El caballo de Troya en la sanidad pública. (Soluciones PP)

Por eso llama poderosamente la atención el recetario de tópicos presentado recientemente por el PP, apoyándose para ello en el papel de sus gobiernos de las CCAA en la compra conjunta de vacunas y a lo largo de la pandemia como supuestos avales, sin recordar ni el juego negacionista del gobierno de la Comunidad de Madrid ni el papel oportunista, tanto del buena parte de los gobiernos conservadores de las CCAA como de su política de oposición a todo lo largo de la pandemia. Un dechado de competencia y obstrucción en lugar de la necesaria cooperación en una situación límite.

En cuanto a los efectos sobre la salud humana, es algo sabido que han sido mayores sobre las personas con enfermedades previas, en las de mayor edad y los colectivos y las clases sociales de menor renta y sobre todo en las empobrecidas. Todo ello ha supuesto un incremento de la mortalidad, así como de las enfermedades crónicas como secuelas de la pandemia, entre las que se encuentra el síndrome postcovid, muy en particular en estos grupos de mayor edad y en sectores sociales deprimidos. 

En este sentido, llama la atención la insistencia del PP en la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública así como en la urgencia de dotar de carácter ejecutivo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuando esté partido tiene el dudoso honor de haber bloqueado primero la aplicación de la ley general de salud pública aprobada en 2011, además de haberse opuesto a medidas preventivas dentro de la lucha contra el tabaquismo o a los límites a la publicidad y a los impuestos sobre las comidas grasas y las bebidas con azúcar, así como de haber impugnado en fechas recientes tanto la aplicación del estado de alarma como las medidas de coordinación de la ley de cohesión del gobierno para hacer frente a los estragos de la pandemia.

El impacto de la pandemia de la covid19 sobre los sistemas de sanidad también ha sido generalizado, aunque según las evaluaciones hasta ahora realizadas por la OMS, hayan respondido mejor los modelos públicos que los privados y logicamente los más desarrollados frente a los que todavía son precarios o sufren carencias.

Como consecuencia de todo lo mencionado se aleja en el tiempo el cumplimiento de los principales objetivos sociales y sanitarios de la Agenda para 2030, aunque de igual modo se incrementa su importancia, en particular de todo lo que tiene que ver con el relanzamiento de las estrategias de prevención y de salud pública y con los objetivos de la universalización y la accesibilidad de los sistemas sanitarios.

En España contamos con un aceptable estado de bienestar y en especial con una sanidad pública de las más desarrolladas, universales y de calidad, pero que a causa del estrés de la pandemia ha mostrado algunos flancos de vulnerabilidad y no menores, tanto con motivo del impacto de los recortes y de las privatizaciones del último periodo en algunas CCAA como la de Madrid, así como fruto de la inercia hospitalaria y reparadora de las últimas décadas del conjunto del sistema. Una sanidad pública que ha respondido a los retos de la pandemia por encima de sus posibilidades, pero en la que como consecuencia del estrés sufrido ha tenido también efectos concretos como la actual crisis de la atención primaria y de la salud mental, a las que se han añadido las provocadas por la inercia de su carácter hospitalocéntrico, como eran desde hace tiempo la medicamentalización, la yatrogenia y las largas listas de espera, a las que una vez desbordada la atención primaria se han sumado los servicios de urgencia y las capacidades hospitalarias.

Estos males de la inercia y los efectos de los recortes han afectado a la sanidad pública en su conjunto, dentro y fuera de España. Por eso, todas las CCAA se han visto afectadas por la inercia tecnológica y hospitalaria, los problemas de planificación y de gestión, así como por los recortes de personal, el deterioro de sus condiciones laborales y la reducción de las inversiones en equipamiento ya desde finales del siglo pasado, y en especial, a raíz de la crisis financiera de la década pasada debido al endurecimiento de las políticas de austeridad.

Por eso, inmediatamente de finalizado lo peor de la pandemia, han surgido los problemas en cadena de la sanidad pública y como consecuencia las movilizaciones sociales de profesionales y ciudadanos exigiendo soluciones.

Uno de los más graves, precisamente por afectar al acceso a la sanidad de la inmensa mayoría de la población y al corazón del sistema sanitario es la crisis de la atención primaria, que abarca al mismo tiempo al personal, la organización, el equipamiento y también al propio modelo.

Pero la crisis afecta muy en particular a las CCAA históricamente gobernadas por la derecha, donde a estos problemas se ha añadido el intento, primero de superponer y más adelante de contraponer un modelo mixto de gestión privada por la vía de los hechos consumados, antagónico con respecto al modelo sanitario público de la Constitución y de la ley general de sanidad, que bajo el eufemismo de la colaboración público-privada en realidad esconde la deriva privatizadora del actual modelo sanitario donde el derecho a la salud se sustituye por el negocio y el mercado provocando niveles de acceso y de atención diferenciados. De hecho las pólizas sanitarias privadas se han visto incrementadas con motivo de la pandemia, ya que ha sido la sanidad pública la que se ha visto obligada a paliarla y a tratarla casi en su totalidad al borde del colapso.

Es por eso que las posiciones más intransigentes en la negociación con los profesionales de la atención primaria y las mayores descalificaciones como movilizaciones políticas se están dando en comunidades como la de Madrid, donde aparte de las dificultades por una mayor degradación de la atención primaria, existe la voluntad no solo de deteriorar el sistema público en favor del privado, sino también de derrotar a sus defensores, entre los que los sindicatos son un contrapoder a batir acusándolos de responder a oscuros intereses políticos dentro de la teoría de la conspiración populista.

Con un número de cartillas excesivo, un número de profesionales escaso y la consiguiente pérdida de prestigio entre la población, las soluciones de reorganización y de mejoras en las condiciones laborales y retributivas en la atención primaria son imprescindibles, aunque solo paliativas. Además, su situación actual provoca un efecto dominó primero en las urgencias y luego en el conjunto de la atención especializada y hospitalaria. Las soluciones de fondo requerirán de al menos una década.

En este sentido, llama la atención el recurso de la derecha en el Congreso de los Diputados al comodín del pacto de Estado, cuando por el contrario tienen una larga tradición de incumplimiento de los acuerdos de cooperación entre el ministerio y las CCAA y además en su momento se encargaron de hacer imposible cualquier avance en el mencionado pacto de Estado, en particular en temas tan sensibles como son la atención primaria o los modelos de gestión privados en la sanidad pública.

Nada es casualidad.