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Del gobierno compartido al compartimentado


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Recientemente, en el contexto de la aprobación de los terceros presupuestos que garantizan la gobernabilidad durante un último año de la legislatura eminentemente electoral, dentro del gobierno de coalición se han precipitado una serie de conflictos afectando a varias de las carteras ministeriales, que corren el riesgo de distorsionar su imagen en un momento decisivo, pero que remiten también al contexto populista y a su modelo de cogobierno o gobierno compartido acordado al inicio de la legislatura, que es urgente corregir.

Entre estos problemas han destacado en fechas recientes la gestión de la tragedia en la valla de Melilla por parte del ministerio de interior y algunas de las iniciativas del ministerio de igualdad, en particular las contradicciones de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. También han sido públicas las discrepancias entre el ministerio de seguridad social y el de trabajo en relación a la segunda reforma de las pensiones y de éste último con respecto al acuerdo del ministerio de economía sobre el nuevo código de buenas prácticas con la banca para mitigar la repercusión de la escalada inflacionista en los créditos hipotecarios y finalmente las diferencias en el accidentado trámite parlamentario de la ley Trans y de la ley mordaza.

La tragedia de decenas de muertos sin derecho de asilo ni asistencia sanitaria en la valla de Melilla ha acentuado las diferencias en torno a la política migratoria y la prioridad de la defensa de los derechos humanos, más en concreto con las devoluciones en caliente que también forman parte de la tramitación, hasta ahora paralizada, de la ley mordaza, así como sobre la relación preferente con Marruecos decidida unilateralmente por el presidente Sanchez, rompiendo con elle los tradicionales equilibrios de la diplomacia española en defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y las relaciones con su aliado argelino. La impresión es que hay asuntos de la gestión del gobierno que no se comparten entre los ministerios directamente implicados y ni tan siquiera se hablan en las reuniones semanales de subsecretarios ni en el consejo de ministros, bien sea con objeto de buscar acuerdos o cuánto menos para atenuar y gestionar las diferencias.

Unos meses antes se dieron los desacuerdos ligados a la invasión y la guerra de Ucrania, con una posición diferenciada entre el PSOE y Unidas Podemos en cuanto al envío de armas, y el posterior protagonismo del presidente del gobierno en la cumbre de la OTAN, junto al relanzamiento de los compromisos en materia de defensa que luego se tradujeron en algunas tensiones presupuestarias, es verdad que mucho menores de las previstas.

Se puede argumentar que estas diferencias tampoco son nuevas incluso dentro de gobiernos de un solo partido, no solo por las sensibilidades presentes en su seno, sino por los distintos enfoques de la misma materia por ejemplo entre el ministerio de Hacienda y los ministerios sociales, así como entre los ministerios económicos y los de medio ambiente y consumo o entre los de justicia y seguridad. También es verdad que, en el caso de las coaliciones de gobierno, una cosa es la letra del programa común y otra bien distinta su desarrollo legislativo y la gestión concreta por parte de ministerios encabezados por una u otra fuerza política.

Pero más allá de las contradicciones habituales entre el programa y la gestión por parte de ministerios encabezados por dos fuerzas de tradiciones, proyectos y estrategias diferentes, sin embargo en el caso de España no solo ha sido lo novedoso de la primera coalición en toda la democracia del setenta y ocho, sino sobre todo la decisión, no tanto de compartir un proyecto y una coalición para desarrollarlo, sino más bien la de limitarse a un gobierno cogobierno y como consecuencia la compartimentación del programa, la estrategia y de la gestión en dos áreas separadas dentro del mismo gobierno. Así, en un principio los principales retos en el funcionamiento de la coalición han estado ligados a la estrategia de alianzas y al reparto del protagonismo entre el presidente y el vicepresidente del gobierno. El uno pragmático y con guiños al comodín del centro derecha y el otro ideológico y con la mayoría de investidura como única alianza posible.

De este modo la presidencia, las vicepresidencias, los ministerios de Estado y la mayoría de las políticas  han quedado finalmente en manos del PSOE y una vicepresidencia, los ministerios de trabajo, política social, consumo e igualdad bajo la dirección de Unidas Podemos. Y es que el populismo tiene horror al terreno compartido y solo construye yuxtaposiciones.

Todo ello como consecuencia del ciclo populista en el que asistimos no solo a una devaluación del papel central del parlamento como cámara de la palabra, el diálogo, la negociación y el acuerdo, transmutado sobre todo en un ámbito de escenificación de la confrontación y la polarización políticas. Una dinámica favorecida por el personalismo, la simplificación y la polarización de los nuevos y de los viejos partidos . Y en la que ambas favorecen también a una suerte de parlamentarización del gobierno entre los dos, y quizá a partir de ahora cada vez más los tres partidos de la coalición, con el añadido del presidente del gobierno como primus Inter pares. En definitiva, la conjunción de la compartimentalización de la gestión y del presidencialismo.

A pesar de ello, la iniciativa legislativa y el balance de importantes reformas sociales, laborales y de nuevos derechos y libertades del gobierno de coalición ha sido hasta ahora sin duda algo muy reseñable. Sin embargo, si bien el debate parlamentario y la fuerte controversia forma parte de un parlamento vivo y pluralista, no ocurre así en el gobierno, en detrimento de su necesario funcionamiento eminentemente ejecutivo y de gestión, así como de la coherencia en su imagen.

La evolución posterior no ha hecho más que consolidar los ministerios de cada fuerza como compartimentos estancos con prioridades, agenda, alianzas y proyectos de ley propios e incluso a veces contradictorios entre sí, que como en los temas comentados, cuando no se acuerdan en el gobierno, obligan a renegociar y reconfigurar mayorías, más o menos congruentes, en el parlamento y ante la opinión pública.

Por otra parte, para complicar aún más la ecuación de la coalición, desde fuera del gobierno y como consecuencia de las diferentes estrategias políticas y electorales que van a ir reconfigurando todo el espacio de Unidas Podemos al ir cuajando el proyecto Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz, se han ido sumando agravios  con el protagonismo público cada vez mayor del exvicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, cuyo planteamiento político en defensa de la hegemonía de Podemos y de los posicionamientos más populistas genera contradicciones públicas y en los departamentos encabezados por UP en que se corre el riesgo de que el ruido prevalezca sobre el balance de una buena gestión.

Por todo esto, la solución de estos conflictos resulta trascendental, no solo para cumplir con la agenda legislativa y fortalecer la imagen del gobierno frente a la alternativa de la alianza de la derecha y la ultraderecha, sino para rentabilizar las reformas y la gestión y con ello contribuir a rectificar la deriva populista tanto por parte de los actuales partidos de la izquierda sino también en la estrategia, el proyecto y la futura fórmula de un futuro gobierno de coalición que debe desarrollar una práctica acorde con lo requerido por una democracia compleja. La superación de las categorías populistas que anuncia el proyecto de la hoy ministra de trabajo Yolanda Díaz puede contribuir a dotar de un nuevo marco a las relaciones entre la izquierda y a la política en general, ambas necesitadas de una visión a largo plazo compartida por todos los agentes políticos, sociales y cívicos. La convicción de un futuro común es el único terreno que puede sostener la institucionalidad democrática en todas sus expresiones y esa carencia es lo que hoy impide la gestión de la pluralidad tanto en el ejecutivo como en el legislativo y el judicial, alcanzando también al Tribunal Constitucional.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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