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El Frente Popular

“Los partidos republicanos de Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno, que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y, además, la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas u obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar, en tales condiciones, el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes. Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coaligados se comprometen:

I

A conceder por una ley una amplia amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán, con arreglo a la ley, las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideales o actuaciones políticas.


II

Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordada sin garantía de expediente o por medio de persecución política, serán repuestos en sus destinos.

El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de huelgas políticas en todas las corporaciones públicas, en las empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en que el Estado tenga vínculo directo.

Por lo que se refiere a las empresas de carácter privado, el Ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un momento político social y que serán sometidos a los Jurados Mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933 a quienes hubieren sido indebidamente eliminados.


III

Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por las fuerzas revolucionarias o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas.

En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los partidos coaligados:

  1. Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. La Ley orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reformas, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.
  2. Se procederá a dictar las leyes orgánicas prometidas por la Constitución, que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.
  3. Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden Público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder, adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.
  4. Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales Contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos o incomunicaciones no decretadas judicialmente.
  5. Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada Instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se organizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.
  6. Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro público.

IV

Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, solicitado por los delegados del partido socialista. En cambio, consideran conveniente una serie de medidas que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituye la base más firme de reconstrucción económica nacional.

Para la reforma de la propiedad de la tierra, dictarán nueva Ley de Arrendamientos. Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas. Llevarán a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos. Dictarán normas para el rescate de bienes comunales. Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas de la nobleza.

Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa, según criterio estricto de coordinada subordinación al interés general de la economía.

En consecuencia, procederá un sistema de leyes que fije las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el Estado dispense en interés de la producción nacional, promoviendo el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpece su desenvolvimiento.

V


Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios.

  1. Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego o implantación de regadío y transformación de terreno.
  2. Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos. Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional, han de cumplir, no sólo su finalidad propia, sino también e] cometido esencial de absorber e] paro.

VI

La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, desconocer que fuerzas tan sutiles como las del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción, ni estimular de fuera el campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador.

No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; reconocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar, señalamos las siguientes medidas:

Dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.

Someter la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan su liquidez. Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro para que cumplan su papel en la creación de capitales. Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, evitando el empleo abusivo del crédito público en finalidades de consumo.

VII

La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clases, sino un régimen de libertad democrática impulsado por motivos de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa decidida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del partido socialista. Convienen en:

  1. Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios.
  2. Reorganizar la jurisdicción de trabajo en condiciones de independencia.
  3. Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos.”

(Programa del Frente Popular, enero de 1936)

El Frente Popular fue un pacto de los partidos de izquierda republicana y obrera en España para concurrir juntos a las elecciones de febrero de 1936 sobre un programa común de gobierno. El inicio de este pacto debe buscarse en el año 1934, especialmente, cuando comenzaron a confluir las formaciones republicanas con el sector centrista del PSOE. Pero su gestación no comenzaría, realmente, hasta después de los hechos acontecidos en octubre de 1934 con la huelga general y la Revolución. La represión ejercida con miles de muertos, unos treinta mil presos y numerosas penas de muerte conmutadas, junto con la represión de tipo social (despidos, endurecimiento de las relaciones laborales y paso a la clandestinidad de algunos sectores obreros) ejercieron como revulsivo para que las izquierdas españolas entendiesen la necesidad de pactar. La unidad se convirtió en un factor clave si se quería arrebatar el poder a las derechas.

Pero el camino hacia la unidad no fue fácil porque los partidos y sindicatos tenían diversas concepciones sobre la misma, aunque tuvieran en común la necesidad de la alianza electoral para obtener la victoria. Los partidos republicanos –Izquierda Republicana (Azaña), la Unión Republicana (Martínez Barrio), el Partido Nacional Republicano (Sánchez Román)- defendían la idea del entendimiento con los socialistas, pero no veían conveniente ampliar el pacto hacia las organizaciones obreras a la izquierda del PSOE. La alianza era concebida como una forma de volver a la situación anterior al triunfo electoral del centro-derecha de 1933, es decir, al espíritu y la situación del bienio reformista.

