Los orígenes del término Revolución Industrial son casi contemporáneos del fenómeno que definen. A comienzos del siglo XIX, algunos escritores franceses compararon la revolución política de 1789 con los pacíficos avances que la economía británica había experimentado.Aplicaron así el término revolución, de uso habitual en la política, al campo económico. El término concreto surgió hacia 1840, cuando adquirió su significado actual haciéndose de uso común entre los economistas. A mediados del siglo XIX, los teóricos socialistas emplearon esta expresión para referirse a las negativas consecuencias sociales que había provocado el desarrollo económico de Inglaterra.

A comienzos del siglo XIX la Revolución francesa de 1789 había transformado los ejércitos europeos poderosamente. De fuerzas armadas formadas con unidades mercenarias extranjeras todavía importantes en el siglo XVIII sufrieron un proceso de impacto que les transformó en ejércitos de carácter nacional.

A finales del siglo XIX, los artistas católicos criticaron el agotamiento del sulpicianismo, un estilo caracterizado por su simpleza figurativa y convencional. En Francia -al calor de la renovación cultural católica- se crearon nuevos movimientos de cambio como L´Arche (el arca, como la de Noé) que tuvo su desarrollo entre 1917 y 1934. Sus componentes buscaron crear una base teórica y doctrinal bajo la dirección del arquitecto Maurice Storez y del pintor Maurice Denis, sintiéndose atraídos por los artistas místicos del arte del renacimiento y barroco.

Luis XVI, rey de Francia, inició su reinado en 1774 apoyando a ministros realistas, ilustrados y reformistas como Turgot, que recortaron los gastos cortesanos, liberalizaron parte del comercio, aligeraron la carga de impuestos estatales sobre campesinos y promovieron cierto programa de autogobierno regional. Sin embargo, no se enfrentaron a la nobleza, que hizo todo lo posible para que fracasaran los intentos reformistas que amenazan sus privilegios y diferencias, lo que provocó la radicalización de la burguesía y de grupos urbanos.

Como consecuencia de la revolución industrial británica, se produjo un aumento de la demanda de productos industriales por los notables cambios en la estructura del comercio interior y exterior, que fueron el preludio de su desarrollo imperial en el siglo del romanticismo.

Es una realidad que la mayor parte de los historiadores en la Universidad española están especializados en el pasado de nuestra nación, en unos años o siglos determinados, en un ámbito geográfico -mayor o menor-, en una rama económica, política, social, militar, etc. Pero aún faltan -a diferencia de las universidades europeas- grandes especialistas en historia extrapeninsular. Sobre el pasado portugués tenemos reconocidos especialistas como Hipólito de la Torre o Juan Carlos Rodríguez.

Desde la fundación de la Comunidad Económica Europea en 1957, con la firma del Tratado de Roma, el Gobierno español estuvo muy interesado en su desarrollo y en lograr la integración del país en el mismo. Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza dictatorial del régimen franquista, España no fue invitada a participar. La diplomacia de Franco sólo logró la firma de un simple Acuerdo Preferencial en 1970, por el cual se facilitaban los intercambios entre los seis países de la CEE y España. El acuerdo, aunque insuficiente, contribuyó a reducir el déficit comercial peninsular con la Comunidad.

Durante toda la Edad Moderna, Italia había sido un mosaico de estados independientes, pero, a comienzos del siglo XIX, comenzaron a surgir grupos de nacionalistas partidarios de una unificación territorial y política de la península italiana. Pero desde la Edad Media existían en el centro los llamados Estados de la Iglesia y la pregunta sobre su destino surgió en el debate político, pues debe tenerse en cuenta que el prestigio del papa no había desaparecido.

Como ya apuntamos en un artículo anterior, el reinado de Juan Carlos I (1975-2014) supuso para las Fuerzas Armadas un cambio que se resumió en tres conceptos fundamentales: liderazgo, integración en el nuevo ordenamiento constitucional y apertura hacia un nuevo concepto de la defensa nacional, con lo que ello implicó de renovación y modernización. Nos faltaba referirnos a este último punto.

A partir de 1975, se pudo comprobar cómo la evolución de una sociedad hacia formas democráticas de convivencia exigía no sólo un cambio en la práctica política, sino también una verdadera revolución cultural que repercutiese positivamente en la inmensa mayoría de españoles. De esta manera, fue suprimida la censura y se proclamó la libertad en el campo cultural y educativo. Gracias a los medios de comunicación de masas y al progreso educativo, la inquietud intelectual ganó terreno. El Estado intensificó su acción al servicio de la difusión social de la cultura y así, como muestra de esta preocupación, la UCD creó el Ministerio de Cultura en 1977, con el fin de procurar financiación estatal a empresas culturales a las que no llegaba la iniciativa privada. Los gobiernos posteriores, de diferentes partidos, profundizaron en esta idea si bien, cuando se encontraban en la oposición, los mismos aumentaban sus suspicacias por la amenaza de dirigismo gubernamental, pero el Ministerio de Cultura consiguió enseguida renovar el clima cultural de la nación, entre otras acciones, mediante un conjunto de exposiciones de gran éxito popular.

