Victoria pírrica de la derecha en el Tribunal Constitucional

No solo instalado en los precedentes de las declaraciones de inconstitucionalidad de los estados de alarma frente a la pandemia, sino también más recientemente en la resistencia de la mayoría conservadora a dar el placet obligado a las propuestas aprobadas en solitario por el gobierno, forzado por el incumplimiento de los plazos por parte de la mayoría, también conservadora, del Consejo General del Poder Judicial.

Para ello, la mayoría del Tribunal Constitucional se refugia en un supuesto formalismo con el difícilmente logra ocultar el partidismo más descarado cuyo objetivo consiste en el cuestionamiento de la legitimidad del gobierno y de la mayoría de investidura, como argumento fundamental para mantener una mayoría espuria e incumplir el mandato Constitucional y legal de renovación de órganos constitucionales tan importantes como el Tribunal Constitucional y el CGPJ.

Finalmente, por imposición del rodillo de la mayoría contra la minoría, el sector conservador, incluidos aquellos que deberían haberse abstenido por estar directamente afectados por la aplicación de las enmiendas parlamentarias, han decidido de forma exprés y sin dar audiencia a los afectados no solo admitir a trámite el recurso de los grupos parlamentarios de la derecha contra el procedimiento parlamentario, sino aplicar medidas cautelarísimas que de forma excepcional paralizan de hecho su debate y aprobación en el Senado.

El mismo reproche que se le hace al parlamento en la sentencia por las prisas e incongruencia de las enmiendas sobre el sistema de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que ha servido para la paralización cautelar del trámite parlamentario, se podría aplicar al procedimiento del tribunal de garantías constitucionales, que en un debate de apenas diez horas, sin audiencia a los afectados ha decidido algo tan grave como paralizar la voz del parlamento, ejecutado además por una mayoría espuria con una parte de sus miembros con el mandato caducado. 

Una resolución que lejos de introducir reflexión y sosiego en la valoración de las leyes una vez su trámite ha culminado, tal y como es el papel asignado por la Constitución al Tribunal Constitucional, por el contrario se suma como uno más a la polarización política e interfiere en el debate parlamentario actuando de parte, para al final provocar con ello una crisis institucional sin precedentes.

La alternativa más constructiva, acorde con la responsabilidad y la autoridad del Tribunal Constitucional, hubiera sido, si acaso, admitir a trámite el recurso de amparo denegando las cautelarísimas, para con ello evitar la confrontación institucional y al tiempo dar lugar a la valoración del procedimiento parlamentario una vez culminado. Con ello, los afectados por la renovación hubieran evitado además un papel tan evidente como poco edificante en defensa de su interés por la permanencia en el cargo.

En definitiva, una victoria pírrica porque aparte de los daños al Parlamento y al propio Tribunal Constitucional, la aprobación de las cautelares no pueden impedir que la mayoría parlamentaria presente una proposición específica con los mismos contenidos e irreprochable desde el punto de vista constitucional, o incluso que el propio CGPJ decida elegir de una vez por todas a sus candidatos. 

Tanto daño para tan poco.

PD: El gobierno y los grupos parlamentarios de la mayoría no deberían caer en la provocación que han urdido de común acuerdo la derecha política, jurídica y mediática.