Asumiendo responsabilidades

La reciente comparecencia del presidente Sánchez en el Senado permitió contrastar la capacidad del Gobierno de plantear respuestas a circunstancias inesperadas desde la asunción de responsabilidades frente a la demagogia y manipulación del principal partido de la oposición

Así ocurrió durante la Covid-19: no fue fácil establecer límites a la libertad de la ciudadanía para protegernos del virus, y tampoco lo fue hacer frente a las graves carencias de equipos adecuados –comenzando por las mascarillas–, así como a la inexistencia de medicamentos eficientes.

Nuestro gobierno no contó con el apoyo del principal partido de la oposición, a pesar del permanente diálogo entre el Ministerio de Sanidad y los responsables de las Comunidades Autónomas. Cuando llegaron las vacunas, se desarrolló desde el gobierno de la nación una potente campaña, apoyando a las Comunidades Autónomas, que ha situado a España a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a los porcentajes de personas vacunadas. Mientras tanto, hubo todo tipo de intentos de entorpecer y de descalificar a quienes asumían su responsabilidad a nivel estatal, a veces esgrimiendo una supuesta defensa de la libertad individual frente a las supuestamente perversas medidas adoptadas. Sin duda, para el gobierno de la nación hubiera sido más cómodo no establecer restricciones, para evitar el lógico malestar de los ciudadanos y la paralización de la actividad económica.

La reciente comparecencia del presidente Sánchez en el Senado, para explicar las medidas adoptadas para enfrentar otra circunstancia inesperada e inédita –la guerra en Ucrania– permitió contrastar la capacidad del gobierno de plantear respuestas desde la asunción de responsabilidades frente a la demagogia y manipulación del principal partido de la oposición. Allí se habló tanto de decisiones de política económica como de otras: la aplicación de la ley conocida como del ‘sólo sí es sí’, o la relación del gobierno con los partidos independentistas catalanes, sin que el presidente rehuyera ningún debate.

La lucha contra las desigualdades fue, en todo caso, el hilo conductor de su relato, poniendo de manifiesto que concede la máxima importancia a una cuestión poco abordada desde los planteamientos conservadores, que consideran la desigualdad menos relevante que el crecimiento económico. Asumir responsabilidades en este campo significa, entre otras cosas, apostar por una mayor justicia fiscal, imprescindible para alcanzar una mayor justicia social y para obtener los recursos necesarios para garantizar los mejores servicios públicos. Significa, por ejemplo, establecer impuestos sobre las grandes fortunas, las empresas energéticas y la banca… asumiendo que esta decisión genera rechazo por parte de los sectores afectados, aunque responda a las demandas de la mayoría social. Asimismo, la anunciada subida en un 8% del Salario Mínimo Interprofesional ha sido acordada por el gobierno sólo con los sindicatos. Beneficiará a más de dos millones de personas, sobre todo jóvenes y mujeres… permitiendo contener la caída de su poder adquisitivo, con efectos positivos sobre el nivel de consumo, y por tanto sobre la actividad económica.

Y ante la insistencia de los senadores de ERC y de Junts per Catalunya, a propósito de su reivindicación de un referéndum para legitimar la independencia de su territorio, el presidente argumentó que dicho referéndum significaría un fracaso de la política, así como el traslado a los ciudadanos de una decisión que acentuaría la división de la sociedad catalana. Una argumentación que exige la necesaria asunción de responsabilidades por parte de los poderes públicos: exactamente lo que hace el gobierno, trabajando por mejorar la convivencia dentro de Cataluña y entre Cataluña y el resto de España. También aquí lo cómodo sería negar la existencia de un problema político, como se hizo durante el mandato del presidente Rajoy, hasta llegar a la declaración unilateral de independencia…

Actuar para resolver problemas tiene siempre un coste, en términos electorales, puesto que siempre hay sectores contrarios a cualquier decisión. Pero la inacción supone costes mucho más onerosos, que un gobernante responsable debe intentar evitar.