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Izquierda Socialista pide la aplicación inmediata del artículo 155 a la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una imagen de archivo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una imagen de archivo.

Izquierda Socialista ha emitido un contundente comunicado en relación con las medidas tomadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre confinar parcialmente algunos barrios obreros de la capital y de algunos municipios, porque a su juicio representan un ejemplo más del rechazo a los pobres practicado por el Gobierno de Ayuso-Aguado, sustentado por VOX. Recogemos lo esencial de dicho comunicado:

Desde esos barrios, donde se confina a la población, salen todos los días decenas de miles de personas asalariadas para trabajar en zonas de alta actividad económica y productiva, muchas de ellas en los distritos de alto nivel económico. Su actividad es imprescindible para el funcionamiento de servicios esenciales, el comercio, la industria, la sanidad, la educación, la dependencia, etc. Su traslado se produce a través del transporte público: Metro, Cercanías RENFE o EMT, que mueven diariamente una media de 1.871.058, 950.000 y 1.104.824 personas respectivamente; donde viajan hacinadas ante las bajas frecuencias que estos servicios están ofreciendo en las horas punta de los desplazamientos y de cuya modificación nada se ha oído.

Cuando vuelven después de una extenuante jornada por una retribución miserable, pues no podemos olvidar que el sueldo más frecuente es España es de 17.482 €/año, cuando los 125 ejecutivos mejor pagados del sector financiero cobran 2.400.000 €/año en promedio, 137 veces más, y un diputado del Parlamento de Estrasburgo unos 274.000 €/año, se encuentran con una vivienda de pequeño tamaño donde conviven nuevamente hacinados con su familia. ¿Cómo piensa la presidenta Ayuso que van a mantener la distancia de seguridad para evitar la propagación del virus? ¿Cree Aguado que no les gustaría ser vacuna para los suyos? Ello sin olvidar que una parte significativa de la ciudadanía está en la más estricta pobreza y el único trabajo o supermercado al que pueden acudir es al cubo de la basura.

La pobreza provocada por la desigualdad de las políticas neoliberales sería la autopista por la que se propaga el COVID-19. Según IS se puede comprobar en la prensa con los datos de Suecia, de USA o de Singapur, no digamos ya si consideramos los de Brasil o la India. Y a la Sra. Ayuso no se le ocurre más que aislar a esa población desfavorecida económicamente con la pretensión de que desaparezca ¿Cómo? Es muy fácil de imaginar.

Ninguna de las medidas necesarias para controlar la pandemia planteadas por los expertos tanto a nivel nacional como internacional, así como por la OMS, se han puesto en práctica por su gobierno, el cual tiene las responsabilidades en sanidad, dependencia y educación desde el siglo pasado.

Falta de material

Ante la crisis de la pandemia desatada en el mes de marzo el gobierno de la Comunidad gastó unos 52,3 millones de euros para comprar en China material sanitario. El primer avión, que estuvo desaparecido 11 días, llego el día 2 de abril, 16 días después de decretarse el estado de alarma. Tampoco sabemos qué parte de ese dinero se transformó en material, qué parte quedó como beneficio de los intermediarios en el proceso de compra, o qué parte se perdió. Indudablemente todo esto tiene su origen en la deslocalización de la producción empresarial, para la obtención de grandes beneficios a corto plazo, un efecto de las políticas neoliberales de las que el PP es abanderado. Esto es lo que la Sra. Ayuso llama una eficiente gestión.

Muertes masivas en residencias de la tercera edad

Durante los meses de marzo y abril se produjo una hecatombe en las residencias de la tercera edad. La red madrileña, en la que el 87,6% de las plazas son privadas, sufrió la pandemia con especial crudeza. Son centros con plantilla insuficiente y mal retribuida, carentes de medicalización, donde las personas ancianas murieron abandonadas a su suerte, con el plácet de la Comunidad de Madrid, única responsable de las mismas, que llego a dar órdenes de no derivarlas a los hospitales cuando tenían síntomas. En este momento el número de fallecimientos está en 5.984, el 66,5% del total; es decir, una tasa de mortalidad del 11,5% mientras la tasa general calculada para el COVID19 es de1,38%. Demostración palpable de que el modelo privatizado desarrollado por el PP en este último cuarto de siglo es un fracaso sin matices, para las y los dependientes de él; aunque evidentemente cumple su objetivo, enriquecer a los inversores, cuya sede social, en muchos casos, está en paraísos fiscales para evitar los impuestos. A esto contribuyó el Gobierno de la Comunidad regalando más de 20 millones de euros a las empresas por plazas que no se estaban ya usando debido a las bajas por deceso.

Falta de rastreadores

Tampoco se ha puesto en marcha un mecanismo eficiente de rastreo. La Universidad John Hopkins propone unos 30 rastreadores por cada 100.000 habitantes para conseguir efectividad en el control de la pandemia, que aplicado a nuestra Comunidad representaría unos 2.000 efectivos. En Madrid, según datos del propio Gobierno, hay a día de hoy entre 500 y 800, ¡no saben exactamente cuántos tienen! Sin embargo, no se están contratando con la previsión necesaria desde hace meses y se ha externalizado el pasado 10 de agosto una parte del servicio con Quirón Salud por 194.223,15 € para 22 rastreadores durante tres meses; es decir 8.828 €/rastreador, lo que nos viene a decir, a la vista de lo que ganan los auxiliares de clínica, que el 50% es el margen comercial para Quirón. En esto se basa la colaboración publico privada: pagar el doble para recibir lo mismo.

