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Una década de lucha de la Guardia Civil contra la trata: 4.000 víctimas liberadas y 2.000 detenidos


  • Escrito por Sagrario Ortega
  • Publicado en La Zurda

En la última década la lucha de la Guardia Civil contra la trata no ha tenido parangón: ha organizado 17.000 actuaciones, liberado a casi 4.000 víctimas y detenido a más de 2.000 delincuentes que aprovechan la pobreza y la vulnerabilidad para enriquecerse.

Con motivo del Día Mundial contra la Trata, el jefe de la sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, Vicente Calvo, explica a Efe la labor del instituto armado en esta materia.

Fue la reforma de 2010 del Código Penal la que introdujo en esta norma los delitos de trata con fines de explotación sexual y laboral. Pero un año antes, la Guardia Civil ya había puesto en marcha una directiva de servicio para planificar la prevención y persecución de estas actividades ilícitas.

El esfuerzo de las ONG

Su implantación en todo el territorio, como recuerda Calvo, permite a los agentes de la Benemérita realizar una labor de prevención y detección de estos delitos más allá del ámbito urbano, con la realización de inspecciones en clubes de alterne, de la prostitución callejera, de las explotaciones agrarias, de talleres…

Todo ello coordinado con la Inspección de Trabajo y las fiscalías especializadas.

Pero también con las ONG y otras entidades dedicadas a la protección de las víctimas. Unas asociaciones cuyo trabajo, según Calvo, es esencial para la protección y recuperación de las víctimas, así como su cooperación en esta lucha.

Y es que las víctimas de trata, muchas veces procedentes de países con policías no precisamente muy democráticas, recelan de las fuerzas de seguridad y no se atreven a denunciar ante ellas. Un recelo al que se suma el miedo a las redes que las han traído a España y con las que han adquirido una deuda que nunca terminan de pagar.

Los números

Con la reforma del Código Penal de 2010, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) creó una base de datos donde las fuerzas de seguridad del Estado, y ahora alguna policía autonómica, vuelcan sus actuaciones en materia de trata.

Desde esa fecha, la Guardia Civil ha contabilizado más de 17.000 a actuaciones de prevención y persecución de estos delitos, con más de 2.000 detenidos por explotación laboral o sexual y cerca de 4.000 víctimas liberadas.

Unas actuaciones que desde 2010 se llevan a cabo bajo el paraguas del artículo 177 bis de la nueva reforma del Código Penal, que castiga con penas de 5 a 8 años de cárcel la trata de seres humanos con una de estas cinco finalidades: la explotación sexual, la laboral, la explotación, la extracción de órganos corporales, para realizar actividades delictivas y la celebración de matrimonios forzados (estas dos últimas introducidas en la reforma del Código Penal de 2015).

La formación

“Cada Parte (país) dotará a sus autoridades competentes de personas formadas y cualificadas en la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y en la identificación y asistencia a las víctimas”. Es lo que dice el Convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata firmado en Varsovia en 2005.

Amparada en este convenio y en una directiva europea de 2011, la Guardia Civil ofrece a todos sus agentes formación básica en sus academias para la identificación y detección de la trata.

Como explica Calvo, los agentes tienen en cuenta unos indicadores a la hora de detectar una posible víctima de trata, como que esa persona no tenga documentación, que viva “acuartelada”, que en el casi de ser mujer tenga entre 18 y 21 años, etc.

Pero aparte de esta formación básica, en todas las comandancias del cuerpo se especializa a agentes de Policía Judicial en esta materia, con una formación más completa.

También existe otra figura en todas las comandancias: la del interlocutor social contra la trata, que mantiene contacto permanente con las ONG y hace un seguimiento de la protección de las víctimas liberadas.

En el caso de la inmigración irregular, la Guardia Civil dispone de los equipos EDATI de atención a los inmigrantes, agentes “muy sensibilizados” que generalmente son los primeros en tener contacto con ellos.

La investigación

Investigar este delito, que como recuerda Calvo no es de comisión, sino de finalidad, no es tarea fácil por el miedo de las víctimas a denunciar.

La cooperación internacional es básica en el terreno operativo debido a la procedencia de las víctimas y para la investigación patrimonial de las organizaciones.

Pero también en el estratégico, en este caso con organismos como Europol, Interpol, Sirene, Eurojust o la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional para minimizar la amenaza; así como a través de los Consejeros y Agregados de Interior.

Y en esa investigación hay que detenerse en cada paso que dan las redes, desde la captación de las víctimas en los países de origen, hasta el traslado a España, el alojamiento y la explotación laboral o sexual en sí misma.

No hay más trata en España que en otros países, opina Calvo, aunque es un territorio de tránsito y destino. También de origen.

La Pobreza y los conflictos armados

Las redes aprovechan la pobreza y los conflictos de los países para captar a las víctimas. En el caso de la explotación sexual, explica Calvo, está aumentando la llegada de mujeres desde Nicaragua y Venezuela, cuando hace unos años procedían del Este de Europa.

Son hechos que constatan las investigaciones, que también han constatado cómo los “malos” aprovechan las redes de inmigración irregular para traer a mujeres y menores para ser explotados.

Las redes sociales también están cumpliendo su papel en la fase de captación sin que los miembros de las redes tengan que desplazarse.

Y lo peor, subraya Calvo, es que para las víctimas es prácticamente imposible zafarse de las garras de estas organizaciones criminales, que las mantienen atadas a una deuda por su traslado, alojamiento y manutención que va engordando cada día.

La esperanza: la sensibilización de la sociedad y que se atrevan a denunciar, pero algunas ni siquiera son conscientes de que no se están respetando sus derechos.