De árbitros y jueces

Esperemos que lo sucedido no afecte a más clubes, como todo permite temer. Si el deporte permaneciera dentro de los estadios, el alcance de lo acontecido no trascendería tanto como lo está haciendo ahora. Pero el llamado deporte rey ocupa espacios sociales, y políticos, que no le son propios. Claro que ello tiene sus causas: pensemos en el tiempo que se concede a la información deportiva en la televisión y en los medios escritos o radiados. Y comparémoslo con el que se asigna a los temas educativos o culturales.

Da pena comprobar los dineros que se mueven en torno al fútbol; los fichajes astronómicos -¿tendrán algo que ver con formas refinadas de blanqueo?-; la glorificación de seres humanos no por sus virtudes o pensamientos, sino meramente por la agilidad de sus extremidades inferiores… Ojalá un diez por ciento de ese volumen de recursos se encauzara hacia la Sanidad Pública de algunos Gobiernos autonómicos que la desmantelan, privatizan y degradan.

El hecho es que un gran club, como el Barcelona, que figura entre los más importantes del mundo, está siendo investigado por la Fiscalía por haber venido abonando, al menos entre 2016 y 2018 (si bien se teme que lo haya sido durante un tiempo superior) hasta 40.000 euros al mes al vicepresidente del colectivo de árbitros por obtener de él información arbitral personalizada y previa a cada encuentro. Habrá que ver si la información solicitada se refería a la mera historia personal y técnica de cada árbitro o bien a detalles de sus vidas personales susceptibles de mostrar, en caso de haberlas, vulnerabilidades de todo tipo, por ejemplo. ¡Qué presunta amoralidad puede encerrar tan feo asunto!

Pero lo cierto es que la retribución de tan preciada información –habida cuenta de cómo se remuneraba– iba a parar a una empresa de la cual era titular José Enríquez Negreira, que así se llamaba a la sazón el vicepresidente de la organización arbitral colegiada, Comité Técnico de Árbitros, CTA.

Los pagos dejaron de hacerse coincidiendo en el tiempo con la generalización del dispositivo denominado VAR, guiado por algoritmos, que sentencia las anomalías acaecidas en el terreno de juego. De hecho, resuelve y arbitra “científicamente” cada partido en cada estadio donde el artefacto haya sido instalado, complementando, cuando no suplementando, la percepción arbitral. Qué curiosa coincidencia.

Ahora viene la otra dimensión del asunto. El Club de Fútbol Barcelona es asimismo el Barca, emblema de catalanidad. Sus presidentes suelen adoptar actitudes no solo deportivas, sino también claramente políticas o ideológicas, éstas impropias ambas. Es el caso de la actitud tomada recientemente por su titular, Joan Laporta, al fotografiarse sujetando una amplia bandera de Israel junto a diplomáticos de aquel país a los que había invitado a presenciar el encuentro de su equipo con el Manchester United. Personalmente, está en su derecho de hacer lo que desee al respecto. No faltaba más. Pero, como presidente de una institución deportiva, su actitud deja de ser subjetiva y personal, para objetivarse y cobrar un significado distinto, al comprometer a toda la afición barcelonesa en una opción política e ideológica suya. Su posse fotográfica se produjo inmediatamente después de la decisión tomada por la alcaldesa electa de Barcelona, Ada Colau, de romper las relaciones del ayuntamiento de la ciudad que rige con el Gobierno de Benjamín Nethanyahu.

Colau, que se dedica a la política desde presupuestos ideológicos que no oculta, justificó la decisión municipal invocando la represión que las autoridades políticas y militares de Israel aplican contra la población palestina, a la que someten a un evidente “apartheid” desde hace décadas, con centenares de muertes, que desencadenan escaladas en la resistencia palestina. Decenas de Estados miembros de Naciones Unidas han condenado estas exacciones.

En la presente situación, dado el controvertido pago de grandes sumas de dinero por parte del Club de Fútbol Barcelona al vicepresidente de la organización arbitral, la fotografía de Laporta con la bandera israelí compromete a la afición barcelonista y perjudica, asimismo, también a Israel, objetivo que no parecía figurar entre los propósitos del president del club de fútbol barcelonés. Recibir el apoyo de un club, hoy bajo evidente sospecha de corrupción arbitral, no beneficia a nadie. Y menos a la dañada imagen internacional del Estado de Israel.

Intramuros de nuestro país, tampoco la causa de la catalanidad atribuida al Barca puede verse favorecida por lo sucedido entre el Club y el entonces segundo jefe del organismo de los árbitros. Menos aún ahora en que la decisión de un árbitro judicial ha truncado los esfuerzos del Gobierno de coalición por desactivar la deriva del nacionalismo catalán en clave independentista merced a medidas legítimas que facilitarían la necesaria concordia. Los símbolos deben prevalecer inmaculados para cumplir la función que se les suele asignar. El emblema de la justicia en nuestro país es percibido por muchos como desprovisto de la venda que ha de cubrir sus ojos. El artículo 3 del Código Civil insta a los jueces a sentenciar de manera conforme a los contextos sociales en los que los hechos juzgados han surgido, directriz que no parece ser tenida siempre en cuenta en ámbitos de la problemática judicatura española.

Politizar el fútbol, al igual que judicializar la política, son dos graves errores, cuando no decisiones intencionales, que arruinan todo lo bueno que ambas actividades, bien regidas, pueden procurar a la sociedad: deportividad e imparcialidad.