Los trazos constitucionales de Jiménez de Asúa

El Presidente de esta Comisión jurídica fue el abogado democristiano Ángel Ossorio y Gallardo, ministro de Fomento con Antonio Maura y embajador de la República en Francia, Bélgica y Argentina. Aunque conservador y católico se opuso al régimen franquista, llegando a formar parte del gobierno en el exilio de la República.

Posada, discípulo de Francisco Giner de los Ríos del que siempre tuvo muy en cuenta su curso de Principios de Derecho Político, imprimió carácter con sus conocimientos como Catedrático de Derecho Político y su visión esencialmente krausista.

De tendencia progresista como Posada fue Juan Lladó Sánchez-Bla, Letrado del Consejo de Estado, que al terminar la guerra fue condenado por colaborar con el régimen republicano. Después de ser indultado debe destacarse que creó la Sociedad de Estudios y Publicaciones y la Fundación Banco Urquijo, apoyando con estas instituciones a intelectuales represaliados por motivos políticos, especialmente catedráticos y científicos.

García Valdecasas, fue doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y discípulo de José Ortega y Gasset. En 1931 se adhirió a la Agrupación al Servicio de la República, fue elegido diputado en las Cortes Constituyentes y nombrado secretario de la comisión parlamentaria que redactó el proyecto de Constitución de 1931. Sin embargo, en marzo de 1933 participó en el acto fundacional de Falange Española celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid, siendo procurador en las Cortes franquistas hasta 1971.

Por su parte, Antonio de Luna García, Catedrático de Derecho internacional público en la Universidad Central de Madrid, fue secretario de la Comisión Jurídica Asesora de la República. Fundó el Instituto “Francisco de Vitoria” de Derecho Internacional, integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Esta dispar composición ideológica dio lugar a un texto de orientación ecléctica, con “un perfil no muy extremoso en radicalismos”, según Nicolás Pérez Serrano, discípulo de Posada. Un texto que, por otra parte, tuvo una orientación menos laica que la del posterior texto de la Comisión constitucional debido esencialmente a las fuerte convicciones católicas de su Presidente Ossorio y Gallardo. Otra diferencia sustancial del borrador de la Comisión constitucional fue el Título III, sobre los derechos y deberes de los españoles. Resaltó Jiménez de Asúa que cualquiera que compare el anteproyecto redactado por la Comisión asesora jurídica y el que trae en su dictamen esta Comisión, “verá que se han respetado en mucho esos principios técnicos, pero que también se han llenado con la sangre viva política que ha sido transfundida de las venas democráticas”. Se refiere a que junto a los derechos individuales estén los derechos de las entidades colectivas como los sindicatos y la familia, y se reconozcan los derechos sociales y económicos.

Ossorio y Gallardo hizo entrega del borrador el 6 de julio de 1931 al Gobierno, manifestando que, al no ser nombrado presidente de la Comisión Constitucional, dimitía de la presidencia de la Comisión Jurídica Asesora. El 28 de julio de 1931 se formó con 21 miembros la Comisión parlamentaria que daría a luz el anteproyecto de Constitución de la II República, presidida por Luis Jiménez de Asúa, prestigioso jurista, Catedrático de Derecho Penal y de ideología socialista.

Que el principal artífice del borrador constitucional y de la propia Constitución fue Jiménez de Asúa se advera si observamos quienes integraban la misma por otros partidos y quienes fueron los demás miembros del PSOE que le acompañaron.

En este sentido, por ejemplo, se puede mencionar al Vicepresidente de esta Comisión constitucional, Emiliano Iglesias Ambrosio, Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y que con Lerroux fundó el Partido Radical, del que no consta una especial aportación al borrador constitucional, en línea con la calculada ambigüedad política de Lerroux.

En cuanto a los compañeros del PSOE que tuvo Jiménez Asúa, que fueron Trifón Gómez San José, Enrique de Francisco Jiménez y Luis Araquistain, ninguno de ellos era jurista. Su aportación aunque fuera principalmente ideológica se hizo de forma muy satisfactoria, dando lugar a que el PSOE fuera el grupo político mejor coordinado en la comisión. Brevemente recordemos su perfil político y profesional:

Trifón Gómez San José, Secretario General del Sindicato nacional ferroviario de UGT, fue elegido en 1931 concejal por Madrid y Diputado a Cortes. Cuando en 1944 se celebra el I Congreso de UGT en el exilio es elegido presidente, cargo que ocupará hasta su fallecimiento. Tras la dimisión de Indalecio Prieto, el Congreso Extraordinario del PSOE de 1951 le elige para presidir la Comisión Ejecutiva. En el exilio, con José Giral, fue Ministro de Emigración.

