El Estado de la derecha frente al Estado de Derecho

El PP ha presentado como regalo de reyes una proposición de ley en el Congreso de los diputados, al modo de una ley de punto final frente al mandato constitucional de renovación del Consejo General del Poder Judicial durante esta legislatura. Un pronunciamiento en su sentido clásico, más que una propuesta, donde la derecha resume su concepción de la independencia del poder judicial como monopolio conservador, al margen de la voluntad popular y como contrapoder de los gobiernos, los parlamentos y las mayorías progresistas.

La derecha lo hace después de nada menos que cuatro años de bloqueo y un rosario de excusas, a cada cual más peregrina y contradictoria. La primera por la composición del propio gobierno de coalición y la última por las iniciativas del gobierno de reforma de la sedición y la malversación en el código penal, y ultimamente con el mantra de que sean los jueces los que elijan a los jueces. Una proclama de selección corporativa que la ley no contempla desde 1985, sino como capacidad de propuesta de las asociaciones judiciales entre los que luego elige el parlamento como sede de la voluntad popular como reflejo de la democracia representativa y en defensa de la pluralidad. Algo que el PP tampoco ha cambiado cuando ha tenido oportunidad de gobernar.

Cabría advertir que el CGPJ no es un órgano de representación sino un órgano de gobierno político, cuya legitimidad no tiene origen ni fundamento corporativo sino que, como poder que es de nuestro Estado social y democrático de derecho, deriva de la voluntad popular expresada en la urnas.

El bloqueo de la derecha a la renovación del CGPJ cuando no gobierna se ha convertido ya en una costumbre, que ha favorecido no solo la prolongación de una mayoría espuria durante más años de los que la derecha ha gobernado, y que ha aprovechado para ampliar y consolidar su mayoría al frente del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y de las Audiencias Provinciales. Una verdadera ocupación de los principales cargos judiciales, que aunque no es estrictamente poder judicial tal y como lo contempla la Constitución: la independencia de los jueces y magistrados para instruir y juzgar, sí constituye una forma de poder sobre los jueces y de éstos sobre el resto de los poderes del Estado, que como una suerte de reminiscencia del antiguo régimen la derecha populista entiende y en el que en consecuencia pretende mantener el control.

Como cortina de humo el PP incluye en su propuesta una serie de requisitos, de méritos y de incompatibilidades para acceder al órgano de gobierno de los jueces que por otra parte abundan en esta concepción del Consejo cómo gobierno de un poder endogámico y no como un servicio público a los ciudadanos.

Por eso, en las dos únicas ocasiones en que parecía haber fraguado un acuerdo para la renovación del CGPJ ha sido el pripo Partido Popular el que se ha encargado de malograrlo, bien por una filtración tan desafortunada como oportuna, de uno de sus dirigentes o por las presiones de sus sectores más beligerantes en la política, la judicatura y en la prensa más conservadoras frente a la legitimidad de la izquierda.

En todo caso, la causa última de la negativa a la renovación institucional y más en concreto del CGPJ siempre remite a lo mismo: El cuestionamiento de la moción de censura primero y luego del resultado de las elecciones generales y como consecuencia el rechazo a la legitimidad de la mayoría parlamentaria y del gobierno de la izquierda.