En el PSOE se vivía un intenso debate entre dos posturas. El sector centrista, con Indalecio Prieto a la cabeza, estimaba la necesidad del pacto con los republicanos, en el mismo sentido y objetivo que el defendido por éstos, aunque incidiendo en la necesidad de proclamar una amnistía y profundizar en la reforma agraria. El sector más a la izquierda del socialismo español, representado por Largo Caballero y con el apoyo de la UGT, pretendía, en cambio, un frente obrero. Pero, a medida, que avanzó el año 1935, este sector terminó por comprender que el pacto con los republicanos era necesario si se quería obtener la ansiada amnistía, pero, en principio, estos socialistas no estaban dispuestos a ir más allá de una alianza electoral sin establecer un programa de gobierno conjunto.

El PCE propugnaba un frente obrero orgánico, la Alianza Obrera, con un programa de reformas radicales, en alianza con los republicanos.

La gestación del Frente Popular se dilató más de un año, desde diciembre de 1934 hasta el 15 de enero de 1936, fecha del pacto. En el invierno de 1934-35 los republicanos entablaron conversaciones entre sí, y el 12 de abril anunciaron su unión electoral con un programa de gobierno. Antes, en enero, Azaña contactó con Prieto para insistir en la necesidad de establecer una conjunción republicano-socialista. En el PSOE se decidió escuchar a las bases sobre esta capital cuestión y se pasó una encuesta a las agrupaciones socialistas. Prieto se significó para conseguir la alianza, publicando un artículo el 14 de abril. El Partido Comunista expuso públicamente su estrategia de la Alianza Obrera, en junio.

En Cataluña, el proceso de unión tuvo su primera etapa, en julio de 1935, cuando se firmó la Coalició d’Esquerres Catalanas, formada por la Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicà, Partit Nacionalista Republicano Català y Unió Socialista.

Al margen de los partidos políticos se vivió una intensa actividad en pro de una alianza de toda la izquierda: comités a favor de la amnistía, de ayuda las víctimas de la represión, mítines, fiestas unitarias, etc. El anarquismo optó por moderar sus ataques a los republicanos y socialistas, y cuando llegó el momento, a pesar de su tradicional defensa de la abstención, no hizo campaña contraria al Frente Popular y, de forma privada, apoyó a las candidaturas de izquierda.

El 14 de noviembre de 1935, Azaña propuso oficialmente a Prieto una conjunción. Dos días después, el PSOE le respondió afirmativamente con la condición de que el pacto incluyese a la izquierda obrera. El partido envió un programa a las organizaciones obreras como un documento-base para la negociación de la alianza. Comenzaron las reuniones entre republicanos y socialistas. Estos representaban en estas reuniones no sólo al partido sino, también a las organizaciones obreras, por lo que tenían que reunirse, además con sus representantes. Estaríamos en una especie de negociación a tres bandas. No fueron fáciles las negociaciones dada la heterogeneidad de la izquierda. El PNR se retiró el 14 de enero por su resistencia a aceptar la presencia comunista. Al final, al día siguiente, se firmó el pacto y el programa entre Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, PCE, Partido Sindicalista y el POUM.

El programa era republicano, con el añadido de la amnistía y rehabilitación política de los presos políticos, restituyéndoles en sus cargos y responsabilidades, condiciones ineludibles para el PSOE y la izquierda obrera.

El 4 de febrero se constituía el Front d’Esquerres en Cataluña, con los grupos anteriores de la Coalició más el Partit Comunista de Catalunya, Partit Català Proletari, POUM y la Unió de Rabassaires.

La siguiente tarea del Frente Popular fue la de la elaboración de las listas de candidatos. Se encargó de dicha tarea un comité.

Sobre el Frente Popular podemos consultar el libro de Javier Casanova, República y Guerra Civil, el volumen octavo de la Historia de España, dirigida por J. Fontana y R. Villares, (2007). También, más breve, el trabajo de Julio Gil Pecharromán, La Segunda República. Esperanzas y frustraciones, Madrid, (1997).

Eduardo Montagut

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.