Las dos versiones del nacionalpopulismo

El caso de las medidas de disuasión y coacción al derecho de las mujeres al aborto, como un reflejo de la organización fundamentalista Hazte Oír y de las medidas del gobierno de Orban en Hungría ha vuelto a poner encima de la mesa las consecuencias del blanqueamiento de la extrema derecha para la democracia y para la estrategia electoral de la derecha.

El vicepresidente del gobierno de Castilla y León pretende que la presión de los grupos Provida delante de las clínicas de aborto, que recientemente ha sido prohibida por ley como una coacción inaceptable a la libertad decisión de las mujeres, se traslade ahora a los centros de salud y hospitales de su Comunidad atribuyendo un papel ideológico a los profesionales sanitarios dentro del programa de atención a la mujer embarazada.

Las declaraciones del vicepresidente Garcia-Gallardo, perteneciente a la ultraderecha de Vox, sobre el carácter obligatorio del supuesto protocolo adicional con el latido cardiaco del embrión, su imagen en 4D y la atención psicológica a la embarzada, tanto para las mujeres como para los médicos, han dado lugar a los correspondientes desmentidos del presidente Mañueco y del consejero de sanidad que han defendido la necesidad de las nuevas medidas y al tiempo su carácter voluntario tanto para embarazadas como para profesionales, generando con ello nuevas contradicciones.

La inmediata petición de explicaciones por parte del ministerio de sanidad mediante el correspondiente requerimiento ante la evidente vulneración de la ley de salud sexual y reproductiva en el seno de los propios centros sanitarios públicos de Castilla y León, que sale al paso también del ejercicio del derecho en la sanidad pública y de la nueva ley en tramitación en el Senado ha provocado la réplica por parte del gobierno de Mañueco desmintiendo su carácter disuasorio del derecho al aborto, pero al tiempo reconociendo la posible coacción en caso de que fuera obilgatorio y a la par amenazando con la judicialización del conflicto por una supuesta injerencia del gobierno central en sus competencias sanitarias. Más confusión y un cierre en falso de la polémica.

A todo esto, y como en otros casos provocados por el vicepresidente del gobierno de Castilla y León como las declaraciones contra diversas minorías, las medidas de desmantelamiento de la concertación social y contra los sindicatos o por sus reiterados insultos a sus oponentes en sede parlamentaria, de nuevo tan solo ha habido un espeso y largo silencio de Núñez Feijóo. En esta ocasión, con una suave crítica con la boca pequeña a la falta de sensatez de la ultraderecha por parte de la dirección del partido popular. El argumento esgrimido por Borja Semper, el nuevo portavoz electoral del sector moderado de la dirección del PP, que atribuye la exigencia de explicaciones del gobierno a un intento de lanzar una cortina de humo sobre las consecuencias de la reforma del código penal solo sí es sí y de la malversación, con el objetivo oportunista de acentuar la sobreactuación y la polarización con la ultraderecha de Vox es solo otra excusa más para no asumir las consecuencias negativas para su estrategia electoral del gobierno de coalición con la ultraderecha en Castilla y León.

De este modo, el gobierno de Castilla y León se consolida no solo como el único gobierno de coalición con la ultraderecha en España, sino también como el paradigma del modelo de gobierno compartido y también compartimentalizado entre la derecha y la ultraderecha de cara a un futuro en el ámbito estatal. Si como apoyo parlamentario y presupuestario, la ultraderecha ha demostrado que no es de fiar, abocando en el periodo reciente a más de un gobierno en minoría al adelanto electoral, como parte minoritaria del gobierno de coalición de Castilla y León supone una piedra más en el camino de la más aparente que real y al tiempo errática estrategia de moderación en la actualidad, como principal aval de Núñez Feijóo para las próximas elecciones generales.

