El Gobierno advierte que Puigdemont será juzgado tras los reproches de PP y Vox

Pocas horas después de entrar en vigor la derogación del delito de sedición tras ser publicada en el BOE la nueva ley de desórdenes públicos agravados, el juez Llarena -instructor de la causa por el proceso de independencia de Cataluña- ha aplicado la exoneración de esta infracción penal a Puigdemont aunque ha mantenido su procesamiento por malversación y desobediencia.

El instructor deja sin efecto las euroórdenes actuales por sedición pero ordena la busca y captura de Puigdemont así como de los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig por malversación y desobediencia.

Las críticas al Gobierno de coalición no se han hecho esperar y mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado los "favores" del jefe del Ejecutivo a los independentistas, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha ironizado con que Sánchez "ha cumplido" y trae a Puigdemont "con una alfombra roja".

Y es que con la derogación de este delito, todas las miradas están puestas en un posible regreso de Puigdemont a España, aunque el Ejecutivo recuerda que tiene causas pendientes por malversación y que responderá ante los tribunales.

El Gobierno insiste en que la reforma del Código Penal lo homogeneiza con la legislación europea y la portavoz, Isabel Rodríguez, reitera que hay "herramientas suficientes" para proseguir con el procedimiento contra el expresidente de la Generalitat por el referéndum ilegal de 2017.

"El señor Puigdemont no pudo ser extraditado a España precisamente porque no existía esa homologación del delito de sedición con respecto al que tenía España tipificado en su código penal", ha señalado también la ministra de Educación, Pilar Alegría, al tiempo que ve una "consecuencia lógica" la nueva decisión del juez.

Vox, por su parte, ha acusado a Sánchez de dejar "manos libres" a los líderes independentistas catalanes y su líder, Santiago Abascal, ha dicho en redes sociales que "quieren hacer como si en 2017 no hubiera habido un golpe de Estado y como si los golpistas no hubieran querido robarnos el país y convertir en extranjeros a millones de españoles".

El vicepresidente de este partido, Javier Ortega-Smith, también ha dejado claro que volverán a aprobar un delito de sedición si llegan al Gobierno, al tiempo que desde Ciudadanos, Begoña Villacís ha lamentado que el juez Llarena haya visto "su trabajo de estos años desbaratado por Sánchez".

En este sentido, el diputado de Bildu Jon Iñárritu ha respondido en el Congreso que todavía "haya quien siga con una obsesión represiva" tras suavizarse el clima en Cataluña.

Unidas Podemos, por su parte, ha puesto el acento en el delito de malversación que sigue pesando sobre Puigdemont y el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago se ha mostrado partidario de ver el "detalle" del auto del juez porque -ha explicado- tras la modificación del delito de malversación se ha vuelto al régimen del 2015, que es más exigente para acreditar el lucro personal.

Llarena no ha aplicado los atenuantes previstos en la actual reforma de la malversación y el delito puede estar castigado con penas de hasta 12 años de prisión.

El propio escrito del juez deja entrever que esta derogación ha sido una reforma a la carta ya que señala que "ha encontrado su génesis" en la sentencia del procés porque desde 1995 no se ha dictado una sola resolución que aplique el delito de sedición.