Al estallar la Guerra Civil en 1936, las Fuerzas Armadas (FAS) se escindieron en dos bandos. Tras la victoria militar de Franco, fueron depuradas de partidarios del bando perdedor, de tal manera que la sociedad española las observó como uno de los pilares más fieles del régimen franquista, hasta prácticamente su desaparición. La transición a la democracia y el reinado de Juan Carlos I supusieron para las FAS un cambio que se resume en tres conceptos fundamentales: liderazgo, integración en el nuevo ordenamiento constitucional y apertura hacia un nuevo concepto de la defensa nacional, con lo que ello implicó de renovación y modernización.

En el siglo pasado se produjo una lenta caída lenta de vocaciones sacerdotales en Europa, su vivero tradicional durante siglos, lo cual favoreció un cambio histórico en la Iglesia católica, al favorecer el aumento de la presencia de laicos. Esa tendencia fue sancionada en el Concilio Vaticano II (1962-1965) mediante la creación de instituciones eclesiásticas más colectivas y democráticas. A ello se unió un examen interior (hoy diríamos autoevaluación) que intentó eliminar tradiciones y rutinas que no respondían a la vida contemporánea. Y finalmente, se unió un hecho también histórico: la descolonización de los imperios coloniales europeos en África y Asia tras la Segunda Guerra Mundial.

Durante la transición política española (1975-1978) se consolidaron una serie de transformaciones sociales que ya se habían manifestado a raíz del desarrollo industrial. En este sentido, las ciudades redoblaron su atracción sobre la población rural, impulsando una aceleración en los cambios de actitud de los españoles; pero también originaron nuevos problemas relacionados con la delincuencia y el paro. Como consecuencia del aumento del consumo de droga, aumentó la inseguridad ciudadana durante esos años, lo que fue explotado por la extrema derecha como un símbolo de la debilidad del régimen democrático. El mundo laboral acusó un notable cambio: ya no se pudo emigrar a una Europa que, tras la crisis del petróleo de 1973, cerró fronteras a los españoles. No obstante, la llegada de las mujeres a las profesiones liberales o a cargos directivos -sobre todo en la administración pública- aumentó lentamente a partir de entonces.

El pontificado del papa que vino del Este -el más largo del siglo XX- estuvo caracterizado por su claro empeño en reposicionar a la Iglesia Católica en el mundo, tras la sensación de crisis con Pablo VI.

El conflicto bélico que dividió la sociedad norteamericana entre 1861 y 1865 fue una guerra civil, la cual -según los historiadores- venía lastrándose desde los días de la independencia de Gran Bretaña. A finales del siglo XVIII, cuando se tuvo que elegir entre una constitución federal u otra confederal, los Estados del Norte defendieron el proyecto federal frente al Sur confederal, donde existía mayor soberanía de los Estados frente al temido centralismo de Washington. Se aceptó la primera opción al ceder los norteños en la cuestión del mantenimiento del sistema esclavista para los sureños, cuya economía de agricultura extensiva necesitaba -según sus elites- ese tipo de mano de obra. Pero mucho consideraron que se había luchado para evitar la dependencia de Londres y no se podía sustituir por otra de la capital federal.

Tras la guerra civil, la sensación de haber vivido una época de persecución y martirio por la “apostasía de las masas”, condujo a la Iglesia católica emprender una reevangelización de los españoles con el apoyo del Estado franquista. La misma se concretó en varios planos: reconstrucción de iglesias, conventos, seminarios… destruidos en la guerra; aumento de manifestaciones públicas religiosas; fomento del asociacionismo laico; influencia en la organización de la educación; censura moral y de costumbres; intentos de impulsar un cine católico; apostolado en niños, jóvenes, trabajadores, adultos, mujeres, etc. Fruto de todo ello fue el aumento de los niveles públicos de devoción durante el primer franquismo (1939-1959).

