El juez une al caso Borràs la condena por narcotráfico del amigo que contrató

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Jordi Seguí acuerda nuevas diligencias solicitadas por la Fiscalía y las defensas de la causa, en la que se investiga si Borràs adjudicó de forma irregular 18 contratos a dedo a su amigo Isaías H., entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILL).

El pasado mes de marzo, el juez dejó a Borràs a un paso de juicio por los delitos de prevaricación, fraude administrativo, malversación de caudales y falsedad en documento mercantil, pero posteriormente revocó la resolución, a raíz de un recurso de su defensa, y dio oportunidad a las partes para solicitar más diligencias.

Entre las nuevas diligencias, el juez acuerda que se aporte a la causa la hoja de antecedentes penales de Isaías H. y la sentencia en la que la Audiencia de Barcelona lo condenó en 2018 por tráfico de drogas y falsificación de moneda, un fallo que es firme dado que el investigado -en cuyo domicilio se encontró marihuana y estupefacientes sintéticos- asumió los hechos y pactó la pena con la Fiscalía.

La incorporación de ambos documentos a la causa contra Laura Borràs ha sido solicitada al juez por la Fiscalía, que también pide que se aporten las pruebas halladas por la policía en el registro del domicilio de Isaías H.

Asimismo, el juez ha citado a declarar para el próximo 24 de mayo como testigo a Joan M., jefe de contratación del Departamento de Cultura que ha sido propuesto como testigo por una de las defensas en relación con una reunión que mantuvo con Borràs acerca de la modalidad contractual que debía emplearse en el ILL.

El mismo día ha citado como investigado, a petición de su defensa, a Roger E., trabajador de la Institució de les Lletres Catalanes -y desde 2016 responsable de la gestión administrativa- que el juez sospecha facilitó la supuesta adjudicación irregular de los contratos.

Roger E. ya compareció como imputado ante la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que investigó el caso antes de que en 2019 decidiera elevarlo al Supremo dada la condición de aforada de Laura Borràs, entonces diputada del Congreso y que dejó el escaño para asumir la presidencia del Parlament.