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La Ley del derecho al voto de 1965


El secretario de Estado Dean Rusk, el presidente Lyndon B. Johnson y el secretario de Defensa Robert McNamara en una reunión en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca. / Dominio público El secretario de Estado Dean Rusk, el presidente Lyndon B. Johnson y el secretario de Defensa Robert McNamara en una reunión en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca. / Dominio público

La Administración demócrata de Lyndon B. Johnson sacó adelante en 1965 una destacada reforma, conocida como la Ley del derecho al voto (Voting Rights Act, VRA), para garantizar dicho derecho a la población afroamericana.

Las enmiendas que terminaron con la esclavitud en Estados Unidos y permitieron que la población afroamericana alcanzara la ciudadanía no abrieron la puerta a la plena igualdad, especialmente en el Sur, cuando dichos estados de mayoría demócrata legislaron profusamente para consagrar una intensa segregación, a través de la conocida como legislación Jim Crow. Además, de esta segregación legal no hay que olvidar la intensa violencia institucionalizada o empleada por organizaciones semiclandestinas de sobra conocidas contra la población de color, y especialmente contra los que luchaban contra la discriminación.

Había estados que ponían muchos impedimentos para que se pudiera votar, exigiendo pagos de impuestos o que se supiera leer y escribir. Estas trabas, en teoría, eran aplicadas a toda la población del estado que las establecía, por lo que se consideraron constitucionales, ya que no especificaban discriminaciones de tipo racial. Pero, realmente, se habían hecho contra la población de color, ya que, esos mismos estados arbitraron excepciones que posibilitaban a blancos analfabetos poder votar, como las denominadas “cláusulas del abuelo”, porque sus abuelos ya disfrutaban de ese derecho. Lógicamente, ningún afroamericano podía aducir esa cláusula, todos los abuelos habían sido esclavos, y los que no lo habían sido no habían podido votar en el pasado.

En todo caso, los litigios sobre estas leyes continuaron entre el último tercio del siglo XIX y todo el siglo XX hasta la década de los sesenta. A medida que la presión de los defensores de los derechos civiles crecía y se iban también declarando inconstitucionales las leyes, los estados sureños fueron cambiando las mismas para seguir impidiendo el derecho al voto de la población de color, en una suerte de ir superando los escollos para seguir discriminando.

Pues bien, como no se conseguía avanzar dentro de los estados que segregaban, el movimiento de los derechos civiles decidió acudir al gobierno federal después de las elecciones presidenciales de 1964 que confirmaron en el cargo de presidente a Johnson (recordemos que desde noviembre del año pasado era presidente por el asesinato de Kennedy). Y consiguieron que el presidente se pusiera en marcha.

La Ley de 6 de agosto de 1965 daba poder al Congreso de los Estados Unidos para supervisar la legislación electoral de los estados, es decir, de nuevo estaba la complicada relación entre el poder federal y el de los estados, aunque el contexto era harto distinto al de mediados del siglo XIX. La Ley ha sido reformada y confirmada posteriormente en varias ocasiones.

En El Obrero hemos publicado, “El fin de la esclavitud y el comienzo de la segregación en los Estados Unidos” (junio de 2020).

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.