Yo recuso, tú recusas

Todo ello lo hemos de rechazar con argumentos constitucionales, morales y racionales pues; máxime si conocemos ya, documentadamente, que ese mismo jurista era Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, entre 2002 y 2013, donde se otorgó en 2009 un máster falso a Pablo Casado, hoy ex secretario general del Partido Popular; y también, que regía la misma Universidad donde Cristina Cifuentes, en 2012, futura presidenta de la Comunidad de Madrid, mintió sobre un Trabajo Fin de Máster que nunca existió y que causó la condena a dos años de prisión a su asesora y a un año a una funcionaria que firmó falsamente su acreditación presionada por la anterior. El mentor académico de Pedro González Trevijano, Enrique Álvarez Conde, quien le abriera paso a la cátedra de Derecho Constitucional y luego quedó a las órdenes de su pupilo en la URJC, sería responsable del bien retribuido Instituto de Derecho Público, creado por González Trevijano, en torno al que se produjeron aquellos hechos. Álvarez Conde resultaría condenado por ello a nueves meses de prisión, que no cumplió al fallecer en 2019. Mientras, la Universidad Rey Juan Carlos se había convertido ya en la máquina de fabricar o blanquear currículos y másteres para cargos en activo o futuros dirigentes del PP.

González Trevijano fue vocal de la Junta Electoral Central, donde el PP tantas veces contravino la Ley electoral. Ese partido la conculcó reiteradamente, financiándose tantas veces con copiosas contribuciones ilegales, muy por encima de la financiación legal de los demás partidos concurrentes a las urnas. Tal financiación ilegal del PP encontró -antes o después de las elecciones así ganadas- numerosas adjudicaciones ilegales o anómalas de obra pública multimillonaria y contratas de todo tipo.

¿Tiene que ver lo sucedido ahora con el hecho de que fuera ese mismo partido el que, en 2013, cuando las irregularidades registradas en la universidad que regía comenzaban a aflorar, propusiera a González Trevijano como magistrado del Tribunal Constitucional? Su propulsor político –y judicial- fue siempre el mismo partido, signado por una hedionda ristra incesante de casos de corrupción Gürtel, Kitchen, Púnica, Bárcenas, Baltar, Naseiro, Noos…tantos otros, hasta 285 casos juzgados y sentenciados, con un coste para el erario público estimado en 124.123.915.826 euros.

¿Cómo explicar que haya sido el voto de Pedro González Trevijano el que ha decidido dar curso a una proposición alegal del PP para hacer descarrilar desde el Tribunal Constitucional la decisión del Parlamento de legislar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la del propio Tribunal? Según la legislación vigente, la propia Fiscalía del tribunal, la renovación implica el cese del propio González Trevijano al frente del TC. ¿Ha sido tal vez –o no- lo sucedido, el último gesto del jurista hacia el Partido Popular que a tan alto rango le elevó?

Son preguntas que exigen una respuesta inmediata. Tenemos derecho a ello como ciudadanos libres, informados y conscientes. Si los destinos de nuestro país están en manos como las que nos es dado observar, nuestra democracia está sin duda en peligro. Ya lo estuvo durante la pandemia, cuando la cúpula del mismo Partido Popular que propulsó al jurista intentó impedir la declaración de Estado de Alarma mientras morían centenares de enfermos por el virus del covid. O cuando desde el Tribunal Constitucional se declaró anticonstitucional el confinamiento sanitario preventivo, situación agravada ya por el descontrol de las residencias de ancianos derivada del paulatino desmontaje de la Sanidad Pública emprendido antes por los dirigentes del PP, por sus concesiones irrestrictas a los cárteles de la medicina privada, como las proseguidas por quien se enseñorea de la presidencia del Gobierno regional madrileño. Se mostraban a la sazón más preocupados por la letra de una norma que por la vida de tantos seres humanos necesitados del amparo urgente del Estado.

Desde entonces, en medio de todos los males sobrevenidos a la escena social española -la nevada Filomena, el volcán de La Palma, los efectos de la guerra en Ucrania, la consiguiente inflación, inédita, más inundaciones, desastres naturales, incendios por doquier- el directorio del PP no cejó ni un minuto en hostigar e intentar el linchamiento del Gobierno legítimo de la coalición de izquierda. Y lo hacía con el insulto zafio y perenne en la boca, crispando, añadiendo drama a los hogares sumidos en el drama de la enfermedad y la muerte, a sabiendas de que forzaba al Gobierno a distraer energías políticas y legislativas absolutamente necesitadas por los ciudadanos para afrontar tantos trances. Con ello, la plana mayor del PP perseguía histéricamente forzar el descarrilamiento gubernamental a toda costa, sin lograrlo.

Ese es el panel dirigente del principal partido de la oposición en España: el que incendió la cuestión catalana con un estúpido cambio en el Estatuto, indeseado por todos, y que hoy no puede soportar que sea este Gobierno de coalición y de izquierda el que ha desactivado aquel incendio y el del secesionismo con una política pragmática que homologa las leyes españolas con las europeas a propósito de la sedición. Es el mismo partido que no asume que el presidente socialista Zapatero acabó con el terrorismo en el País Vasco. El PP es la “organización criminal”, según los jueces independientes, que ha judicializado la política española porque su Grupo Parlamentario se sabe incapaz de defender en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con argumentos políticos sensatos, sus insensatos y antidemocráticos propósitos. Y, por ello, tira constantemente de los faldones de los jueces. El mismo partido cuyos líderes, en la mejor herencia del legado franquista, creen que el poder les pertenece, como patrimonio exclusivo y excluyente, que se torna ilegítimo cuando abandona sus sucias manos. El mismo que se propone desmontar todas las mejores leyes de progreso, de avance social, conseguidas en 40 años: el salario mínimo, la legislación de igualdad de género, la reforma laboral, la ley del aborto, la de la muerte digna…, que, cuando el PP gobernaba, fue incapaz entender las demandas sociales y de mirar hacia la sociedad a la hora de legislar. Y que tiene, además, la desfachatez de anunciar que las suprimirá si accede, alguna otra vez, al Gobierno.

Ese es el partido que ha llevado al Presidente del Tribunal Constitucional y a sus magistrados de la derecha a la posición que les permite hoy vulnerar las leyes que han de defender. Ni los dirigentes del PP ni sus acólitos son de fiar. Ese es hoy uno de los principales dramas de España. Víctimas suyas son, también, los votantes sensatos de este partido de la derecha, que se llevan las manos a la cabeza cuando descubren que a sus líderes solo les mueve el rencor por el poder perdido y no la lucha por el interés general. De ese modo, han desatendido la crítica racional que como oposición les correspondía hacer al Gobierno, fuera de histerias, insultos y zafiedades. Con cabeza y con argumentos, no con pataletas de todo tipo.

Nuevamente ha de ser hoy la izquierda política y sindical quien enseñe a la derecha cavernaria y retrógrada qué es la democracia, porque nunca supo en verdad realmente de que trata. Y también, demostrar que la política es acuerdo, pacto, consenso, inteligencia, empatía y sensatez. España no es una pulserita en la muñeca, sino una gran nación de naciones, que no merece estar sometida a la irresponsable frivolidad de quienes la escarnecen a diario y pisotean una democracia que ellos no hicieron nada por arrancar de las manos de la dictadura.

Yo recuso, tú recusas…recusemos socialmente todos y todas a quienes tanto daño está haciendo a la convivencia en España. La democracia prevalecerá. Luchamos entonces, luchamos hoy y lucharemos mañana por ella.