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El Ayuntamiento de Madrid ante los pisos desalquilados en 1936

En un anterior trabajo estudiamos la decisión del Gobierno de la República sobre la moratoria y rebaja de alquileres, que se tomó a primeros de agosto de 1936 por la situación de guerra. También vimos cómo funcionaba la resistencia pasiva de muchos propietarios para no alquilar los pisos. Pues bien, en esta nueva entrega queremos presentar la reacción del Consistorio madrileño ante esta situación para que no hubiera viviendas sin alquilar. Las decisiones las tomó la Comisión de Policía urbana, y entraron en vigor el primero de septiembre.

En primer lugar, se dictaminó el fin del plazo concedido a los propietarios para declarar qué cuartos tenían, sus condiciones y que se hallaba desalquilados. En caso de que no lo hubieran hecho se les sancionaría. Las autoridades municipales debían vigilar que en esos cuartos se habían colocado los carteles (“albaranes”) de alquiler y se habían dado facilidades al vecindario para el alquiler de los mismos.

Cuando se alquilase un piso el propietario debería declararlo en un impreso específico en la Tenencia de Alcaldía correspondiente y en la Sección Cuarta del Ayuntamiento. En el impreso se constatarían los datos del arrendatario y el alquiler mensual que debía satisfacer Todo cambio, especialmente que el piso se quedase desalquilado, debía ser comunicado inmediatamente a dichas autoridades municipales.

El Ayuntamiento recordaba el cumplimiento del decreto de Presidencia de Gobierno sobre la rebaja de los alquileres. Pero, además, se decidió que había que recurrir al mismo para solicitar un cambio en dicha disposición, con el fin de que la rebaja alcanzase a los alquileres de hasta 301 pesetas, y que a partir de dicha cantidad se adoptase una escala en proporción a la cuantía del alquiler, es decir, se quería aumentar el número de beneficiario de esta medida. En el caso de locales dedicados a industrias o comercios, si éstos no llevaban aneja la vivienda de sus dueños, la rebaja del 50% debería tener el tope de 750 pesetas, y de ahí en adelante en proporción a la cuantía del alquiler. Además, el Consistorio quería que el Gobierno decretase una “rebaja prudencial, pero efectiva” de las tarifas telefónicas.

Por fin, el Ayuntamiento quería estar presente en la Junta Provincial de Administración de fincas abandonadas, creada por un decreto de 20 de agosto.

Hemos consultado el número 8230 de El Socialista. El artículo citado al comienzo se titula, “La moratoria y la rebaja de los alquileres en el verano de 1936”, El Obrero (marzo de 2020).

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.