Cuenta atrás para la campaña electoral en Cataluña con el 14F aún en el aire

La semana pasada, el Govern recabó el apoyo mayoritario de las fuerzas parlamentarias catalanas -sin el aval del PSC- para aplazar las elecciones del 14 de febrero al 30 de mayo, al ver "riesgo sanitario" si se celebran el mes que viene, cerca del pico de presión en las UCI.

Pero el decreto de aplazamiento electoral aprobado por el Govern fue recurrido ante el TSJC por diversas asociaciones, formaciones extraparlamentarias y un particular, que pidió medidas cautelarísimas que fueron aceptadas por el tribunal.

DECRETO EN CUARENTENA

Desde el pasado martes, el decreto de aplazamiento de los comicios se encuentra suspendido, a la espera de que el TSJC tome una decisión definitiva al respecto de los recursos presentados, por lo que de momento se mantiene provisionalmente la fecha del 14F.

El TSJC se ha comprometido a emitir su sentencia antes del 8 de febrero, pero eso implica que este viernes, 29 de enero, puede iniciarse la campaña electoral sin tener la seguridad de que los comicios se celebrarán efectivamente el 14F o se aplazarán.

En el hipotético caso de que el TSJC decidiese permitir el aplazamiento, se habrían gastado inútilmente 30 millones de euros, según cálculos del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

BATALLA DE ARGUMENTOS

Junto a sus alegaciones en defensa del decreto, el Govern ha adjuntado tres informes: uno que alerta del riesgo para la "salud" de los electores que quieran ir a votar el 14F, otro que cuestiona la "legitimidad" del resultado si hay una baja participación debido al contexto de pandemia y un tercero que sostiene que Aragonès sí tiene competencias para aplazar los comicios al 30 de mayo.

Este último punto genera numerosas dudas jurídicas, ya que las elecciones fueron convocadas automáticamente el 21 de diciembre, tras vencer el plazo legal para investir a un sustituto del inhabilitado president Quim Torra, y, según la ley de la presidencia de la Generalitat y del Govern, el vicepresidente asume el grueso de sus funciones, pero no la de poder convocar elecciones.

El Govern esgrime causa de fuerza mayor, por la situación de pandemia de coronavirus, para justificar un aplazamiento electoral que sí pudieron hacer en 2020 el País Vasco y Galicia, pero desde la oposición -incluso desde formaciones favorables al 30 de mayo, como Ciudadanos o En Comú Podem- tachan de "chapuza" el decreto.

INCÓGNITAS DEMOSCÓPICAS Mientras el TSJC delibera sobre los recursos presentados contra el decreto, desde el independentismo denuncian una "operación de Estado" en la que supuestamente los tribunales se alinearían con los socialistas para que las elecciones se celebren el 14F, con el deseo de que el 'efecto Illa' tenga el máximo impacto en los resultados.

El relevo de Miquel Iceta por Salvador Illa, anunciado por sorpresa el pasado 30 de diciembre, ya ha tenido repercusión directa en la última encuesta del CIS: el PSC lograría entre 30 y 35 diputados y se disputaría la victoria de las elecciones catalanas con ERC (31-33), con Aragonès como cabeza de lista.

La lista de JxCat que encabezan Carles Puigdemont y la candidata efectiva, Laura Borràs, se situaría en tercera posición (20-27), Cs caería de la primera a la cuarta plaza con Carlos Carrizosa (13-15), seguido de la candidatura de En Comú Podem con Jéssica Albiach (9-12), la CUP (8-11), Vox (6-10) y el PPC de Alejandro Fernández (7).

No obstante, sobre las elecciones no solo pesa la incógnita de la fecha sino también sobre la participación y las preferencias de los electores, en un contexto de máxima volatilidad de voto: según el CIS, un 50,7% del electorado no sabe o no contesta qué votará.

La campaña que comenzará el 29 de enero, casi íntegramente telemática, sin los habituales mítines en amplios auditorios y con una mínima presencia en la calle, será tan atípica como decisiva para decantar la opinión de los indecisos.