Abandono de los centros de atención primaria

El elemento fundamental para el seguimiento, para el control de la pandemia y para evitar el colapso de los hospitales son los centros de atención primaria que están absolutamente abandonados. Algunos han tenido que cerrar y los que siguen abiertos están sin dotación de personal suficiente debido a las platillas recortadas previamente a la crisis, la derivación de sus efectivos para cubrir otras necesidades y a las bajas médicas por infección de su personal. Hacen falta profesionales de la medicina de todas las categorías profesionales y personal administrativo para mantener la atención primaria a pleno rendimiento, no solo para el control de la pandemia sino también para el resto de las patologías. Esto ni a la presidenta ni a sus socios les importa nada o quizá están esperando su colapso para hacer otro contrato con Quirón Salud o con otra empresa de algún conocido del sector.

Abandono de los hospitales

Las externalizaciones llevadas a cabo en los años precedentes han llevado a la mercantilización de la sanidad, algo que ha demostrado no generar eficiencia ni abaratamiento de costos. Muy al contrario, la sanidad privatizada en cualquiera de las fórmulas puestas en marcha por Esperanza Aguirre, han sido un fiasco económico y asistencial. No hay nada más que ver las camas vacías en los hospitales externalizados. El número de camas hospitalarias ha pasado de 15.531 en 2012 a 14.334 en 2018, de las que solo eran funcionales 12.565, un descenso de 1 de cada 5. Madrid ha conseguido el sorprendente milagro de que aumente el número de hospitales y se reduzca el número de camas.

Despilfarro en instalaciones innecesarias

Ante este desastre provocado por políticas fracasadas en todo el mundo, la presidenta ha seguido su ruta montando un espectáculo en el IFEMA que ha salido por 19,4 millones de euros, el triple de lo que hubiera costado lo mismo en la red existente. Claro esos 13 millones de margen comercial no se hubieran repartido en las cuentas de beneficios de DHL, Eurest Colectividades, Clece-ACS, Sociedad Española de Carburos Metálicos, Air Liquide, Helthcare España, Severiano Servicio Móvil y Ferrovial. Ahora con el nuevo hospital de Valdebebas estamos ante el inicio de otro nuevo fiasco que ya se ha tragado 50 millones de euros para solo 1.000 nuevas camas, cuyos beneficios se los llevarán 14 empresas, entre ellas Ferrovial, Sacyr, Dragados y San José, y ni siquiera se recuperarán las camas cerradas desde 2012.

Retraso en los resultados de las pruebas PCR

La falta de planificación ha llevado a retrasos inadmisibles para el control de la epidemia en la detección de los infectados activos mediante pruebas PCR, tanto a la hora de realizarlos como en la obtención de resultados, algo fundamental para el aislamiento de los portadores activos. Esta incompetencia nos está llevando a situaciones extremas de incertidumbre en los centros escolares con el inicio del curso. Evidentemente no parece aconsejable invertir recursos para hacer pruebas serológicas masivas si no hay una sospecha de infección, como se ha demostrado en Torrejón de Ardoz, cuyo alcalde puso en marcha una operación de 3,5 millones de euros con Ribera Salud, con unos tests serológicos de baja fiabilidad al doble de coste del mercado. Un auténtico fiasco que no ha servido para nada a la vista de los datos de infección actuales en el municipio. ¿Cómo se van a hacer 1.000.000 tests y en cuánto tiempo?

Se podrían detallar muchos más desastres de la gestión en la pandemia de la Comunidad de Madrid, pero es innecesario ante las últimas medidas de confinamiento en los barrios obreros de Madrid. Esta medida va a ser otro desastre, porque es imposible aislar a todo el personal que trabaja para que esta Comunidad funcione. Las medidas necesarias son las que no se toman: medicalización de las residencias, número suficiente de efectivos para rastreo, funcionamiento al 100% de los centros de atención primaria, incremento de las frecuencias en el transporte público, dotación de medios humanos y materiales en los hospitales públicos, diligencia en la realización de las pruebas serológicas y PCR, y planificación de la vuelta a las aulas con las plantillas suficientes de personal para reducir las ratios en los grupos escolares.

Todo eso no se está haciendo y el problema es que se traduce en muerte y con la ciudadanía fallecida no se puede hacer ya nada.

Desde Izquierda Socialista de Madrid se considera que es urgente la intervención por el Estado de la Comunidad Autónoma a través de la apertura del procedimiento para llevar al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El confinamiento selectivo de los barrios obreros es la medida que ha dejado obsoleta la presentación de una moción de censura. Hasta el vicepresidente Aguado ha pedido ayuda para resolver su propia incompetencia y ha llegado el momento de dársela.

Mientras tanto, las aportaciones económicas del Estado para paliar los efectos de la pandemia deben ser controladas para garantizar que no acaben en el bolsillo de algún empresario o en la cuenta de beneficios de un fondo de inversión en un paraíso fiscal y se usen para ayudar a la ciudadanía que está siendo masacrada.