Tampoco ayuda la decisión del presidente y de la dirección del PP de mirar para otro lado o poner sordina a los reiterados disparates del vicepresidente de la Conunidad, para luego hacer tándem con la ultraderecha en su estrategia de deslegitimación como principal instrumento de oposición al gobierno de la izquierda, en particular por sus apoyos parlamentarios, tan pronto sacando a colación el recuerdo de ETA como el del Procés. En este sentido, la supresión de la sedición y la discutida decisión del juez Llanera de mantener la acusación por malversación con petición de cárcel para Puigdemont anuncia la resistencia de la cúpula conservadora de la justicia a la pretensión del gobierno de desjudicialización del Procés y de vuelta al diálogo político y para ello la rebaja del delito de malversación a más de decenas de encausados para evitar la vuelta de la lógica del agravio en Cataluña.

Añadiendo, por otra parte, a esta guerra identitaria, las declaraciones desafortunadas de la secretaria de Estado, que yaha rectificado, en relación a la aplicación de la ley de solo sí es sí, sobre las rebajas de penas y las responsabilidades, para repartirse los papeles con la ultraderecha por un lado de negar la violencia de género, y por otro de exagerar los efectos paradójicos de la ley y de exigir responsabilidades al ministerio de igualdad.

Porque, en definitiva, el gobierno de Castilla y León es solo un reflejo de la apuesta de la derecha por una estrategia populista, aunque sea de menor intensidad en las formas y en el tono, pero con unos contenidos coincidentes con la de la ultraderecha. Este reparto de papeles entre el negacionismo y una suerte de relativismo se ha dado en el pasado reciente en torno a la pandemia y las declaraciones del estado de alarma, también ahora sobre las consecuencias de la guerra sobre la escalada de precios de la energía, así como en relación a los graves efectos de la emergencia climática o sobre la obligación constitucional de renovación de los órganos como el CGPJ y el TC.

Mientras tanto, a pesar de la profecía apocalíptica de la derecha, la moderación de la inflación prosigue en España al igual que en Europa y los EEUU, sin embargo se mantiene la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, aunque la escalada de precios no responda a un incremento de la demanda, provocando con ello el enfriamiento de la economía, en particular sobre el crédito y las hipotecas al que se suma la persistente inflación de los precios de los alimentos y en definitiva acentuando con ello el malestar social.

Por otro lado, se agrava la crisis sanitaria postpandemia, con el consiguiente colapso de atención primaria y como consecuencia de los virus invernales también de las urgencias. No se debe olvidar que los sistemas sanitarios públicos universales como el nuestro han marcado la diferencia a lo largo de toda la pandemia, para desde ahí situar en sus justos términos las escasas medidas de algunas CCAA para reflotar la atención primaria y la voluntad de otras de continuar con la privatización de sus actividades más rentables que ahora han desencadenado las protestas ciudadanas. Las declaraciones de la presidenta Ayuso siguen con el mantra de la culpa es del otro, sobre todo si el otro es el socialcomunista o el presidente del gobierno, y al igual que la ultraderecha de Castilla y León con su empecinamiento en no negociar no pretende otra cosa que doblegar la representación y la resistencia de los sindicatos. Mientras tanto, gana la continuidad en la refundación de Ciudadanos. Una continuidad por la que el nuevo proyecto no se distingue del anterior ni del resto de la derecha.

Por otra parte el gobierno progresista tiene pendiente la culminación de la reforma de las pensiones y la imprescindible subida del salario mínimo en España, en el momento en que los salarios pierden poder adquisitivo debido a la cerrazón de la patronal a la negociación de un acuerdo de rentas e incluso a un acuerdo marco de salarios, mientras en algunos países europeos experimentan subidas superiores al diez por ciento. Dentro de la coalición de gobierno también quedan temas pendientes todavía como la segunda parte de la reforma de las pensiones, la ley de vivienda y la ley mordaza o el reciente debate sobre la inflación de los alimentos.

En este sentido, dentro del el proceso de escucha de Sumar, IU ha propuesto una mesa de negociación entre partidos para evitar la prolongación de las tensiones de los últimos meses.

Aunque una cosa es ganar el relato sobre la unidad de la izquierda y otra lograr un acuerdo y sobre qué bases. Lo fundamental es con qué imagen y con qué proyecto te presentas finalmente. No es lo mismo hacerlo con la imagen de las reformas pactadas que con un mensaje maximalista y de agravio.

Se trata de continuar con la política o volver al populismo. Esa es la cuestión.