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Incendios forestales y desarrollo rural

  • Escrito por Mariano Sanz, secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO, y Francis Cabezos, secretario de Medio Ambiente y Movimientos Sociales FSC-CCOO.
  • Publicado en Planeta

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), del 1 de enero al 30 de agosto de este año se han producido 5.871 incendios y conatos que han quemado 44.484 has. La persistencia de las altas temperaturas y la falta de precipitaciones hacen que el riesgo de que nuestros montes ardan se mantenga alto más allá del verano.

Según los datos del MAPA, se han producido 10 Grandes Incendios Forestales (GIF), esos que superan las 500 has., sin contar el de Lobios, Ourense, al ser transfronterizo con Portugal, y el de Valdepiélagos, que afectó a superficie de Toledo y Madrid, por haber quemado “solo” 150 has de las consideradas forestales. Tampoco está contabilizado el incendio, y la superficie arrasada por el fuego, de Cabezuela del Valle, en el Jerte, Cáceres, ni los últimos 16 fuegos de Ourense ni las más de 10 mil hectáreas que han ardido en ellos.

Estos datos colocan al año 2020 como el tercero con más superficie quemada de la última década. Y si bien el número de incendios registrado es menor al de años anteriores, ha aumentado sustancialmente la superficie forestal afectada, un indicativo de que la virulencia, poder destructivo e incidencia en la interfaz urbano/forestal de los incendios están claramente relacionados con los cambios que se están produciendo en el clima. A las causas de los incendios forestales relacionadas con el cambio climático (altas temperaturas, sequías…) habría que sumar también el abandono de las zonas rurales y el aumento de la biomasa, como consecuencia de la falta de actuaciones silvícolas y preventivas en la mayoría de los montes y terrenos forestales de nuestro país, labor vinculada con las competencias que tienen las comunidades autónomas.

Cuadro evolución incendios forestales

A la amenaza de las llamas se enfrentan alrededor de 25.000 profesionales entre técnicos, operadores de radio y emisoras, vigilantes en puestos de observación y torretas, bomberos de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), agentes medioambientales, operarios de aeronaves y maquinaria, etc. Hablamos de un número de profesionales aproximado, ya que no es posible conocer la cifra exacta, pues aunque debiera ser una información pública y fácil de encontrar en las distintas webs de las administraciones competentes, fundamentalmente las CCAA, la búsqueda se convierte en una verdadera odisea, tal y como denunciamos en el Catálogo de Medios de Extinción 2018 que presentamos el pasado año y en otros informes anuales que hemos venido elaborando en CCOO sobre la materia.

De todos los recursos humanos que componen los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios Forestales queremos destacar a los trabajadores que están en primera línea de fuego combatiendo los incendios forestales, no siempre denominados como lo que son, bomberos forestales. Todos los días de riesgo alto de incendio, aproximadamente 18.000 profesionales están listos para su extinción; sin embargo, sus condiciones de trabajo, contratación, formación, retribuciones, horarios de trabajo… son muy diferentes. Urge, y así lo demandamos desde CCOO, la aprobación de un Estatuto de Bomberas y Bomberos Forestales que facilite una homologación de las condiciones de este colectivo, compromiso recogido en el acuerdo de gobernabilidad suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos que fue la base para la configuración del actual gobierno.

Otro aspecto significativo en relación a lo anterior es que cada comunidad autónoma, que son las competentes en la materia, compone su propio Operativo de Extinción, que aunque pueda tener unas bases parecidas, su organización y estructura difiere en cada territorio, lo que en la práctica incide en su eficacia y coordinación. También queremos llamar la atención sobre que, en general, no se han recuperado las cuantías presupuestarias para prevención y extinción de incendios forestales que se tenían antes de la crisis del 2010. Así es difícil aplicar políticas activas de prevención, extinción y empleo en los incendios forestales.

CCOO viene demandando al Gobierno central, a las comunidades autónomas y a las administraciones locales un mayor esfuerzo para vincular la protección de las masas forestales con un mayor y mejor aprovechamiento de las mismas. Existen algunos ejemplos de ello en nuestro país, pero por desgracia, son los menos. Las administraciones deben tener en cuenta la importancia de cumplir los compromisos de desarrollo del sector que, paradójicamente, la mayoría tienen aprobados en sus Planes Forestales desde hace años, con el objetivo de impulsar el sector forestal para lograr un desarrollo sostenible aprovechando nuestros recursos naturales, sustentado en proyectos de ordenación, planes técnicos y otras herramientas de gestión sostenible. España, con 28 millones de hectáreas, es el segundo país de la Unión Europea en superficie forestal, lo que ofrece posibilidades de aprovechar este recurso natural y potenciar el desarrollo sostenible, así como la oportunidad de creación y mantenimiento de empleo digno y de calidad. Esto último para el sindicato tiene enorme trascendencia, ya que no puede haber desarrollo sostenible si hay quien se aprovecha indecentemente de las personas, como hemos podido ver recientemente en algunas explotaciones hortofrutícolas.

Este proceso de transición ecológica representa una oportunidad para el desarrollo rural evitando el continuo abandono de pequeñas poblaciones que se produce en nuestro país. Debemos aprovechar este momento para dotarlas de los servicios públicos adecuados y poner en marcha a su vez un ambicioso plan de extensión de las redes digitales.

Para ello, es ineludible poner en marcha sin más dilación, políticas de adaptación de nuestros montes y terrenos forestales al cambio climático, llevando a cabo a su vez actuaciones preventivas de incendios continuadas a lo largo de todo el año, con objetivos a largo plazo. Porque los incendios forestales se apagan del 1 de enero al 31 de diciembre, pero sobre todo se evitan, como venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo.

Esta lucha contra las llamas exige equilibrar la balanza en el gasto presupuestario entre extinción y prevención. Siempre será más rentable la prevención, económicamente y desde el punto de vista ambiental y ecológico, pues disminuirá las hectáreas quemadas, sin perjuicio de mantener y reforzar al mismo tiempo los operativos de extinción. Estas medidas, además de evitar la propagación de los incendios forestales, cada vez más destructivos, generarían empleo y riqueza en las zonas rurales si se llevan a cabo de forma ordenada y planificada.