LA ZURDA

Prisión y acoso: el precio del disenso político en la Filipinas de Duterte

  • Escrito por Sara Gómez Armas
  • Publicado en Internacional
Manila (Filipinas), 24/02 / 2020.- Vicente De Lima (R), hermano de la senadora detenida Leila De Lima, se une a su partidario como gesto durante una conferencia de prensa en Manila, Filipinas, el 24 de febrero de 2020. De Lima, un crítico acérrimo del presidente Rodrigo Duterte, marca su tercer año de detención por presuntos cargos de drogas. (Filipinas) EFE / EPA / FRANCIS R. MALASIG Manila (Filipinas), 24/02 / 2020.- Vicente De Lima (R), hermano de la senadora detenida Leila De Lima, se une a su partidario como gesto durante una conferencia de prensa en Manila, Filipinas, el 24 de febrero de 2020. De Lima, un crítico acérrimo del presidente Rodrigo Duterte, marca su tercer año de detención por presuntos cargos de drogas. (Filipinas) EFE / EPA / FRANCIS R. MALASIG

Después de una trayectoria intachable en Filipinas como abogada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y ministra de Justicia, la senadora Leila de Lima cayó en desgracia hace tres años, cuando fue encarcelada después de abrir una investigación sobre los abusos de la guerra contra las drogas.

Feroz crítica del presidente Rodrigo Duterte, la senadora alzó la voz desde el minuto uno contra su brutal campaña y hoy cumple tres años en prisión acusada de conspiración con el narcotráfico, cargos "fabricados", según ella y su legión de partidarios, para silenciar su voz y castigar el disenso político.

Su encarcelamiento, aún sin condena, es el caso más flagrante de persecución política en Filipinas, aunque no se trata de un hecho aislado bajo el "régimen Duterte", quien ha emprendido una cruzada contra políticos de la oposición, activistas, periodistas críticos y defensores de derechos humanos.

Durante su mandato, ocho legisladores se han enfrentado a cargos penales, 250 activistas han sido asesinados, 540 están encarcelados por razones políticas y más de 87.500 han sufrido acoso o intimidación, según la organización Karapatan.

"Soy INOCENTE de las falsas acusaciones contra mi. Puede que no sea una persona perfecta, pero nunca he traicionado mi obligación de servidora pública. Y si alguien analizara seriamente los detalles de mis casos (...), verán que soy simplemente víctima de una persecución política", aseguró De Lima en un comunicado subido hoy a su cuenta de Twitter.

LEYES QUE SALEN DE LA CÁRCEL

Privada de visitas, televisión, ordenador y teléfono, De Lima no ha dejado de cumplir con sus obligaciones como senadora y ha logrado entre rejas que hasta cuatro propuestas legislativas hayan sido aprobadas y firmadas como ley por el mismo presidente que le ha declarado una guerra judicial.

"A pesar de que muchos puedan pensar que está derrotada, acobardada o deprimida, ella se mantiene fuerte y con ganas de luchar por la justicia, inspirada por todo el apoyo que recibe", contó a EFE su hermano Vicente de Lima.

Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria, los parlamentarios de la ASEAN, el Senado de EEUU, la Eurocámara y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado su detención "injusta y arbitraria" y la consideran "prisionera de conciencia".

"Cada día que De Lima permanece detenida es otro día de injusticia, no solo contra ella sino contra todos los filipinos cuyos derechos son pisoteados por un gobierno violento y represivo", lamentaron Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Foro Asia en un comunicado conjunto con motivo del tercer aniversario de su arresto, el 24 de febrero de 2017.

Su detención se produjo poco después de que promoviera una investigación en el Senado sobre las ejecuciones extrajudiciales de la guerra antidrogas y se ofreciera a colaborar con la Corte Penal Internacional, lo que le granjeó reconocimientos en el exterior.

La primera vista oral del juicio no llegó hasta febrero de 2019, acusada de aceptar sobornos del narcotráfico, cargos basados únicamente en declaraciones de traficantes detenidos, mientras que su defensa alega que son falsos testimonios obtenidos a cambio de rebajas de las penas.

No obstante, la enemistad del mandatario con la senadora se remonta a 2009, cuando De Lima, al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, abrió una investigación sobre los "escuadrones de la muerte" que actuaban en Davao para acabar con drogadictos y opositores, cuando Duterte era el alcalde de esa ciudad.

NO ES UN CASO AISLADO

El caso De Lima no es el único ejemplo de acoso judicial en Filipinas. Otro blanco habitual de la administración Duterte es el exsenador Antonio Trillanes, otro vocal detractor del mandatario enfrascado en una nueva batalla en los tribunales por sedición.

"Es hora de despertar de la indiferencia. Nuestra democracia está en peligro", señaló Trillanes en un foro sobre el uso de la ley como arma contra el disenso político, celebrado en honor a De Lima el pasado viernes en la Universidad De La Salle de Manila, antes de ir a declarar ante el juez por uno de los veinte casos criminales que tiene pendientes en Filipinas.

El exsenador tuvo que pagar la semana pasada otra fianza para eludir una nueva orden de arresto por sedición, por su supuesta implicación en unos vídeos que vinculaban a la familia Duterte con las drogas, difundidos en las redes sociales el año pasado. "Todas las acusaciones en mi contra están vacías. Nunca he robado ni asesinado, son causas políticas con el fin de acorralarme", dijo.

En esa misma acusación por sedición, difamación y obstrucción a la justicia contra 36 detractores de Duterte también figuraban De Lima desde la cárcel o la vicepresidenta Leni Robredo, aunque se han retirado los cargos contra ellas por falta de pruebas.

Trillanes, que ha rechazado las ofertas de asilo político de dos países europeos, defendió que el uso de la ley como arma no es nuevo en Filipinas, sino algo que ya hicieron los expresidentes Ferdinand Marcos o Gloria Arroyo para "infligir miedo en la sociedad", aunque "Duterte lo ha llevado al extremo".

La instrumentalización de la ley con fines partidistas es una realidad en Filipinas, donde toda la judicatura -el Supremo, la Fiscalía o el Defensor del Pueblo- está ahora dominada por magistrados aliados del presidente.

En mayo de 2018, el mandatario se las ingenió para apartar del cargo a la entonces presidenta del Tribunal Supremo, Maria Lourdes Sereno, una respetada jurista que osó criticar sus formas autoritarias y su campaña contra las drogas.

"Tenemos que defender nuestra Constitución como nunca antes y participar activamente en la vida nacional para hacernos oír", instó Sereno sobre la responsabilidad de la sociedad en preservar la democracia filipina, la más antigua de Asia. EFE.