Lo que hubiéramos querido escuchar

Los mensajes navideños son ya tradición política en España. Así lo demuestras el que el Rey emite la víspera de Navidad. En esta ocasión, y una vez más, hemos asistido a la escenificación del rito navideño con mayores dosis de sensibilidad social y política que en anteriores ocasiones. Y ello a consecuencia del elevado grado de crispación inducido por un sector de la clase política española que no se aviene a aceptar las reglas de la democracia y pone así en peligro la propia institución de la Corona. La Constitución atribuye al Rey una función arbitral y/o moderadora sobre las lides políticas. Sea. Pero el arbitraje, pensemos por ejemplo en un partido de fútbol, no excluye la adopción de sanciones cuando alguno o varios de los jugadores comete una falta o lesiona gravemente a un rival. El árbitro suele y puede -en ocasiones incluso debe-, exhibir las tarjetas para sancionar una conducta no deportiva.

Arbitrar o moderar

Vemos que Felipe VI en su reciente discurso navideño parece haber optado por la vía de la moderación. Pero nadie dice que moderar implique equidistancia, sobre todo cuando uno de los factores en juego adopta la actitud de romper el código -la baraja- que lo regula. Aquí y ahora, la cúpula de la oposición política, la derecha, ha vulnerado los códigos básicos del comportamiento político democrático, mediante el recurso a maniobras arteras e ilegales que, en el caso del Consejo General del Poder Judicial y tantos otros, vulneran de manera evidente, flagrante y reiterada durante cuatro largos años, el respeto a la Constitución. La impedimenta intencionada e irresponsable de su renovación, más la del propio Tribunal Constitucional, inducidas ambas por el Partido Popular, así lo demuestran. Que el más alto tribunal del Estado prevarique, como todo indica que ha sucedido al vetar de manera insólita un debate del Poder Legislativo, impidiendo su propia renovación, es una evidencia de una gravedad sin paliativo posible.

En el deporte, un árbitro puede optar por no sancionar el juego bronco de un equipo en liza. Está en su derecho. También le asiste la posibilidad de limitarse a intentar moderar el juego. Pero, si la moderación no da resultado, debería recurrir al arbitraje ya que, de no adoptar sanción alguna cuando el juego declina hacia el descontrol, éste puede –y suele- preludiar el caos.

Si el principal partido de la oposición persiste en la actitud que arrastra desde hace cuatro años y mantiene su negativa a renovar el Tribunal Constitucional desde hace medio año, será preciso que el Rey le llame directamente al orden y, como garante del orden constitucional, según le atribuye la ley de leyes, le exija abandonar esa peligrosísima actitud que ya ha producido una de las heridas más grandes en el tejido político e institucional, y por ende, convivencial, de la reciente historia española.

Lo que algunos hubiéramos querido escuchar del Rey en su mensaje de Navidad no es tan solo una serie de juiciosas advertencias, como le hemos escuchado, sobre los riesgos que se ciernen sobre la democracia y la convivencia si no se respeta la Constitución. Hubiéramos preferido escuchar de él una condena verbal explícita a las actitudes antidemocráticas en escena. Hubiéramos querido oírle decir que la cúpula de la derecha debe admitir la legitimidad de este Gobierno, le guste o le disguste a la formación azul de la gaviota. Asimismo, no hubiera estado de más reconocer, de manera aún más extensa y explícita, los méritos de la sociedad civil española, no solo a la hora de afrontar y superar los gravísimos retos pasados a consecuencia de la pandemia, o la resiliencia del pueblo español mostrada ante los desastres naturales; sino, además, hubiera sido impagable la glosa de su atinencia a la serenidad ante la crispación atizada por sectores radicalizados e ideologizados de la oposición, enriscados en la tarea de hacer descabalgar al Gobierno democrático de coalición a cualquier precio, incluso si en tal acometida se llevan por delante el sistema de libertades, la división de poderes y la viabilidad política del país.

Gobierno coaligado que, por cierto, ha demostrado estar socialmente más cerca de la gente que nunca, por ejemplo, vacunando masivamente a la población antes que ningún otro país europeo o alzando el salario mínimo para que la gente de a pie pueda afrontar la crisis económica en mejores condiciones de autodefensa; o legislando sobre la muerte digna, la igualdad de género, el derecho al aborto o los derechos de las minorías, entre muchos otros vectores demandados por la vida social en evolución constante. Mientras esto sucedía por inducción de las bases y las cúpulas de los partidos coaligados en el Gobierno, esa oposición, las directivas de la derecha y de la extrema derecha, se empeñaban en recurrir a un Poder Judicial -bajo sospecha de parcialidad antigubernamental reiterada-, para impedir el confinamiento decidido por el Gobierno para combatir la pandemia o la aplicación del Estado de Emergencia cuando estaban muriendo decenas de miles de personas por el virus. U oponiéndose a cambiar la nefanda contrarreforma laboral del Gobierno Rajoy o anunciando que aboliría todas las leyes de contenido social aprobadas por la mayoría parlamentaria. Ni un minuto ha transcurrido desde su composición sin ese acoso incesante y angustioso perpetrado contra un Gobierno legítimo que cuenta con apoyos parlamentarios que expresan en sí mismos fuertes impulsos a la concordia y la colaboración de fuerzas políticas, nacionalistas, por ejemplo, anteriormente confrontadas y unidas hoy por la necesidad de hacer política y consensuar políticas conjuntamente.

