LA ZURDA

Los derechos sociales en la Constitución de 1931

“CAPITULO II

Familia, economía y cultura.   

Artículo 43. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado.  El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.   

Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.  

Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él.   

Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.   

No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en filiación alguna.   

El Estado prestara asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la "Declaración de Ginebra" o tabla de los derechos del niño.      

Artículo 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes.    

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.   

Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.   

Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.    

El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional.   En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.      

Artículo 45. Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.    

El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.      

Artículo 46. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes.    

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna.  Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas: las condiciones del obrero español en el extranjero; las instituciones de cooperación, la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.     

Artículo 47. La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación. La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores.”

El Estado liberal nació sobre la base del reconocimiento y garantía de los derechos individuales, en los procesos revolucionarios liberal-burgueses que se produjeron desde el último tercio del siglo XVIII y culminaron en 1848, aunque hubiera que esperar unos decenios para que, además de ser liberal, fuera también un Estado democrático, al reconocerse el sufragio universal masculino. En el período de entreguerras comenzaron a surgir, desde distintos ámbitos políticos e ideológicos, planteamientos que insistían en la necesidad de que el Estado debía emprender políticas de intervención en materia socioeconómica, aunque la intervención económica ya había sido practicada, con otros fines, en la Primera Guerra Mundial. El keynesianismo, el socialismo democrático y la doctrina social de la Iglesia Católica estaban cuestionando la interesada neutralidad del Estado liberal, incapaz de hacer frente a la crisis económica y sus brutales consecuencias sociales. En el mundo democrático fueron muy importantes dos constituciones europeas pioneras en la idea de la responsabilidad del Estado en la creación de sociedades más justas y cohesionadas: la Constitución alemana de Weimar y la de la Segunda República española de 1931. En los ámbitos del totalitarismo, la URSS había conseguido, a través de la planificación económica, ofrecer un mínimo de bienestar a sus habitantes, al margen de las purgas y depuraciones. Por su parte, el nazismo y el fascismo abogaban por la intervención del Estado, sin atacar a la propiedad privada, pero como un medio para desplazar la fuerza de la izquierda, y plantearon leyes de contenido social, aunque sus regímenes se sustentasen en la desigualdad de todo tipo, el terror y la represión brutal de los contrincantes políticos o de las minorías.

La OIT define la Seguridad Social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia y de ayuda a las familias con hijos.”

Entre finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial se dio la primera etapa de la historia de la Seguridad Social, aunque en algunos países occidentales el límite temporal final se dilató unos decenios más. Esta fase se caracterizaría por el reconocimiento y garantía, por parte de los Estados, de una serie de derechos sociales dedicados a afrontar los riesgos de carácter biológico, como serían los de la edad, enfermedad y muerte, así como los provocados por el ejercicio laboral, es decir, la invalidez, los accidentes laborales y el paro. Todas estas contingencias amenazarían al trabajador con la pérdida de su trabajo y, por lo tanto, de su salario. Los seguros sociales serían independientes, ya que, cada uno atendería un riesgo específico, con formas autónomas de administración de las prestaciones correspondientes.

En el reinado de Alfonso XIII comenzaron a establecerse medidas e instituciones encaminadas a la atención social, y que tuvieron larga vida, pero el primer sistema político español que consideró que había que reconocer y garantizar derechos sociales fue la Segunda República. Efectivamente, la Constitución de 1931 reconoció un amplio abanico de derechos sociales. En el artículo 43, dentro del capítulo de “Familia, economía y cultura”, se establecía que el Estado “prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño”. El artículo 46 decía: “La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección de la maternidad…” Estos dos artículos son claves, por tanto, en la historia del constitucionalismo español.

La primera medida tomada en el área de los seguros sociales por parte del Gobierno provisional fue el establecimiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo. El 12 de junio de 1931 se aprobó la Ley de Accidentes de Trabajo y se aplicó, también al sector agrícola. El reglamento entraría en vigor en agosto de ese año. El 4 de julio de 1932 apareció la Ley de Indemnización por Accidentes de Trabajo en la Industria, con reglamento de enero del año siguiente. Para completar esta legislación sobre los riesgos en el trabajo se creó la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo.

El paro fue una creciente preocupación para los gobiernos de la República, debido a la aguda crisis económica internacional de 1929. Pero conviene señalar que, anteriormente, había comenzado a tratarse esta cuestión en tiempos de Alfonso XIII con una serie de proyectos y anteproyectos que no terminaron por cuajar en un seguro de desempleo. La historia comienza con un Decreto de 5 de marzo de 1910, un segundo de 18 de marzo de 1919, siguiendo con el Anteproyecto de Ley del Seguro de Paro Forzoso de 1921, el Anteproyecto de Bases contra el Paro forzoso y la Orden de 25 de abril de 1928. Ya establecida la República se aprobó un Decreto que creaba el servicio para el fomento y régimen de la Previsión contra el Paro involuntario del trabajo. Pero la disposición más importante fue la Ley contra el Paro de 7 de julio de 1934, seguida por un proyecto de ley contra el paro involuntario que apareció en la Gaceta de Madrid en mayo de 1935 y que se revisó en 1936.   


Eduardo Montagut

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.