tres delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones imprudentes.

De igual forma, se absuelve "con todos los pronunciamientos favorables" a uno de los trabajadores de la fábrica, que resultó herido tras la explosión, de los delitos de homicidio imprudente.

El 24 de mayo de 2012 se produjo una explosión en el interior de la empresa Industrias Oleícolas Sierra de Gata, ubicada en Moraleja, como consecuencia de la cual fallecieron dos trabajadores, Valentín Parra Carrero, de 58 años y José Miguel Santos Martín, de 30 años; además de Alberto Lozano Zango, de 88 años, que se encontraba de visita en el interior de la sala de extractores.

La sentencia considera probado que en el momento en el que se extraían los últimos restos de miscela (mezcla resultante del disolvente más aceite), uno de los empleados, que se encontraba en la sala de extracción y que también resultó herido, "no prestó atención a unos marcadores de presión que venían presentando fallos".

"Dado que la maquinaria carecía de marcado de la CE y de mantenimiento, unido a que la empresa carecía de las instalaciones o mecanismos necesarios para la señalización de sobrepresión, sin que constara nada al respecto en la evaluación de riesgo, se produjo una primera explosión en el extractor 3, fracturándose el mismo por la zona de soldadura del fondo koppler, lo que permitió la entrad de oxígeno y su contacto con el hexano del interior, lo que originó una segunda deflagración", señala el texto.

En este sentido, el informe de Inspección de Trabajo indica que la instalación "no disponía de detectores de presión ni válvulas de seguridad contra sobrepresiones, dotadas de caudalímetros que fijaran el límite de presión por debajo de la capacidad de la extractora, que permitieran la parada automática del proceso o parte del mismo en caso de detección de la sobrepresión".

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cáceres.