Los ministros de Empleo de la UE buscan un pacto sobre la ley de plataformas

La propuesta de compromiso que ha presentado la presidencia checa del club comunitario no cumple con las expectativas de España. Con el objetivo de evitar la proliferación de falsos autónomos y garantizar sus derechos laborales, la Comisión Europea (CE) presentó hace un año un proyecto de directiva que establecía cinco criterios para determinar si los empleados de plataformas digitales son efectivamente trabajadores por cuenta ajena.

Figuraban entre los criterios que la empresa establezca el nivel de la remuneración o que supervise la elaboración del trabajo mediante medios electrónicos.

Según la propuesta inicial de la CE, si se cumplían al menos dos de las cinco condiciones, se iba a considerar que el individuo es un empleado de plantilla y tiene derecho al salario mínimo, a la negociación colectiva o a las vacaciones pagadas.

El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, y la Eurocámara deben negociar y lograr un acuerdo sobre la norma para que pueda entrar en vigor.

Antes de que comiencen las negociaciones entre esas dos instituciones, cada una de ellas debe pactar la posición común que defenderá en dichas conversaciones.

Este jueves, los ministros de Empleo intentarán fijar su posición negociadora antes de iniciar el diálogo con el Parlamento Europeo.

La principal cuestión abierta es fijar la cantidad de criterios que se deben cumplir para considerar que el trabajador de la plataforma es un empleado por cuenta ajena, según fuentes comunitarias.

Fuentes diplomáticas señalan que, durante la negociación entre los países, el proyecto de directiva "se ha ido debilitando" frente a lo que planteó el Ejecutivo comunitario.

Añaden que en la actualidad el Gobierno español no puede aceptar la propuesta de compromiso que presenta la presidencia checa y que tampoco puede dar su visto bueno "otro conjunto de países".

Esos Estados y España, según las fuentes, podrían constituir una minoría de bloqueo. Los ministros de Trabajo de España, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia, Países Bajos, Portugal o Malta enviaron en octubre una carta a la presidencia checa de la UE para reclamar una directiva de plataformas "más ambiciosa con los derechos de las personas trabajadoras".