LA ZURDA

Los socialistas y los fraudes ante la abolición de los Consumos

El término de “consumos” alude al conjunto de impuestos indirectos que gravaban el consumo de la población. La denominación aludía a varias figuras impositivas, generando cierta confusión hasta la reforma hacendística de Mon-Santillán de 1845, cuando por vez primera se ordenó y estructuró el sistema fiscal español en el Estado liberal.

En ese momento se creó la Contribución General de Consumos. Era un impuesto general, ordinario e indirecto que gravaba una veintena de productos básicos, de “comer, beber y arder”. A cada población se le asignaba una cantidad anual que debía remitir a la hacienda pública. La cantidad se calculaba atendiendo al número de habitantes de cada localidad, entre otros criterios. Los Ayuntamientos estaban autorizados a imponer recargos sobre los productos gravados de hasta un 100%. De esta manera, esta contribución se convirtió en la principal fuente de ingresos, tanto de la Hacienda nacional, como de las Haciendas locales.

Los consumos generaron muchos problemas por las dificultades para su recaudación, coexistiendo varios procedimientos para hacerlo. Pero la polémica principal tenía que ver con el hecho de que gravaba productos de primera necesidad, afectando a las clases populares. Muchas de las revueltas, protestas y motines decimonónicos tuvieron que ver con el deseo de la población de rebajar o suprimir los consumos, o esta demanda acompañaba a otras de diverso signo, como las que tenían que ver con el sistema de reclutamiento, y la elevación de los precios por la falta de pan, dadas las periódicas crisis de subsistencia que aún en el siglo XIX se daban en España. Los consumos encarecían el precio final de los productos, pero además su recaudación generaba una clara desigualdad, ya que los grandes propietarios y comerciantes pudieron zafarse de los consumos gracias al fraude. Por otro lado, se protestaba también porque los intermediarios basaban sus negocios en el recargo y encarecimiento de los productos básicos.

Tanto en 1854 y 1868, coincidiendo con el triunfo progresista de la Vicalvarada y de la Revolución Gloriosa, respectivamente, los consumos fueron abolidos para atender la demanda popular, pero siempre fueron restaurados por la imposibilidad de reunir recursos por otros medios para sostener las haciendas nacional y locales, ya que nunca se emprendió una profunda reforma fiscal que estableciera impuestos directos que gravasen las rentas personales de forma proporcional o progresiva. Tenemos que tener en cuenta que, aunque la mayoría de los políticos liberales progresistas estuvieron siempre en contra de los consumos no era por cuestiones de igualdad o justicia social sino porque eran un impedimento para la libre circulación de los productos, desde una defensa de políticas librecambistas.

Pero la protesta social siempre fue constante contra los consumos, y los socialistas se empeñaron en su denuncia. En 1904 se abolieron los que gravaban el trigo y sus derivados. En 1911 fueron suprimidos definitivamente, aunque fueron, en muchos casos, sustituidos por otros impuestos indirectos, que no significaron una mejora fiscal para las clases humildes.

Pero, al igual que los socialistas habían luchado contra los consumos, también denunciaron los fraudes que se ocasionaron después de la abolición de los mismos, y ante la casi nula repercusión positiva sobre los trabajadores tras la abolición de esta fiscalidad.

En este sentido, es interesante lo que se publicó en El Socialista en julio de 1911 (número 1322), y que refleja los mecanismos empleados para seguir sacando provecho frente al consumidor.

El periódico socialista aludía que hacia medio mes que ya no había impuesto de consumos, pero los consumidores madrileños no se habían visto beneficiados de esta abolición. Al parecer, los carteles fijados por los tenderos con la rebaja que correspondía a cada artículo de venta por la desgravación era una burla porque seguían cobrando los mismos precios o hasta más elevados.

La persecución que ejercían las autoridades sobre los contraventores de la ley no tendría eficacia alguna, siempre según los socialistas, por dos razones. En primer lugar, las visitas de inspección duraban cuatro días, y, en segundo lugar, porque las penas impuestas eran ridículas, suponiendo que se pusiesen en práctica.

Por eso, se pedía que las colectividades obreras, ya que sufrían esta situación más las clases populares, debían preocuparse de este asunto, y debían organizar actos de protesta contra la codicia de los vendedores, sin prejuicio de adoptar actitudes más enérgicas si este estado de cosas se prolongaba y tratara de perpetuarse.

En este sentido la Casa del Pueblo de Madrid se puso en marcha, en un momento de gran movilización socialista contra la guerra. En el mes de agosto se celebró un mitin en el teatro Lux-Edén (El Socialista, nº 1326) para exteriorizar la protesta de los trabajadores madrileños por el encarecimiento de las subsistencias y de las viviendas. Uno de los oradores -Galán- aludió al triunfo obrero que había supuesto la abolición del impuesto de consumos, y auguraba que nunca regresaría porque los trabajadores se encargarían de impedirlo. También aludió a la labor de investigación que habían realizado los tenientes de alcalde de la capital, aunque era un trabajo incompleto por el abandono de las autoridades principales. Explicó que la insignificante rebaja realizada por los comerciantes se debía al consentimiento de las autoridades, pero también de los consumidores, en una especie de llamada a la conciencia.

Por su parte, Mora atacó a los comerciantes poco escrupulosos y a los contratistas de pescado que, a pesar de la supresión del impuesto de Consumos, no habían rebajado los precios al consumidor. También exhortó a los concurrentes para que los trabajadores se surtiesen en las Cooperativas, como la Socialista, que ofrecían precios arreglados para el consumidor.

Por fin, Antonio Quejido expresó que la campaña de vigilancia de los tenientes de alcalde era incompleta, que las inspecciones eran sospechosas, y que la nueva forma de tributación terminaba gravando, de nuevo, a los obreros. La mejor manera de sustituir la fiscalidad de los consumos habría sido gravar la propiedad, que era la que debía pagar lo que se había dejado de recaudar con la supresión del impuesto de consumos, en una clara defensa de una política netamente socialista.

El día 7 de septiembre se celebró otro mitin organizado de nuevo por la Casa del Pueblo (El Socialista, nº 1331) sobre la misma cuestión del abaratamiento de las subsistencias que abarcaba más cuestiones que las derivadas exclusivamente del impuesto de consumos, como puso de manifiesto el discurso de Pablo Iglesias, pero también salió, como no podía ser de otra manera en las intervenciones de los oradores, la cuestión de la fiscalidad. En ese sentido, Mariano Galán expresó que a pesar de haber sido suprimidos los consumos, no se habían visto beneficiados los trabajadores.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.