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El Pacto de Toledo renueva recomendaciones con mayoría


La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, ha aprobado por amplia mayoría el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, con la renovación de las Recomendaciones que establecen el marco necesario para adoptar cuanto antes las medidas que aseguren el presente y el futuro de las pensiones en nuestro país. Únicamente ha votado en contra Vox y se han abstenido ERC y Bildu.

Con este acuerdo, la Comisión del Pacto de Toledo consigue su principal objetivo de alcanzar un consenso político para garantizar mediante reformas continuas el futuro y la sostenibilidad social y económica de nuestro sistema público de pensiones, que junto al acuerdo en la mesa de diálogo social, constituirá garantía de viabilidad.

“Hoy hemos contribuido a dar certidumbre, confianza y esperanza en el presente y futuro del sistema público de pensiones para pensionistas presentes y futuros”, celebró la Presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y diputada por Guadalajara, Magdalena Valerio.

“El sistema público de pensiones es un sistema sólido y robusto, es uno de los pilares del sistema de bienestar y hoy se ha dado paso importante para seguir apostando por la sostenibilidad social, financiera, jurídica y política de nuestro sistema público de pensiones, resumió.

“Si queremos conseguir que nuestro sistema público de pensiones sea fuerte, robusto y garantizar el presente y el futuro es fundamental que se base en dos pilares: el acuerdo y el consenso político y el diálogo y el acuerdo social”, ha subrayado.

Tras recordar que el Pacto de Toledo se aprobó el 6 de abril de 1995, consideró “una buena manera de celebrar el 25 aniversario con esta tercera renovación del mismo”, esperando que en noviembre puedan llevarse a la aprobación del pleno estas recomendaciones.

“Ha sido un trabajo en equipo”, subrayó Valerio, que recordó el contexto de pandemia en el que se consiguen aprobar estas recomendaciones, con mensajes de condolencia y apoyo a los afectados, y agradecimientos a diputados y diputadas y trabajadores que han contribuido con su trabajo desde la XII Legislatura a que salga adelante esta renovación. Además, al margen de lo votado por cada grupo, puso en valor “el diálogo tranquilo, el respeto y que se puede discrepar sin necesidad de caer en insultos”.

Un antes y un después

“Se marca un antes y después con estas recomendaciones”, destacó también la portavoz socialista de Pacto de Toledo, y diputada por Barcelona, Mercè Perea, coincidiendo con Valerio en resaltar el “triunfo colectivo” que supone el resultado del trabajo de estos años y el consenso alcanzado en el acuerdo, que dan “certidumbre”.

“Para España, para la sociedad española, poder hablar de consenso y decir que en el Congreso estamos llegando a acuerdos, es la mejor noticia, porque tenemos frente a nosotros una pandemia que está golpeando duro y tenemos que adoptar medidas conjuntamente”, subrayó, celebrando que haya una mayoría muy importante que secunda estas recomendaciones, “dirigidas a garantizar la sostenibilidad del sistema económica, financiera y social”, y que supone el respaldo de más del 80% de los diputados y diputadas.

“El sistema es sostenible y las pensiones han de ser dignas y suficientes”, ha subrayado Perea, incidiendo en que “los PGE ya en 2019 marcaban un camino, y estos actuales marcan el mismo camino”.

La portavoz socialista de Pacto de Toledo destacó dos aspectos que se dejan muy claros en las recomendaciones: que “el IPC es el mecanismo de revalorización”, y que “se marca una línea roja, porque el sistema se basa en los principios de reparto y solidaridad intergeneracional, suficiencia, y no admitimos transformaciones radicales del sistema”. Además, lanzó un mensaje muy claro a los jóvenes: “los jóvenes son los actores fundamentales del sistema, ellos se han de creer que este sistema es factible”, y otro a los agentes sociales, “son fundamentales para que este acuerdo acabe por fraguar”.

20 Recomendaciones

Las 20 Recomendaciones aprobadas contemplan cuestiones fundamentales, partiendo de la reafirmación de la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones rechazando la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización (recomendación 0). Se consolida la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero -las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas y la financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ha de efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado- (Recomendación 1).

Se defiende el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones mediante la revalorización anual en base al IPC real, así como su garantía por Ley (Recomendación2). Se mantiene el Fondo de Reserva, y su disposición y uso debe constreñirse estrictamente al pago de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social (Recomendación3).

También, compromiso de continuar avanzando hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del Régimen General (Recomendación 4). Se aconseja la evaluación progresiva del período de cálculo de la base reguladora de las pensiones, así como de la ampliación del periodo cotizado exigible actualmente en vigor (Recomendación5).

Atención a diferentes colectivos

Se señala que el sistema de incentivos debe concentrarse en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma especial, como víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o mayores de 55 años (recomendación 6). En cuestiones de gestión se indica entre otros aspectos que debe darse cumplimiento a las obligaciones de información de modo que cada persona trabajadora pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión (Recomendaciones 7, 8 y 9).

Las recomendaciones abordan la lucha contra el fraude (Recomendación 10); la necesidad de preservar y reforzar el principio de contributividad sin menoscabo de la solidaridad del sistema (Recomendación 11); y la edad de jubilación, fomentándose la permanencia de trabajadores en activo y atender a las situaciones de vulnerabilidad que la prolongación de la vida laboral pueda generar en determinados colectivos (Recomendación 12)

En cuanto a las prestaciones de viudedad y orfandad, se plantea de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones, manteniendo su carácter contributivo y apuntándose a reformas de la pensión de viudedad encaminadas a suprimir toda discriminación injustificada en caso de parejas de hecho (Recomendación 13). Las recomendaciones también tratan sobre solidaridad, garantía de suficiencia y sistemas complementarios (Recomendaciones 15 y 16).

Se incluyen medidas para mujeres y jóvenes, buscándose equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres, y potenciar la corresponsabilidad entre géneros concretamente (recomendaciones 17 y 17bis). También se atiende a personas con discapacidad, favoreciéndose su acceso al empleo, proponiéndose la compatibilidad de la percepción de las pensiones por incapacidad permanente con la realización de un trabajo (Recomendación 18). Se habla de las personas trabajadoras migrantes para apoyarse los puentes de inmigración legal para satisfacer la demanda del mercado laboral español (recomendación 19).

También atención a plataformas digitales y la economía informal, los falsos autónomos y la infracotización. (Recomendación 19bis).

Y finalmente, se habla del control parlamentario del Pacto de Toledo. El Gobierno debe comparecer anualmente ante la Comisión para informar de la situación puntual de la Seguridad Social en relación con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas. Transcurridos cinco años, el Congreso habrá de proceder a una revisión general de las recomendaciones, así como evaluar su grado de cumplimiento (Recomendación 20).