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Sólo el 10 % de los delitos relacionados con el tráfico de especies terminan con sentencia


  • Escrito por Noemí Romero
  • Publicado en Actualidad
(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

Sólo el 10 % de los delitos relacionados con el tráfico de especies acaban con una sentencia en España, "lo que evidencia que la gran mayoría ni se persigue, ni se encuentra, ha denunciado a EFE Silvia Díaz, técnica de WWF España, quien insiste en que los recursos para investigar y juzgar estos casos "son muy escasos comparados con otros".

Díaz es coordinadora del proyecto SWIPE (Persecución exitosa de delitos contra la fauna y flora silvestre en Europa, por sus siglas en inglés), un proyecto en el que participan 13 socios en 11 países, incluyendo organismos como Fauna y Flora Internacional de Rumanía o la ong TRAFFIC así como la propia WWF, con intención de elaborar una base de datos europea para recoger los casos producidos en estos países entre 2010 y 2015 y generar un informe específico.

SWIPE busca "motivar, coordinar e informar" a jueces, fiscales, abogados, instructores judiciales y otras autoridades a la hora de perseguir delitos como "el tráfico ilegal, el furtivismo, el envenenamiento y la mortalidad ilegal", además de "trasladar su importancia a la percepción social".

Su labor ha cobrado actualidad a raíz de la reciente reunión en Panamá (COP19) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) cuyos trabajos concluyeron con el establecimiento de nuevas protecciones para cientos de especies que, para Díaz, resultan insuficientes.

"Con CITES los gobiernos intentan regular el comercio de las especies sin ponerlas en peligro, reconoce, pero aún así es preciso exigir "medidas contundentes que permitan revertir las sinergias que impulsan a la pérdida de biodiversidad. Díaz y otros especialistas del sector insisten en que el sistema actual "genera problemas administrativos y también de bienestar animal" y apuestan por "reforzar la prevención antes de llegar a las detenciones".

Así, el director regional de Latinoamérica del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), Joaquín de la Torre, ha indicado a EFE que en estos casos uno de los retos principales es "el manejo de la fauna incautada viva" ya que la mayoría de las veces cuando las incautaciones suceden, el animal ya murió o está en cautiverio".

Pese a las propuestas de la COP19, "el apéndice II del tratado no prohíbe el comercio: sólo lo regula" y en su opinión "el comercio legal, como el ilegal, también genera sufrimiento en los animales aunque su transporte cumpla con los estándares preestablecidos".

Por ello, De la Torre considera que "las autoridades deberían ser especialistas en manejo de especies y saber si lo que incautan es fauna local o exótica" pues en el primer caso pueden firmar "ciertos convenios con centros de rescate que evalúen y determinen su introducción en su área de distribución" y, en el segundo, "se necesita otro tipo de acuerdos con parques zoológicos u otras instalaciones que puedan tener en cautiverio a esas especies con buenos estándares de bienestar".

Si además esas especies son endémicas de otro país y están amenazadas o en peligro de extinción, lo ideal es repatriarlas, lo cual implica una burocracia complicada, que terminan pagando los animales.

Otra línea de actuación, en la lucha contra el tráfico de especies, pasa por "hacer un seguimiento por las rutas de casos detectados y eso requiere una colaboración de todos los sectores, no solo ong o autoridades, sino empresas de transportes, redes sociales, tecnología, gobiernos, comunidades y el sector privado.

Aquí cobra sentido "el apoyo transfronterizo, ya que el comercio de especies cruza fronteras" y en necesario reforzar la coordinación.

Sin embargo, al igual que Díaz, De la Torre ha lamentado la falta de recursos e instalaciones por parte de muchos países a la hora de enfrentar estas situaciones.