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El PP acusa al Tribunal de Cuentas de “blanquear” irregularidades en contratos de material sanitario


(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

El PP ha acusado este lunes al Tribunal de Cuentas de “dulcificar” y “blanquear” las auditorías sobre los contratos de emergencia de material sanitario en la pandemia, en lugar de “poner las luces rojas” en las deficiencias, a lo que la presidenta de la institución, Enriqueta Chicano, ha replicado que las compras se hicieron «de la mano de la ley».

El grupo popular, a través de su diputado José Vicente Marí, ha puesto en evidencia el papel del tribunal durante la comparecencia de Chicano en la comisión de investigación del Congreso sobre el caso Koldo y las presuntas irregularidades cometidas durante la pandemia en la compra de material como mascarillas.

“En lugar de poner luces rojas en aquellas prácticas que pudieran propiciar fraude o corrupción, se han dedicado a poner luces verdes, dar la enhorabuena y blanquear las situaciones irregulares”, ha denunciado Marí tras la explicación de Chicano, quien ha sido la primera en comparecer ante la comisión.

A juicio del principal partido de la oposición, de los informes de fiscalización emitidos sobre este asunto, se llega a la conclusión de que hay “un cúmulo de irregularidades groseras” sobre las que el Tribunal de Cuentas no puso el foco.

En un tenso intercambio de argumentos, Chicano ha rechazado el posicionamiento del PP al alegar que las auditorías se hicieron de acuerdo a lo que dicta la ley de contratos públicos, de la que ha recordado que es «muy garantista», y que el tribunal fiscalizador “no es un órgano antifraude o anticorrupción”.

La presidenta ha recordado que la institución que preside redactó 1.328 contratos ejecutados en 2020, de un total de 13.211, que suponen hasta el 83 por ciento del importe total de las operaciones.

Ha admitido que las auditorías detectaron una serie de deficiencias e irregularidades, pero que con carácter general, la tramitación por urgencia resultó “ajustada a derecho y los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en esas fechas”.

Chicano ha revelado que no hay ningún expediente de responsabilidad contable vivo a día de hoy porque “no se dan las circunstancias”, tras apuntar que tales acciones deben partir de una denuncia del fiscal o de la Abogacía del Estado.

El PP ha criticado que en informes previos sobre los contratos analizados se subrayen irregularidades que luego no constan en los definitivos que fueron aprobados por el pleno del Tribunal de Cuentas.

De ahí que Marí haya insistido en que la tendencia del Tribunal de Cuentas ha sido “dulcificar y dar la enhorabuena” a las auditorías finales.

“Todo esto se compadece mal con lo que vemos estos días de procedimientos judiciales abiertos. Y si encima añadimos que no se abre ningún expediente de responsabilidad, compartirá que los ciudadanos se preguntan para qué sirve el Tribunal de Cuentas”, ha expuesto el diputado del grupo popular.

Chicano ha replicado que “no son temas de la jurisdicción contable, sino de la penal”, por lo que ha negado que se hiciera la vista gorda.

A su entender, la postura del PP supone “poner en cuestión el trabajo de mil funcionarios» y ha recordado que todas las fiscalizaciones fueron votadas a favor por unanimidad y quedó patente que «todas las administraciones públicas funcionaron y la crisis se abordó y el material se obtuvo».

«Se hizo la compra de la mano de la ley siempre», ha incidido durante su intervención en la que ha insistido en que si hubo deficiencias, esos casos están en los tribunales.

Entre los contratos que el PP ha cuestionado, están los que tramitó Adif y Puertos del Estado con la misma empresa, Soluciones de Gestión, ligada a Koldo García, el asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Según Marí, se trataba de una empresa no dedicada a la compra de material de la que no se comprobó su solvencia ni capacidad y ha preguntado a Chicano si se hicieron comprobaciones para ver si hubo una concertación en la adjudicación.

La presidenta del Tribunal de Cuentas ha asegurado que esa tarea está “fuera absolutamente de sus competencias” porque supondría dirigirse al sector privado.

“Y eso no lo podemos hacer nunca. Como tampoco examinar si hubo concertación ilegal, porque sería entrar en la producción de un delito que no nos corresponde a nosotros”, ha añadido.

La diputada socialista Mercedes González ha criticado que el PP haya dudado de las funciones del Tribunal de Cuentas y «pretenda contaminar y desprestigiar» las instituciones. «Ese daño permanece y es un daño irreparable», les ha reprochado.

Desde Vox, su diputado Carlos Flores ha afeado la vinculación de Chicano con el PSOE pero ha elogiado la necesidad de que exista el Tribunal de Cuentas y ha querido saber si Chicano paralizó en junio de 2023, en plena campaña electoral, un informe de fiscalización contrario al Gobierno.

La presidenta ha negado que haya paralizado ningún documento y ha precisado que no se aprobó en su momento porque tenía varias observaciones que fueron solventadas posteriormente.

«Ni lo hice ni puedo hacerlo, no puedo posponerlo», ha dicho Chicano, aunque ha reconocido que es una práctica habitual en este tribunal que en días previos a campañas electorales no se aprueben informes para evitar que se utilice este órgano para la confrontación política».