Errores

Por otra parte, las gentes sensatas de nuestro país, que son muchas, perciben que el linchamiento sistemático al que desde el minuto uno de su composición ha sido sometido este Gobierno de coalición, el primer Gabinete de este tipo desde hace 44 años, puede haberle guiado en ocasiones hacia un auto-blindaje generador de errores políticos, precipitaciones legislativas o fallos de mayor o menor importancia. Sin duda, esa precipitación ha causado algunas disfunciones evidentes. Con una oposición cerrada en banda a todo tipo de negociación, acuerdo o cesión, caben pocas posibilidades de hacer política, tarea ésta indispensable para todo tipo de Gobierno. Mas eso puede ser considerado opinable. Otra cosa bien distinta lo es el intento de impedir por todos y cualquier tipo de medios, incluidos los ilegales y anticonstitucionales, que el Gobierno emplee medidas políticas, que como tal Poder Ejecutivo le corresponde decidir o proponer legislativamente, tendentes a desactivar problemas muy graves como el secesionismo al que se acogen dos millones de catalanes. Es de una irresponsabilidad fuera de todo límite impedir decisiones gubernamentales basadas en un pragmatismo eficaz mediante el cual ha reducido los riesgos de la reproducción ampliada del sentimiento independentista. La reciente homologación de la sedición con la legislación europea va en ese sentido. Hoy el secesionismo ha dejado de ser un tema inquietante gracias a la audacia, la astucia y la pertinencia de determinadas medidas políticas adoptadas al respecto, lejos de la vía única y punitiva adoptada en su día por el Gobierno del Partido Popular, a través del entonces ministro de Justicia, Trillo y su premeditada inducción, entonces, al Tribunal Constitucional para desmantelar los mimbres del Estatuto de Cataluña, que tanta estabilidad había propiciado hasta entonces y que tanto desmán generaría luego.

También hubiera sido reconfortante, para más de media España trabajadora, escuchar de la boca de Felipe VI el enunciado de los logros legislativos conseguidos en recientes meses, gracias a los beneficios que las políticas conjuntas de las coaliciones suelen aportar, que sitúan a nuestro país entre los adalides de los avances sociales, laboral-salariales, de igualdad de género, económicos y energéticos de Europa, que es una forma de decir del mundo.

Claro que, justo es reconocerlo, como siempre es posible decir una palabra más, nunca se puede decirlo todo. Hay medios de comunicación que valoran las advertencias incluidas en el discurso del Rey como un gran avance. Desde luego, se constata, en opinión de este escribidor, la existencia de mayores dosis de sensibilidad sociopolítica de las observadas en discursos anteriores, debido quizá a la singularidad de la polarizada ocasión presente. Bueno, todo es opinable. Pero es legítimo pensar que la prudencia de sus palabras y su muy atinada apelación a la razón para superar la confrontación en escena requerían de un complemento de racionalidad, explícito en superar la moderación con un arbitraje que incluyera la sanción siquiera verbal, pero directa y explícita, de denunciar o afear la deriva de una formación política altamente corrupta, que lleva demasiado tiempo jugando con el fuego de una deriva antidemocrática incendiaria y muy peligrosa para el convivir de los españoles de todas sus nacionalidades.

De la guerra

En otro orden de cosas, el discurso del Rey hizo hincapié en una guerra como la librada en Ucrania, donde la evidente crueldad desplegada desde Moscú al decidir la invasión, casi un año después de su comienzo, no consigue desdibujar ante la opinión pública española la unilateralidad ni las responsabilidades de quienes, desde la cúpula anglosajona, hegemónica en la OTAN, de manera premeditada y mediante muy graves amenazas de rearme, contribuyeron grandemente a desencadenar el conflicto armado. La pretensión de círculos de poder estadounidenses de reducir la Federación Rusa a un Estado fallido es una quimera irresponsable, absurda e inviable.

No siempre el apoyo a la política interior de nuestro país, avalada hoy por muchos millones de trabajadores y de sectores medios de la población, implica el aval a determinadas políticas aplicadas en la escena exterior. Condenar la invasión ilegal de Ucrania, como procede hacer, no significa avalar la plena militarización de todo el Este de Europa, por cierto, hoy en derivas políticas muy poco democráticas, como se propuso hacer y ha hecho la OTAN, integrando desde 1991 a diez países fronterizos con Rusia en esa organización político-militar que no defendería a España en caso de una conflagración inducida desde el Norte de África. Así que no conviene dar por hecho, ni mucho menos, que todos los españoles sintonizamos con lo que Washington está haciendo con Europa, debilitada por una guerra donde nuestro continente lleva todas las papeletas económicas y políticas para perder, mientras Washington las lleva todas para ganar, como estamos viendo. Europa no puede descartar el jugar un futuro papel arbitral en el desenlace de esta guerra, sin renunciar a dotarse de una defensa propia, sin injerencias foráneas de ningún tipo. “América del Norte para los americanos del Norte”, ahora si cabe remedar esta frase. Y Europa para los europeos, podemos afirmar hoy. La europeidad y la democracia forman parte de nuestro ADN, vino a reconocer el Rey en su mensaje.

Hay quien dice que el linchamiento sistemático contra el Gobierno desplegado por la oposición de la derecha y la extrema derecha ha conseguido, premeditadamente, que el sector hegemónico del Gobierno coaligado se alinee con Washington en aspectos relevantes de su política exterior. Tal hipótesis podría quizás explicar algunas, si no muchas, cosas raras de las sobrevenidas y por sobrevenir en la política en nuestro país, sin quitar la vista de lo acaecido recientemente respecto de nuestro vecino sureño. Empero, las hipótesis son eso, meras hipótesis. Confiemos en que alguien con autoridad y criterio las desmienta -o corrobore- cuanto antes.