San Fernando se hunde, ¿qué hace ella?

Mientras tanto, hoy y aquí, en San Fernando de Henares (40.000 habitantes), seis centenares de familias viven atemorizadas ante el riesgo de ver abatidas y arruinadas sus viviendas con ellas dentro. Casi ochenta familias más ya las han perdido. Todo ello es consecuencia de unas obras de la línea 7B del Metro, que incluían seis estaciones del ferrocarril metropolitano, ejecutadas contra informes geológicos adversos, que fueron irresponsablemente desatendidos en 2007 por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, del Partido Popular, con miras a ser inauguradas 22 días antes de las elecciones autonómicas del mes de mayo a las que concurría.

La obra fue adjudicada a Dragados por 168 millones de euros. El gobierno regional decidió retrazar el proyecto y añadir dos estaciones más, Henares y Hospital del Henares, añadiendo al trazado rectilíneo anterior dos grandes curvas pese a las advertencias de los informes geológicos sobre la inadecuación del suelo yesífero y poroso por donde discurría el nuevo trazado; la suma total se incrementó entonces 38 millones más, hasta los 206 millones de euros. El plazo de ejecución duraría veinte meses y medio, según los pliegos de adjudicación. Todo este irresponsable frenesí por inaugurar la línea 7B, dicen algunos vecinos, puede haber tenido que ver con el propósito de Esperanza Aguirre de arrebatar para el PP el voto de San Fernando de Henares a Izquierda Unida, formación con amplias y reiteradas mayorías electorales en la zona.

Ahora, la heredera y pupila política de Esperanza Aguirre en el PP y en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en vez de asumir plenamente la responsabilidad política de resolver tan grave caso, se dedica a marear con directrices contradictorias a las familias que han sido desalojadas y han perdido sus viviendas y a otras 600 familias más en riesgo de perderlas, Y lo hace escatimándoles su derecho a disponer de viviendas dignas en condiciones como las que en su día tuvieron y desdeñando restañar los daños colaterales sufridos por los desalojados y los demás residentes: el mobiliario de sus casas, de las que aún pagan costosas hipotecas; el lucro cesante por los cierres de sus tiendas a los comerciantes… y, en conjunto, la desorganización y empobrecimiento general de sus condiciones y calidad de vida, por una garrafal decisión política, atolondrada e irresponsable que no encuentra cabal enmienda por parte de ella.

El gobierno regional unos días les dice a los afectados, organizados al respecto, que no hay presupuesto; otro, les asegura que hay 122 millones de euros dispuestos; al día siguiente la cifra ofrecida se limita a 7 millones y, a la postre, se les indica que hay 14 millones disponibles, pero las cuantías indemnizatorias por las viviendas son, curiosamente, las mismas pese a los montos barajados. La indignación crece entre los moradores de hasta 20 calles del municipio madrileño y se extiende por la localidad, que fuera tres siglos atrás florón industrial de la región.

Este problema pone al descubierto toda una serie de características de la conducta, como poco, impolítica y abiertamente irresponsable, seguida por los gobiernos regionales de Madrid regidos por Esperanza Aguirre y por el de su émula, Díaz Ayuso. Ésta, a lo largo de su mandato, solo demuestra que se dedica a rivalizar con el Gobierno central del Estado en cuestiones supuestamente ideológicas, con un No a todo y una ristra de insultos e impertinencias impropias de una persona que debiera representar a tod@s l@s madrileñ@s y, por el contrario, solo parece gobernar para un sector afín, con motivos sobrados para serle cada vez menos afín. Mientras tanto, se revela incapaz, por desdén o incompetencia, de gestionar y atajar los cada vez más graves problemas locales que la población de la Comunidad de Madrid afronta.

El vecindario y las autoridades locales de San Fernando de Henares recibieron en su día la noticia de la llegada de la línea 7B del Metro con una satisfacción explicable. Era una demanda vecinal. Pero la alcaldía, de Izquierda Unida, no tenía en su mano la competencia legal de su construcción, plenamente correspondiente al gobierno regional de la Comunidad de Madrid, en manos del PP de Esperanza Aguirre. El frenesí por las inauguraciones en fechas previas a las elecciones, cegó a la entonces Presidenta del partido de la derecha y se hizo la foto el 5 de mayo de 2007, tres semanas antes de la convocatoria electoral. No parecieron ser tenidos en cuenta estudios geológicos que alertaban de que las condiciones yesíferas del suelo de esa zona, su porosidad y vulnerabilidad al agua no permitían acometerlas así, tan de inmediato, alerta que requeriría de unas garantías previas de consolidación del terreno y de la cimentación que la prisa electoral de la entonces presidenta despreciaba, obsesionada por la fotografía inaugural, según informan algunos vecinos de San Fernando.

