Cuando paseas por Versalles tienes la sensación que por sus pasillos, salones, jardines y bosques te vas a encontrar a los reyes de Francia, a Enrique IV cazando, a Luis XIII erigiendo el primer palacio, al rey sol, Luis XIV, organizando su Corte, a Luis XV ampliando los palacios y a Luis XVI con María Antonieta, ajenos ambos a su trágico destino.

Hace unos meses la mayoría conservadora del Ayuntamiento de Madrid imponía un acuerdo por el que se eliminarían del callejero a los dirigentes socialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero, y, además, se retiraría cualquier placa o estatua suyas de la vía pública. En ejecución de esta anomalía democrática, ya se ha retirado, a martillazos, la placa en recuerdo de Largo Caballero de la plaza de Chamberí, coincidiendo con el 151 aniversario de su nacimiento, cuya colocación fue aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento hace casi 40 años.

En mayo de 1931 se constituyó con 13 juristas una Comisión Jurídica para hacer un primer borrador de la Constitución de la II República, entre los que destacaron el Presidente Ángel Ossorio y Gallardo, Adolfo González-Posada y Biesca, Juan Lladó Sánchez-Bla, Alfonso García Valdecasas y Antonio de Luna García; los dos últimos con el tiempo se situaron contra la República.

Organizado por la Agrupación Ateneística Agustín Argüelles y las Secciones Ateneísticas de Filosofía y Salud, hemos celebrado el pasado 22 de enero, en el histórico y señorial Salón de Plenos del Ateneo de Madrid, un homenaje al político francés Jacques Delors, que con sus 96 años sigue siendo un referente clave de la construcción europea.

Amós de Escalante fue un destacado ateneísta que se merecía, sin duda, el homenaje que en el Ateneo de Madrid ha recibido este 21 de octubre organizado por el profesor Antonio Chazarra, presentado por el prestigioso periodista Luis de Benito y con las ponencias de Carmen Barahona, José Antonio García Regueiro y del propio profesor. A continuación, ofrecemos la ponencia de José Antonio García Regueiro:

Un edificio con solera, en la Calle del Prado 21, que nos recibe con las efigies de Cervantes, Velázquez y Alfonso X, alberga entre sus muros el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, la institución que algunos consideramos que ha sido, y sigue siendo, la más elevada síntesis de la historia del pensamiento español, y, en todo caso, un potente foco de irradiación política y cultural desde que se fundara en el trienio liberal progresista, en concreto el 14 de mayo de 1820.

Desde sus primeros pasos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha rechazado que un endurecimiento de las penas pueda dar mayor seguridad frente a la delincuencia y los conflictos sociales, pues cualquier medida punitiva, penal o administrativa, debe ser proporcionada y encaminada a la reeducación y reinserción social, objetivos que deben orientar toda la política penitenciaria y de seguridad del Estado (artículo 25.2 de la Constitución - C.E.-), como puede colegirse, por ejemplo, del Auto 486/1985, de 10 de julio, y de la Sentencia 2/1987, de 21 de enero, entre otros.

El derecho de reunión como derecho individual que se ejerce en grupo fue respaldado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (artículos 2, 5 y 7) y por la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (enmienda aprobada en 1815). No obstante, especificidades del derecho de reunión, como el derecho de concentración o el derecho de manifestación, tuvieron un reconocimiento posterior por ir unidos normalmente a los movimientos obreros.

El artículo 116  de la Constitución (C.E.) forma parte del Título V, denominado “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”, y delimita el derecho constitucional de excepción con tres estados de emergencia: estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio; todos ellos en cuanto que responden a situaciones de grave anormalidad deben ser regulados por una ley orgánica; se establecen los órganos competentes para su declaración y, en su caso, prórroga; el procedimiento de adopción de decisiones, su forma, su contenido necesario (ámbito territorial, duración y efectos) y su plazo de vigencia máxima.

Desde posiciones ultraconservadoras en su mayoría cercanas a concepciones católicas no muy simpatizantes con el Vaticano II, y apoyadas, en todo o en parte, por algunos partidos políticos de la derecha y extrema derecha, se ha lanzado un plan que tiene por objetivo neutralizar cualquier visión pedagógica o de enseñanza que no sea la suya.

El Estatuto catalán de 1979, conocido como “de Sau” por el enclave donde se perfiló, se mantuvo vigente hasta que se consideró que se daban las condiciones oportunas para proceder a una ampliación de competencias, que tuvo lugar por el Estatuto de 2006. La derecha española recurrió el nuevo Estatuto ante el Tribunal Constitucional dando lugar a la Sentencia 31/2010 (STC 31/2010), que declaró varios de sus artículos inconstitucionales, y a la par dio alas a los independentistas. En efecto, a partir de este momento se planteó una batalla con aristas tanto jurídicas como políticas, que procedemos a examinar brevemente.