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Aragonès se querellará contra el juez del Supremo si autorizó espiar su móvil


(Tiempo de lectura: 2 - 4 minutos)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, podría querellarse por un delito de prevaricación contra el magistrado del Tribunal Supremo responsable del control judicial del CNI si se constata que autorizó el espionaje a su teléfono móvil mediante el software Pegasus.

Así lo anuncia Aragonès en la querella que ha presentado esta mañana ante los juzgados de Barcelona contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y contra la empresa israelí NSO, que confecciona y comercializa Pegasus, un programa que en principio solo se vende a Estados y a fuerzas de seguridad.

En la sesión de control en el pleno del Parlament, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicado que la presentación de su querella es para "garantizar" que no se espíe a ningún dirigente independentista.

"Hay que ir hasta el final. Esperemos que los responsables asuman lo que les corresponde", ha aseverado. La denuncia de Aragonès menciona tres ataques informáticos a su móvil en enero de 2020, en un contexto temporal relacionado con "múltiples acontecimientos personales, profesionales y políticos", como las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez o la inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra.

La exdirectora del CNI, cesada a raíz del escándalo del espionaje al independentismo, admitió en el Congreso que se había accedido a los móviles de una veintena de políticos independentistas, entre ellos Aragonès, con las correspondientes autorizaciones judiciales.

No obstante, para el presidente catalán, esa eventual autorización "no tendría ningún efecto justificativo" del espionaje, dado que la ley "no permite investigar a ciudadanos por razones políticas" y no hay ningún supuesto que "legitime una monitorización o espionaje legal".

Por es motivo, la querella solicita al juzgado que requiera a Pablo Lucas, magistrado del Supremo responsable del control judicial del CNI, que "certifique si ha autorizado el uso de software de registro remoto, monitorización, balizamiento o cualquier fórmula de intervención de las comunicaciones y la intimidad" de Aragonès.

La autorización judicial del espionaje a Aragonès, advierte el escrito, "será, con toda probabilidad, objeto de una ampliación de querella por delitos de prevaricación judicial, ya que no puede existir ninguna justificación para la utilización de un software de monitorización absoluta (...)".

La denuncia de Aragonès, redactada por el abogado Andreu Van den Eynde, sostiene además que la elaboración y adquisición de Pegasus es ya de por sí delictiva, teniendo en cuenta que se trata de una "ciberarma diseñada para victimizar a través de fórmulas no amparadas por la ley española, que convierte el programario en una herramienta ilegal per se".

"Hay que tener en cuenta que el programa Pegasus es una herramienta, además, que solo está autorizada para la investigación de actos de terrorismo y criminalidad organizada graves (como redes de pornografía infantil)", añade el letrado.

Además de la declaración de Paz Esteban como investigada, la querella pide que se cite como testigo al propio Aragonès, para aclarar las "circunstancias en que pudo detectar indicios de infección por malware", y a la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro.

También pide la querella la declaración como investigado del representante legal de OSY TECHNOLOGIES, propietaria de las empresas del grupo NSO, si es necesario mediante mecanismos de asistencia judicial mutua con Luxemburgo, donde tiene su sede.

Otras diligencias solicitadas por Aragonès es requerir a la Intervención General del Estado que no se destruya la documentación legal y contractual relativa a la compra de Pegasus y al Tribunal de Cuentas para que certifique si el CNI adquirió productos de NSO desde el año 2014.

El abogado de Aragonès ha optado a presentar su querella en los juzgados de Barcelona para que se reparta de acuerdo con las normas correspondientes, después de que el juzgado que investigaba el espionaje a los móviles del expresident del Parlament Roger Torrent y el concejal de ERC Ernest Maragall acordara archivar la causa provisionalmente, mientras está a la espera de nueva información.

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