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El Gobierno aprueba una moratoria de préstamos al consumo y también hipotecaria de locales y oficinas

El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de La Moncloa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes en Madrid. EFE/MONCLOA/Borja Puig de la Bellacasa El vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, durante la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de La Moncloa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes en Madrid. EFE/MONCLOA/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno ha aprobado este martes una moratoria del pago de créditos al consumo para las personas en situación de vulnerabilidad económica por el impacto de la crisis del coronavirus durante un plazo de tres meses ampliables, mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, así lo ha explicado en conferencia de prensa al termino de ese Consejo, en el que también se ha dado luz verde a la ampliación de la moratoria hipotecaria, inicialmente para vivienda habitual, que ahora se extiende a locales y oficinas de autónomos golpeados por la pandemia.

Podrán solicitarla los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o bien hayan registrado una reducción significativa de su nivel de ingresos.

Las entidades, ha detallado Iglesias, no podrán requerir a este colectivo el pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos integrados en el contrato, incluidos intereses, "hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma".

"Hemos adoptado una prórroga de la moratoria hipotecaria y además hemos incluido entre los principales beneficiarios a los autónomos y a los propietarios, personas físicas que sufren impagos del alquiler", ha destacado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

También se han clarificado algunos aspectos como el plazo de suspensión, que pasa de uno a tres meses, y se ha adaptado la acreditación de vulnerabilidad a la situación derivada del estado de alarma, bastando con una declaración responsable del beneficiario sobre su situación.

Asimismo, se aclara que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los pagos restantes se posponen por idéntico periodo, y se habilita a las corporaciones locales para que utilicen el superávit de ejercicios anteriores para apoyar a colectivos vulnerables en materia de vivienda.

El Ejecutivo ha aprobado, además, que en el caso de los viajes combinados, prestados por varios proveedores y que hayan sido cancelados como consecuencia de esta crisis, el consumidor podrá optar por el reembolso o hacer uso de un bono que le entregará el organizador o el minorista.

Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma; de no utilizarse durante ese periodo, el cliente podrá ejercer su derecho de reembolso.

Tanto la moratoria al pago de préstamos al consumo como la de la cuota hipotecaria han sido, en los últimos días, dos de las principales peticiones de las organizaciones sociales y asociaciones de consumidores, como ha reconocido Iglesias, que ha calificado de "muy importante" a este nuevo paquete de 50 medidas que "pone al país en la senda de una salida social a esta crisis".

Hasta ahora, sólo podían acceder a la moratoria hipotecaria los deudores en situación de "vulnerabilidad económica" por la emergencia sanitaria del coronavirus, y los fiadores o avalistas que se encontraran en la misma situación, siempre en referencia a su vivienda habitual.

El decreto incluía dentro de ese supuesto a los deudores que o bien hubieran perdido sus puestos de empleo a raíz de la crisis o, de ser empresarios o profesionales, hubieran sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída de sus ventas, de al menos, el 40 %.

No es la primera vez que España recurre a una moratoria de dicho tipo, puesto que el Gobierno anterior, con Luis de Guindos en el Ministerio de Economía, aprobó una medida similar a finales de 2012 que contó con el máximo apoyo de la banca para frenar el drama de los desahucios que se produjeron tras la crisis financiera. EFE.