Enrique de Francisco Jiménez, fue elegido diputado por Guipúzcoa en las listas de la Conjunción Republicano-Socialista en las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931. Cercano a Largo Caballero, fue propuesto por la Agrupación Socialista Madrileña como candidato del PSOE en las listas del Frente Popular para las elecciones generales de febrero de 1936, resultando elegido.

Luis Araquistáin Quevedo fue periodista y amigo del escritor Tomás Meabe, que en diciembre de 1903 fundó las Juventudes Socialistas. En septiembre de 1936 fue nombrado embajador en Francia por el gobierno de Francisco Largo Caballero y se encargó de la compra de armas para abastecer al Ejército Popular Republicano durante la contienda hasta mayo de 1937.

Para calibrar la influencia de Jiménez de Asúa, un documento especialmente importante es su “Discurso presentando el Proyecto de Constitución, de 27 de agosto de 1931”, que, según afirma él mismo, viene a “reemplazar, con la imperfección que siempre tiene la palabra oral respecto de la palabra escrita, lo que hubiera sido el preámbulo”.

En primer término, da el más rendido homenaje a la Comisión Jurídica Asesora y resalta la heterogeneidad de la Comisión constitucional, en la que se hallan representados todos los grupos de la Cámara, y da como prueba de ello la “larga cola de votos particulares”. Explica que el título preliminar ha querido establecer principios, como es en el art. 1º la definición de España como una República democrática cuyos poderes emanan del pueblo, el art. 2º que consagra la igualdad o el 3º el laicismo estatal.

Recuerda que “la experiencia nos enseña que las Constituciones populares son siempre largas, y lo que aquí vamos a hacer es una Constitución popular”. En efecto, reivindica la palabra “pueblo”, el poder del pueblo, frente a la de “nación”, por lo que en el borrador constitucional consta así no sólo en el art. 1º, sino también en los artículos 49 y 95 que dan el poder legislativo y la administración de justicia al pueblo (el citado artículo 49 pasó a ser el 51; el 95 será el 94 pero dispondrá que “La justicia se administra en nombre del Estado”, no en nombre del pueblo). Defiende en esta línea la existencia de una sola Cámara pues cuando los pueblos realizaron grandes llamamientos populares, no hicieron más que una sola Cámara.

En la cuestión de la organización territorial observamos un intento de alejarse de los extremismos; por ello asevera que tanto el unitarismo como el federalismo, están en franca crisis teórica y práctica, así que la autonomía va haciendo que, en vez de tratarse de una Constitución federal, se trate de un Estado integral. Sigue, pues, la línea que marcó Hugo Preuss en la Constitución de Weymar de 1919. Subraya al respecto que “El socialismo tiende a grandes síntesis, el socialismo quisiera hacer del mundo entero un Estado de proporciones mayúsculas; la federación de Europa y aun del mundo sería su aspiración más legítima. Somos nosotros, los socialistas, no un partido político, sino una civilización y precisamente eso es lo que nos ha hecho pensar en el Estado integral y no en el Estado federal”.

Resulta especialmente revelador de su pensamiento este párrafo: “Es así, como hemos querido estabilizar el juego de estos Poderes; porque obsérvese que la separación del Poder ejecutivo y del legislativo, que arranca de la doctrina de Montesquieu, está hoy en franca crisis. Hoy el Poder reside en el pueblo, encarna en el Estado y se ejerce por sus órganos; no hay necesidad de hacer esa división, sino de afirmar más bien la seguridad y la permanencia de la labor de cada uno”. A su vez, sobre la Justicia, observa la necesidad de que las Cartas políticas contemporáneas plasmen un Poder judicial “fortísimo”.

Termina con unas palabras de epílogo, destacando que es “Una Constitución avanzada, no socialista…, pero es una Constitución de izquierda. Esta Constitución quiere ser así para que no nos digan que hemos defraudado las ansias del pueblo…Nuestro proyecto de Constitución es una obra conservadora, conservadora de la República”.