El inoportuno globo sonda de Escrivá sobre el cálculo de las pensiones

Hace unos días el propio ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, puso una vez más sobre la mesa el debate sobre la ampliación del tiempo de cómputo de las pensiones públicas de jubilación, al plantear un posible aumento hasta los 30 años de su periodo de cálculo. Este globo sonda se deja caer cada cierto tiempo y la intención es ver si alguna vez ‘cuela’ para dar una vuelta de tuerca más al modelo público de pensiones. El argumento también es recurrente: la supuesta insostenibilidad de la financiación del modelo actual.

La inoportuna propuesta del ministro Escrivá oculta que existe un superávit contable real en la Seguridad Social, tal y como ha avanzado en otros informes el Tribunal de Cuentas. Eso desmontaría la supuesta quiebra del sistema público y dejaría en evidencia a esos partidos que llevan años buscando argumentos para acabar con él

Esta última propuesta hecha pública por el ministro Escrivá resulta especialmente inoportuna. Coincide con un momento de incertidumbre en numerosos ámbitos sociales y económicos para millones de personas que padecen los efectos de unas crisis encadenadas a los que no ven término -la última provocada por las consecuencias de la guerra en Ucrania y las descabelladas subidas de las energías y algunos productos básicos- y ha cosechado de inmediato el contundente rechazo de sindicatos y los socios del PSOE en el Gobierno de coalición.

El movimiento de las personas pensionistas ha demostrado ser tremendamente activo en su movilización en defensa del mantenimiento de un poder adquisitivo de las pensiones, que siempre ha sido una de las prioridades del actual Ejecutivo y de manera muy especialmente de los socios pertenecientes a Unidas Podemos. Es otro de los motivos por el que no puede pretenderse abrir un debate desde la base de penalizar a quienes no disfrutan de recursos especialmente significativos. Antes sería necesaria una auditoría que demuestre la verdadera situación del sistema público de pensiones.

Por un lado, se indica que estamos ante un patrimonio negativo neto por cuarto año consecutivo que asciende a cerca de 68.000 millones de euros, tal y como recoge la Cuenta General de Concesión de Préstamos del Estado a la Seguridad Social, pero que no es más que una ficción contable. Paralelamente se conceden préstamos a tipo de interés cero, que se van prorrogando indefinidamente y que nunca son, evidentemente, devueltos. Lo que se hace es trasladar ese déficit del subsector Estado a la Seguridad Social. Por todo ello, habría que dejar claro que la aportación de recursos del Estado debería realizarse sencillamente como transferencias a través de los Presupuestos Generales.

Llegados a este punto, es muy importante que el Estado asuma por fin los gastos impropios que se cargan a la Seguridad Social de manera sistemática y que las transferencias dejen de considerarse préstamos para no generar esa deuda. La última revisión del Pacto de Toledo ya emplazó al Gobierno a acabar con este déficit de la Seguridad Social y solicitó hacerlo antes de acabar el próximo 2023. Insistía también en aclarar que gran parte de ese desequilibrio contable se debe a la asunción de gastos impropios por parte de la Seguridad Social. Se está incumpliendo la Disposición Adicional Sexta (de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones) que recoge la necesidad de una auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, que ya debería estar realizada.

Esa auditoría lograría reflejar que existe un superávit contable real en la Seguridad Social, tal y como ha avanzado en otros informes el Tribunal de Cuentas. Desmontaría también la supuesta quiebra del sistema público y dejaría en evidencia a esos partidos que llevan años buscando argumentos para acabar con él, planteando que la Seguridad Social no es autosuficiente y carece de garantías para cubrir todos sus ingresos. Sólo buscan abrir la puerta a las privatizaciones.

Además, todo este debate nos debería recordar la necesidad de abordar de una vez una reforma fiscal que asegure una mayor progresividad en los ingresos públicos.