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Pacto para formar a operadores jurídicos contra la violencia de género


(Tiempo de lectura: 1 - 2 minutos)

Los ministerios de Igualdad y Justicia han firmado un acuerdo para definir y desarrollar una estrategia en común para la formación de los operadores jurídicos en materia de prevención, detección y tratamiento de la violencia contra las mujeres.

La colaboración, según recoge el acuerdo suscrito el 9 de diciembre, será entre el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, quienes pondrán en marcha un plan para impartir formación a los cuerpos de letrados de la administración de Justicia, médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) y otro personal de Justicia en este centro.

CEJ divulgará protocolos de actuación y coordinación

Además de definir y poner en marcha la estrategia para la formación en materia de prevención, sensibilización y formación en violencia contra las mujeres, el acuerdo comprende que el CEJ difunda las campañas de Igualdad relacionadas con los ámbitos de actuación de estos profesionales, informan ambos ministerios en un comunicado conjunto.

También divulgará, a través de sus canales, los recursos, medios y programas específicos de atención, así como los protocolos de actuación y coordinación necesarios para la mejora de las intervenciones de estos operadores jurídicos.

Tiene una duración inicial de cuatro años, aunque se podrá prorrogar por acuerdo de las partes, por periodos anuales, durante un máximo de cuatro ejercicios adicionales.

El convenio es «una de las medidas esenciales» impulsadas a través del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, según la titular de Igualdad, Irene Montero, para quien con la firma se da «un paso más» en la puesta en marcha de acciones conjuntas para mejorar la sensibilización, prevención y detección de esta lacra también en el ámbito jurídico.

Para la ministra de Justicia, Pilar Llop, “es una herramienta clave» para profundizar en la formación en igualdad y la lucha contra la violencia de género «hacerla de largo recorrido y poder evaluar el impacto de las acciones formativas”.

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