Los desplantes de Mohamed VI

Hace ya diez meses que el presidente del gobierno decidió abandonar de forma unilateral la posición tradicional que nos corresponde como antigua potencia colonizadora del Sáhara en defensa del derecho internacional, y que nos obliga ahora como potencia administradora en aplicación del derecho internacional y de las resoluciones que reconocen el derecho a la autodeterminación del pueblo Saharaui, para sumarse sin más a la conocida propuesta marroquí de autonomía del Sáhara Occidental que lo contempla como una parte más del territorio dentro de su soberanía.

Como consecuencia de ello, el rey Mohamed VI hizo pública, también de forma unilateral, la carta que le envío el presidente Pedro Sánchez, alineándose con Marruecos en el conflicto del Sáhara Occidental. Ese fue el primer desplante por parte del rey Mohamed VI, a pesar de la cesión del presidente español.

Los únicos antecedentes de este cambio radical de posición fueron las declaraciones, también personales, de Rodríguez Zapatero en las que valoraba positivamente el plan de autonomía marroquí, aunque también matizaba que siempre y cuando la autonomía fuese motivo de acuerdo con la contraparte saharaui. A pesar de este matiz, también entonces la concesión del presidente fue motivo de contestación social y política.

La demostración más evidente de ello es que con posterioridad el Congreso de los Diputados aprobó solemnemente la vuelta a la posición tradicional de defensa del referéndum de autodeterminación, paradójicamente a iniciativa del propio grupo parlamentario socialista, y en el contexto de la huelga de hambre en 2009 de la activista saharaui Aminetu Haidar.

El desencadenante del nuevo giro, está vez copernicano, en la posición del actual presidente del gobierno Pedro Sánchez sobre el Sahara se produce como consecuencia de la reacción airada de Marruecos ante la acogida humanitaria del presidente Ghali del Frente Polisario en España y de la actitud pasiva sino la complacencia o el estímulo del régimen con la posterior avalancha de miles de jóvenes marroquíes en la frontera de Ceuta, a modo de presión y de chantaje al gobierno español, en una suerte de sucedáneo de la Marcha Verde de finales del franquismo.

Este giro en política exterior del presidente Sánchez no ha contado con el acuerdo de su coaligado dentro del gobierno ni tampoco con el conocimiento y el apoyo preceptivo del parlamento español, ambos ineludibles para la dirección de la política internacional en una democracia parlamentaria, a diferencia de los regímenes presidencialistas como la república francesa. Muy por el contrario, la mayoría del parlamento se ha pronunciado de nuevo en favor del mantenimiento de la defensa de la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental dentro de las resoluciones de la ONU y en el marco del derecho internacional.

Y es que al cabo de tan solo unos meses se ha conocido la utilización del programa israelí Pegasus, tanto por parte de los servicios de inteligencia del gobierno español como por los de otro gobierno, muy probablemente el marroquí, con el objetivo de espiar tanto a dirigentes del Procés como a miembros del propio gobierno español, incluyendo a su propio Presidente, lo que ha dado pábulo a todo tipo de especulaciones.

Por otra parte, este súbito cambio de posición sobre el Sáhara ha tenido como consecuencia no solo la ruptura con el Frente Polisario, sino también un importante deterioro que aún hoy se mantiene de las relaciones diplomáticas y económicas con Argelia, en particular en el terreno del suministro de gas, precisamente en el momento más grave de la crisis energética provocada como consecuencia de la invasión y la guerra de Ucrania. Éste y no otro ha sido el principal argumento de oposición a posteriori por parte de la derecha española.

Más recientemente se ha producido la trágica muerte de inmigrantes subsaharianos, cosa que no solo ha puesto en cuestión el modelo de colaboración entre la gendarmería marroquí y la guardia civil española, sino que ha comprometido la defensa de los DDHH por parte del gobierno español. Algo que ha sido aprovechado de nuevo por la derecha para censurar al ministro del interior, una posición que no haya diferido de la ya tradicional consistente en la utilización de cualquier conflicto exterior o de fronteras como munición en contra del gobierno, aunque eso suponga darle la razón a Marruecos.

En definitiva, la colaboración en materia migratoria se ha recuperado con tintes modestos y más bien oscuros, y sin embargo el resto de los contenciosos como la apertura de las fronteras han permanecido aletargados, tal y como si solo se aspirase a deshacer las consecuencias del enredo provocado por la acogida de Ghali en territorio español. Sin embargo, cada día está más claro que la entrada de Ghali que pareció a primera vista el desencadenante, ha sido sin embargo solo una excusa del régimen marroquí para cambiar la posición del gobierno español en el contexto del fortalecimiento de la diplomacia marroquí con el acuerdo Abraham, tanto con Israel como con la presidencia de los EEUU de Donald Trump, y además en un momento crítico para Europa afectada por las consecuencias de la guerra de Ucrania.

El nuevo desplante del rey de Marruecos al presidente del gobierno español ha devaluado la reunión de alto nivel entre los gobiernos marroquí y español en Rabat, a pesar de la amplia presencia y las expectativas creadas por el ministerio de exteriores. En el terreno político tan solo han servido para reafirmar una vez más el respaldo del presidente y de la parte socialista del gobierno a la posición marroquí sobre el Sáhara, y lo que es peor con el añadido no menor del compromiso de "ni decir ni hacer nada que pueda molestar a la otra parte". Nada más y nada menos que un pacto de silencio entre una democracia y un régimen autoritario en perjuicio de la defensa del derecho internacional y de los derechos humanos.

Unos contenidos sobre todo económicos, también devaluados por la ausencia del presidente de la patronal española, y con escasos avances en los contenciosos pendientes entre ambos países.

El retraso en el cumplimiento del compromiso sobre las aduanas en Ceuta y Melilla remite en el fondo al mantenimiento por parte de Marruecos del contencioso sobre la soberanía de las dos ciudades, mientras de facto el gobierno ha reconocido una supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.

En definitiva, unas relaciones de no muy alta intensidad y teñidas por los contenciosos pendientes y por la desconfianza.