La hoy presidenta del gobierno regional de la Comunidad de Madrid parece olvidar las causas y responsabilidades del enorme problema tejido por su antecesora, dirigente como ella de su mismo partido. Y se niega a asumir la responsabilidad que le concierne de resolver los efectos de aquellas decisiones, de manera conforme a los intereses de las familias afectadas y de las que temen, fundadamente, quedarse mañana mismo sin sus viviendas, muchas de ellas cuarteadas por grietas y agitadas por inquietantes temblores, por la impresentable gestión política y técnica de las obras del Metro, obras responsabilidad plena de la Comunidad de Madrid.

La plataforma de familias afectadas de San Fernando que las agrupa, denominada PAML7B, se queja del desdén con el que las reivindicaciones colectivas de las familias son tratadas y de los bandazos de las cicateras ofertas del gobierno regional. Teme asimismo que el gobierno regional se incline por aislar, como acostumbra, con soluciones parciales, atomizadas e individualizadas, un problema de tal envergadura que exige soluciones colectivas y globales; la plataforma manifiesta la necesidad de contar con un Plan Integral que los vecinos reclaman, proyecto que rediseñe la zona y dé satisfacción habitacional a todos los afectados, indemnizando todos los daños que han sufrido en estos años de zozobra. Este colectivo vive angustiado al contemplar que 74 familias, a las que se pagó un alojamiento provisional que hoy pagan de sus bolsillos, han visto ya demolidas sus casas por riesgo de ruina inminente; saben que hay otros 70 expedientes de demolición en marcha y que las suyas lo pueden ser mañana mismo, como les anuncian las grietas, crujidos y resquebrajamientos que los muros de sus viviendas muestran en cada vez más numerosos casos. Los desalojos exprés se prodigan; hay comercios que no pueden abrir sus puertas.

Insensibilidad

Mientras las soluciones no llegan y la angustia vecinal y familiar crece, la titular del gobierno regional se dedica a atacar a los integrantes de la Plataforma a los que acusa de hacer política al respecto, olvidando al parecer que “si hay alguien que vive de la política es ella misma” y que tiene la responsabilidad política de dar solución a los problemas comunitarios, como ha declarado Alejandro Escribano, portavoz de la plataforma de familias afectadas.

La perpetuación de este grave problema habitacional, problema humano pues, pone de relieve la misma insensibilidad manifiesta por ella en torno a la Sanidad Pública, una de las joyas de la España democrática y social prevista en la Constitución, hoy en trance de ser desmantelada casi al completo por su obsesión y la de sus predecesoras para entregársela a toda prisa a los poderosos -y en muchas ocasiones, voraces- dueños de la sanidad privada. La titular del Gobierno regional parece incapaz de darse cuenta de que no se trata de un problema que afecte únicamente a los médicos, individualmente considerados, con toda la importancia que tan respetable gremio merece; sino que concierne a toda la población, a cada ciudadano y ciudadana potenciales receptores de la asistencia médica y sanitaria que, si se consuma su privatización, habrán de pagar por un derecho sanitario gratuito adquirido hace décadas y que, de un plumazo, ella se propone ignorar. Solo parece preocuparle el bienestar financiero y fiscal de los ricos, de los grupos de presión y de algunas de las grandes empresas de las que, según dicen los jueces, procedieron los fondos trucados que pagaron ilegalmente buena parte de las campañas electorales del Partido Popular mientras los demás partidos en liza se atenían a las exigencias de la ley electoral.

Esta incapacidad mostrada por la titular del Gobierno regional para entender el trasunto social de la vida comunitaria le incapacita para acertar en cualquier tipo de solución a los problemas colectivos. Da la impresión de que para ella, la dimensión social de la vida no existe; tan solo existiría la dimensión individual, particularizada, privatizada, de forma que todos los problemas globales que sufrimos los moradores de la región madrileña son responsabilidad particular nuestra, no de los gobiernos incompetentes de instituciones como la que ella preside. La etapa del gracejo, del casticismo y de la chulería, de la primacía de la taberna por encima de la garantía de las condiciones de la existencia de la sociedad en su conjunto, está adquiriendo unos tintes que, en las presentes circunstancias, frisan lo que algunos jueces atribuyeron al Partido Popular como conductas de muchos de sus dirigentes, tesoreros y cuadros, hasta casi un millar, propias de una organización criminal.

San Fernando de Henares exige soluciones ya para atajar tan acuciante problema social, humano. Hay dinero en la Comunidad de Madrid para ello; y mucho, a tenor de las cifras milmillonarias que ese gobierno baraja sobre contratas y subcontratas a constructoras privadas. Clama al cielo la amplia manga ancha fiscal hacia inversoras extranjeras que operan a su antojo por estos predios para ni siquiera tributar aquí. Y ello mientras aquí racanea ante ciudadanos que han perdido sus hogares. El tiempo de la frivolidad ha terminado. Las responsabilidades políticas no le permiten ni un minuto más de demora para verse asumidas y las reivindicaciones sociales, satisfechas por los gobiernos regionales del PP responsables de tamaño desaguisado. Recurrir a los tribunales y esperar su dictamen puede resultar mortal para quienes viven pendientes de un techo y un suelo que, hoy o mañana mismo, puede agrietarse, caer sobre sus cabezas o venirse estruendosamente abajo con familias enteras dentro.