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Suu Kyi afronta nuevos cargos por violar protocolos de covid-19 en Birmania


Un tribunal de Birmania (Myanmar) presentó este lunes nuevos cargos contra Aung San Suu Kyi, la líder del Gobierno depuesta en el golpe de Estado del 1 de febrero, por presuntamente violar protocolos relacionados con la covid-19, indicó su abogado.

Suu Kyi, de 75 años y bajo arresto domiciliario desde el sublevamiento militar, compareció por videoconferencia ante un tribunal en Naipyidó y se encuentra en "aparente buena salud", declaró a los periodistas el letrado Khin Maung Zaw.

Esta nueva acusación, la sexta en total, está relacionada con la ley para la gestión de desastres naturales, un cargo similar al que ya se le imputó a mediados de febrero, remarcó el abogado.

El nuevo caso se suma a una retahíla de cargos presentados contra la nobel de la paz, y a la acusación por parte de los militares del delito de corrupción, aunque esta denuncia aún no ha sido formaliza por un tribunal.

El cargo más grave presentado contra la líder derrocada es el de violar la Ley de Secretos Oficiales, presentado el 1 de abril ante un tribunal de Rangún y que acarrea una pena máxima de catorce años de prisión.

Suu Kyi se enfrenta además a varios delitos como importar ilegalmente walkie-talkies (aparatos portátiles que transmiten y reciben) y amenazar la seguridad nacional.

La próxima vista ante el tribunal de Rangún está programada para el 22 de abril, mientras que comparecerá el 26 del mismo mes ante la corte de Naipyidó.

Las acusaciones han sido rechazadas con contundencia por los letrados de Suu Kyi, que en total pasó quince años bajo arresto domiciliario durante la anterior dictadura y la sucesión de juntas militares (1962-2011).

El proceso contra Suu Kyi y otros miembros del Gobierno electo y el presidente depuesto, Win Myint, se celebra mientras las fuerzas de seguridad reprimen con violencia los movimientos de disidencia al mando castrense y que reclaman la vuelta a la democracia.

Más de 700 personas han muerto a raíz de la brutal represión efectuada por las autoridades contra las manifestaciones en rechazo a los uniformados, conforme a los datos verificados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.