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EL PERIÓDICO
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El Gobierno del olvido


Franco y Eisenhower en Madrid en 1959 / Wikipedia Franco y Eisenhower en Madrid en 1959 / Wikipedia

Optarás por el exilio para poder decir la verdad

Friedrich Nietzsche

Albert Camus, en el homenaje que, en 1956, organizó en París el Gobierno en el exilio de la Segunda República Española, a Salvador de Madariaga, eligió la frase del filósofo alemán que encabeza este artículo para remarcar que para vivir en el exilio y militar, así, en tan duro partido, es necesario amar incondicionalmente la verdad y la libertad. Hace tan solo unos días, en este mismo medio, el profesor Antonio Chazarra glosó un acto que supuso no solo un canto a la coherencia individual de una persona sino, también, el reconocimiento total y absoluto de la coherencia de todos aquellos que se enfrentaron a la dictadura franquista y, por supuesto, el valor de los gobiernos en el exilio. Camus pronunció un discurso, titulado EL PARTIDO DE LA LIBERTAD. “Gracias a usted, y a pocos más, los francotiradores perpetuos como nosotros tenemos un partido. ¿Qué partido? Pues el partido de las personas a las que los implacables y totalitarios insultan al tiempo que solicitan su adhesión para salvar la vida de sus militantes”.

La derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial alimentó las esperanzas de los republicanos españoles exiliados de que, en más o menos tiempo, la República y sus más destacados representantes pudieran volver a España con la ayuda de los aliados. Confiados en ese principio, y a pesar de que habían pasado seis años desde el final de la contienda, en agosto de 1945, constituyeron, en Méjico D.F., las instituciones de la República Española en el exilio. La dura realidad, como veremos más adelante, fue muy distinta. El regreso fue imposible.

La dictadura actuó contra esas instituciones de dos maneras. De cara al público, ignorándola. Impidiendo por todos los medios la publicación en España de cualquier noticia o iniciativa que los sucesivos gobiernos en el exilio pudieran generar. Para la opinión pública española, y según el férreo control propagandístico del franquismo, la oposición republicana simplemente no existía. Otra cosa muy diferente fue la actuación interna escondida y siempre manipulada. Persecución de los disidentes, encarcelamientos, asesinatos. Su idea era terminar de raíz con cualquier germen de oposición que pudiera brotar. Solo un dato. A finales de los años 30 y durante 1940, Méjico ofreció asilo y hospitalidad a más de veinte mil republicanos españoles que tuvieron que abandonar su país a causa de la cruel represión franquista. En Francia, en 1976, permanecían todavía más de cuarenta mil refugiados.

Así, y aunque solo sea un acto de mera justicia y, sobre todo, para que la memoria permanezca viva, bien vale la pena recordar algunos de los avatares, que no fueron pocos, que vivieron las instituciones republicanas en ese largo e interminable exilio. Y es que, al fin y al cabo, estamos ante unos hechos únicos en la historia contemporánea. Nada que ver con las emigraciones alemanas o italianas de los años veinte y treinta. Ningún parangón con la huida de ciudadanos rusos ante la revolución soviética. España trasladó al exilio todas sus instituciones: Presidencia de la República, Gobierno, Cortes, partidos políticos, organizaciones sindicales, representación de las autonomías y diversas asociaciones de diferente índole. Todas ellas se mantuvieron, contra viento y marea y siempre con escasas ayudas y menos recursos, durante más de cuarenta años. Constituían la España libre. Y su sufrimiento, no fue en vano. No se produjo, en efecto, el regreso. Pero la capacidad de movilización del exilio, su presencia en organismos internacionales, su constante trabajo en las cancillerías de prácticamente todo el mundo provocaron un hecho innegable: la reclusión de un dictador que no se atrevió nunca salir de la península ibérica consciente del rechazo que su presencia provocaría en latitudes democráticas. Como decían los entonces jóvenes revolucionarios, a imposible regreso, imposible salida.