Al proclamarse la Segunda República en abril de 1931, cabe recordar que ni el Ejército ni la Iglesia Católica se opusieron a la misma. Ni hubo golpe de Estado militar ni una sublevación religiosa, como los cristeros de Mexico. Además, también debe meditarse que, para lograr la candidatura republicana-socialista, alcanzar la mayoría en las elecciones municipales -en la mayor parte de las capitales de provincia- no sólo consiguió el voto de las clases populares sino de clases medias. Muchas familias de éstas les votaron ante la petición de voto republicano de antiguos políticos monárquicos conservadores o liberales -pero constitucionales- como Alcalá Zamora, Miguel Maura, Sánchez Guerra, Ossorio y Gallardo. Muchos de ellos católicos y que confiaron en que se construiría un régimen moderado.

Tras la batalla de Waterloo (junio de 1815), las grandes potencias europeas (Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia) lograron derrotar definitivamente a Napoleón Bonaparte. En Viena, acordaron una serie de tratados internacionales, los cuales no sólo respondieron a la necesidad de reorganización territorial y política de Europa, sino a presupuestos ideológicos. Los representantes de Austria y Gran Bretaña se decantaron por la creación de un sistema institucional permanente para impedir la amenaza de la guerra, como la serie continuada de ellas que habían estallado entre 1793 y 1815. Para evitarla, acordaron que las potencias debían reunirse, periódicamente, en Congresos para afianzar la paz y arbitrar conflictos entre los países.

El pontificado de Pío XII (1939-1958) estuvo marcado por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias a nivel mundial. Meses antes del estallido de la conflagración europea, consciente de la crítica situación internacional, el papa pronunció un mensaje en el que exhortó a buscar la paz a todos los gobiernos del mundo. De marzo a septiembre de 1939, Pío XII intentó infructuosamente evitar la guerra, sin que recibiera amplios apoyos diplomáticos de ninguna de las grandes potencias. Como dominaba el alemán -desde sus tiempos como nuncio ante el reino de Baviera- escribió personalmente a Hitler e intentó una aproximación entre los gobiernos de Francia e Italia. Ante el fracaso de estas gestiones, Pío XII encargó al padre Tachi Venturi que promoviese contactos para celebrar una conferencia de cinco potencias (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Polonia) para evitar una repetición de la guerra de 1914. Finalmente, sus constantes llamadas a la paz no recibieron ninguna respuesta positiva.

En 1900 se abrió un ciclo de agitación anticlerical en España debido a la revitalización del catolicismo -en opinión de algunos historiadores- que había logrado adaptarse al triunfante régimen liberal, negociado ciertas compensaciones por la desamortización de bienes eclesiásticos sin negociación previa con la Santa Sede y reposicionado ante los nuevos tiempos. Los católicos más recalcitrantes a ningún tipo de armonía con el liberalismo se refugiaron en las filas del integrismo y del carlismo.

Los orígenes del Imperio británico arrancan del siglo XVI, en dura competencia con los avances españoles en tierras americanas y con los portugueses en África y la India. Como primer objetivo, Londres se centró en aumentar su poder en América del Norte y en las islas del mar Caribe, sobre todo en el siglo XVII, para, una vez consolidados esos centros, planear una mayor presencia en los lejanos territorios de la India. En el siglo XVIII, Gran Bretaña logró derrotar a Francia en el escenario asiático, sentando las bases de su futura expansión en el siglo XIX, sobre todo tras la independencia de las trece colonias norteamericanas. A partir de entonces, aumentó su presencia en África, Asia y Oceanía hasta 1914. Tras la Primera Guerra Mundial su presencia territorial no mermó, sino que aumentó gracias a los llamados “Mandatos” de la Sociedad de Naciones, al responsabilizarse del desarrollo de antiguas colonias alemanas. Sin embargo, a partir de 1945 no tuvo más remedio que aceptar el camino de la descolonización de su Imperio ultramarino.

El pontificado de Pío XI (1922-1939) coincidió, prácticamente, con el llamado periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desde los inicios del mismo, el papa procuró fomentar el acercamiento del catolicismo al mundo de la ciencia -lo cual no resultaba una novedad en la historia de la Iglesia- pues había que evitar que las condenas al modernismo de sus antecesores fueran identificadas con una negación a todo progreso humano y avance en el conocimiento de la naturaleza. Por eso, fundó e impulsó la Academia Pontificia de Ciencias (1936) -para dar ejemplo de científicos unidos en la razón y la fe- y Radio Vaticano (1931), entre otros gestos que fueron divulgados por los medios de comunicación como una renovación importante del papado.

Tras la caída del II Imperio francés, se proclamó la III República con un claro sentimiento de interinidad, debido especialmente a la fuerza de los partidos monárquicos en el arco parlamentario. Pero los republicanos confiaron en la lenta consolidación del sistema y el escaso apoyo del general Mac Mahon, presidente entre 1873 y 1879, a la causa monárquica, por lo que finalmente no se produjo la restauración de la dinastía, a diferencia de España donde se logró en diciembre de 1874.