Quantcast
ÚNETE

La ONU insta a España a reforzar la protección legal de personas con discapacidad

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a España a reforzar la protección legal de las personas con discapacidad tras el último Examen Periódico Universal (UPU) sobre derechos humanos.

Según explica el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha participado activamente en ese proceso, España ha aceptado el 58 por ciento de las recomendaciones en materia de discapacidad del Examen Periódico Universal de derechos humanos que realiza ese organismo.

Así, en el informe del Consejo, que busca mejorar la situación de los derechos humanos en los Estados y abordar las posibles violaciones de los mismos, especifica un total de 25 recomendaciones, algunas de ellas remitidas por el Cermi, sobre cuestiones como la accesibilidad en los servicios de atención a la salud, el fomento del empleo de las personas con discapacidad o la promoción de la educación inclusiva.

Entre las recomendaciones del organismo internacional está la de que España ajuste la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Atención a la Dependencia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para así garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos y aplicar las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de esta normativa.

De esa forma, señala el Cermi, esta modificación permitiría hacer posible el derecho a la asistencia personal, una de las mayores demandas del ámbito de la discapacidad y que se ha visto reforzada a con la actual crisis sanitaria, social y económica del coronavirus.

Respecto a la educación inclusiva, el mecanismo de la ONU propone "seguir trabajando para lograr que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios para que los alumnos con discapacidad puedan asistir a esos centros en las mejores condiciones posibles".

También, según el Cermi, la ONU plantea redoblar los esfuerzos para detectar y prevenir las múltiples formas de discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular las que tienen discapacidad intelectual o psicosocial y protegerlas contra esas formas de discriminación, consignado recursos suficientes para respaldar esos esfuerzos.

Además, se incide en "proseguir las iniciativas de promoción de los derechos del niño, de las personas con discapacidad y de las mujeres y fomentar las actividades de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo" y mejorar las condiciones de vida a través de una estrategia nacional.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aporta otras recomendaciones a España para dar consecución a los mandatos de la Convención de la Discapacidad y de la Agenda 2030, poniendo el foco en la no discriminación de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como la inclusión de la perspectiva de género y discapacidad en las futuras políticas de adaptación al cambio climático. EFE.