El tándem nacional populista: tu insulta, que yo señalo

La aprobación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso y los impuestos a los sectores energético y financiero han superado de nuevo los apoyos de investidura, poniendo en valor la capacidad del gobierno de recabar apoyos parlamentarios y garantizarse con ello la agenda legislativa, pero sobre todo de asegurar la culminación de la legislatura, nada menos que con el colofón de la presidencia española de la Unión Europea.

En este sentido, la situación económica, a pesar de las incertidumbres de la guerra y del malestar social de la crisis energética y la inflación ha dejado de ser tan solo una debilidad del gobierno y una fortaleza de la oposición y de su relato de ruina y furia, para adentrarse en el terreno de las alternativas y por tanto más equilibrado.

La agenda económica ante la escalada inflacionista ha culminado con el anuncio del acuerdo de buenas prácticas con el sector bancario sobre la subida de las hipotecas que más afectan a trabajadores y sectores medios, que si bien ha provocado diferencias de valoración entre los partidos de la coalición de gobierno, éstas no han sido ningún obstáculo para su aprobacion.

Los presupuestos han coincidido finalmente en un pleno maratoniano con la toma en consideración de la proposición de ley para la supresión del delito de sedición en el código penal, una medida lógica en el contexto europeo y oportuna en el proceso de normalización política en Cataluña, que sin embargo trasmite de nuevo la impresión de una excesiva dependencia del gobierno con respecto a las condiciones de Esquerra Republicana para la aprobación del proyecto presupuestario.

Aunque ha sido ante todo la accidentada entrada en vigor de la ley integral contra la violencia de género la que ha corrido el riesgo de dividir a la coalición ante las primeras decisiones de rebaja de penas en los tribunales y su amplificación en los medios de comunicación, ante las que inicialmente algunas ministras del PSOE expresaron su disposición a revisar e incluso reformar la ley, finalmente orilladas por la llamada a la calma del Presidente del gobierno en espera de las resoluciones del Tribunal Supremo. 

Unas diferencias que se han acentuado de nuevo en el propio seno de Unidas Podemos en torno a una supuesta ambigüedad o falta de contundencia  de la vicepresidenta Yolanda Díaz en su defensa de la ley y de la ministra de igualdad Irene Montero, algo que finalmente también ha pasado a un segundo plano ante la ofensiva y los insultos de la ultraderecha que han provocado de forma inmediata el cierre de filas de la izquierda, de la mayoría de investidura y de parte de la oposición conservadora.

El principal error quizá haya sido reaccionar defendiendo el mantra del populismo penal frente a la filosofía integral de protección a las víctimas y de prevención y rehabilitación de agresiones y agresores, que son las más adecuadas para hacer prevalecer el consentimiento y luchar con mayor eficacia frente a la violencia sexual contra las mujeres y la lacra del machismo. 

En el ámbito de la oposición política de las derechas, sigue destacando su coincidencia en la estrategia de fondo de deslegitimación del gobierno y la llamada guerra cultural nacional populista, así como el reparto de papeles entre ellas. Por un lado la ultraderecha de Vox se ha dedicado a insultar a la ministra de igualdad en torno a la ley del solo sí es sí con el mismo arsenal de acusaciones de la ultraderecha QAnon de los USA desde posiciones clasistas y machistas entre las que destacan lindezas del cariz de su complicidad con la violación y la pederastia.

La catarata de insultos machistas en la sede parlamentaria, forma parte además de una estrategia conscientemente de la ultraderecha orientada al objetivo de continuar con la sistemática degradación de la imagen pública del Congreso de los Diputados y el cuestionamiento de la legitimidad de sus mayorías y de sus leyes entre una parte de los ciudadanos. Por otra parte, el Partido Popular ha preferido señalar uno a uno a los diputados socialistas, que unánimemente ha apoyado la reforma del código penal para la supresión del delito de sedición, con el objetivo último de hacer de ellos un elemento fundamental de su campaña preelectoral en municipios y Comunidades Autónomas, algo similar a lo que ya hicieron en su momento con sus referenda callejeros frente a la legitimidad de la reforma del Estatut de Cataluña, pero con el agravante de la personalización y el señalamiento político. Por si esto fuera poco han vuelto a sacar el fantasma de ETA aprovechando el traspaso de la competencia de tráfico a la Comunidad de Navarra. En resumen: la estrategia antipolítica y antidemocrática del nacional populismo.

Por eso, ambos se han echado unos a la calle y otros a los mítines para compensar su debilidad parlamentaria con la agitación popular, todo para continuar con la deslegitimación del gobierno y anunciar anticipadamente el fin de la legislatura de la izquierda en base a las encuestas. Sin embargo, esta estrategia de agitación para convencidos tiene como principal inconveniente el refrescar la memoria de la mayoría de la torpeza de los gobiernos de la derecha en la gestión de la diversidad territorial, y no solo en Cataluña, y con ello de circunscribir sus futuras alianzas exclusivamente a los hermanos separados de la ultraderecha.