La primera institución republicana en el exilio fue creada en Méjico en 1943. La Junta Española de la Liberación, una alianza de varios partidos, tuvo como presidente a Diego Martínez Barrio. Fue el primero de una larga lista de conocidos nombres de diferentes tendencias que, a lo largo de los años, se mantuvieron unidos por su oposición a la dictadura franquista. Todos aportando sus iniciativas y, en ocasiones, enfrentados entre sí a causa de las diferentes maneras de ejercer esa oposición. Los había más radicales. Otros optaban por establecer singulares acuerdos que permitiesen ganar terreno. Tarradellas, Carrillo, Dolores Ibárruri, Victoria Kent, Sánchez Albornoz, Maldonado, Madariaga, Llopis, Valera, Álvaro de Albornoz, Jiménez de Asúa, Negrín, Giral, Gordón Ordás, Aguirre, Álvarez del Vayo y, desde luego, Indalecio Prieto, cuya influencia fue el origen de muchas de las decisiones que se tomaron durante aquellos años. Él fue quien, en 1945, en la CONFERENCIA DE SAN FRANCISCO, y a pesar de que los Estados Unidos comenzaron a ejercer su influencia para que, posteriormente, se produjera un vergonzante lavado de cara de la dictadura franquista, estableció, en cuatro puntos, la manera en que se podría producir el restablecimiento de la República: Repudio del régimen de Franco. Ruptura de las relaciones diplomáticas. Formación de un gobierno provisional y el reconocimiento de este gobierno por parte de las Naciones Unidas. No se lograron todos los objetivos. Pero sí se aprobó una enmienda afirmando que “sería irónico que la derrota de Hitler y Mussolini sirviera para reafirmar la posición de Franco en el mundo de la posguerra”. Y todo ello, porque norteamericanos y británicos, por boca del mismísimo Winston Churchill, agradecieron la no beligerancia de la dictadura española. “Con ella –afirmó—prestó un gran servicio al Reino Unido y a la causa de las Naciones Unidas”. La neutralidad de la Península Ibérica, avalada por las dos dictaduras, se consideró como un poderoso factor de paz. Esta razón de estado no impidió, sin embargo, que Roosevelt, Churchill y Stalin condenaran al régimen español con una nota tripartita en la que, literalmente, se afirmaba que los gobiernos que representaban animaban a los dirigentes españoles patriotas y liberales a “provocar la retirada pacífica de Franco, la abolición de la Falange y el establecimiento de un gobierno provisional bajo cuya autoridad se permitiera al pueblo español a elegir libremente a sus representantes”.

A pesar de las buenas palabras y las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cierto es que nunca se tomaron medidas prácticas y concretas para combatir al franquismo y rehabilitar a la República en el exilio. El paso de los años y la serie de diferentes gobiernos que se sucedieron vieron como poco a poco los organismos internacionales, dominados por Estados Unidos, modificaron sus posiciones hasta llegar, en 1955, y tras unos más que discutibles acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a la aprobación del ingreso de España en la ONU con las dos únicas abstenciones de Méjico y Bélgica. Para nada sirvieron las protestas y las peticiones de veto de los partidos republicanos. España no era nada más que un peón en la guerra fría. La estabilidad de la península ibérica con sus dos dictaduras suponía una garantía geoestratégica para las potencias occidentales. Pese a todo, el franquismo nunca logró sus dos más preciadas reivindicaciones internacionales: el ingreso en la Otan y la incorporación a la Unión Europea.

Antes de ese interesado reconocimiento internacional de la dictadura franquista, en 1952, se produjo la entrada de España en la UNESCO a pesar de las muchas protestas que ese reconocimiento provocó en ambientes culturales y científicos. En 1953, fue el Vaticano con la firma de un concordato con el que el Papa Pío XII perdonó sus pecados al dictador y lo convirtió en persona grata para los católicos del mundo. Poco después, y como remate de la gran ignominia, el gobierno americano suscribió con el español de Pacto de las Bases.

A grandes rasgos, esta es parte la historia de unos gobiernos que, con sus aciertos y errores, con sus coincidencias y desavenencias, intentaron hacer, en un escenario internacional muy desfavorable y un panorama español imposible, un país mejor con la recuperación de unas instituciones que, un violento golpe de estado y una cruenta guerra civil, les había arrebatado.

Todos ellos, merecen el reconocimiento que durante tantos años el país les ha negado. Desde Juan Negrín hasta Indalecio Prieto que no dudaron en mantener sus antagónicas posiciones de cara a un futuro mejor que ellos no llegarían nunca a ver. El primero, partidario de una inmediata restauración de la República. El segundo, firme defensor de un plebiscito. Hubo un sinfín de negociaciones. Incluso un acuerdo entre socialistas y monárquicos, el denominado Pacto de San Juan de Luz, firmado en esa ciudad el 30 de agosto de 1948. Pero la propuesta de decidir a través del voto secreto y universal el establecimiento de un régimen político definitivo, no fue aceptada por Don Juan (Juan III para sus seguidores) quien, en una entrevista, afirmó que encarnaba una institución que tenía sus raíces en la historia. “En consecuencia –dijo—el principio de legitimidad que esa institución significa no puede depender de la voluntad de una mayoría transitoria”. En realidad, Don Juan siempre defendió que el rey no podía negociar con partidos políticos. El acuerdo, el Pacto de San Juan de Luz, no fue, pues, refrendado. Su firma habría supuesto un retroceso en las relaciones de la monarquía con la dictadura cuando ya se había decidido confiar al dictador la preparación del entonces príncipe Juan Carlos.

En la memoria quedan los nombres de los presidentes de aquellos gobiernos. Juan Negrín, José Giral, Rodolfo Llopis, Álvaro de Albornoz, Félix Gordón Ordás, Emilio Herrera Linares, Claudio Sánchez Albornoz y Fernando Valera Aparicio. Este último, el 21 de junio de 1977, y basándose en la numerosa participación en las primeras elecciones democráticas españolas después de la muerte de Franco, anunció el fin de las instituciones en el exilio. “Las instituciones de la República en el exilio ponen así término a la misión histórica que se habían impuesto. Y quienes las han mantenido hasta hoy, se sienten satisfechos porque tienen la convicción de haber cumplido con su deber”.