La política local en tiempo de catástrofes

Ya en plena campaña electoral y cuando parecía que la política y los medios volvían su mirada, aunque fuera solo temporalmente, hacia lo local y lo más cercano a los ciudadanos como son los graves inconvenientes para el acceso a la vivienda, pero finalmente todo lo han vuelto a monopolizar para unos el debate nacional de la biografía terrorista de una parte de los candidatos del independentismo vasco, algo ética y políticamente condenable, cuando no el debate, tan solo para algunos otros más global, de la ola de calor y la pertinaz sequía como consecuencia del cambio climático.

Porque lo que empezó como un intento de transformar la regularización de los regadíos ilegales del entorno de Doñana como señuelo electoral en las elecciones municipales, ha terminado en un conflicto europeo tanto del gobierno andaluz frente a la comisión Europea como dentro del propio Partido Popular europeo en sus relaciones con la extrema derecha utilizando como moneda de cambio la emergencia climática.

La utilización de las candidaturas de Bildu contra el gobierno forma parte también de esta deriva populista e identitaria de la derecha a nivel internacional con objeto de eludir el debate racional sobre los problemas de la desigualdad y de la calidad de vida de los ciudadanos y de los habitantes del medio rural.

Por otra parte, en el breve tiempo en que ha aparecido la política de vivienda, más que la respuesta para garantizar el disfrute ciudadano de un derecho constitucional básico, para las fuerzas de la derecha y para buena parte de los expertos y de los medios de comunicación más influyentes, se ha enfocado ante todo como un problema económico global y para los propietarios, los bancos, el turismo y los fondos de inversión, dando por hecho un supuesto carácter contraproducente de cualquier tipo de regulación o de intervención en un mercado cada vez más globalizado.

Porque lo cierto es que los grandes debates políticos han pasado incluso desde el ámbito tradicional de los Estados al internacional, primero como consecuencia de la catástrofe sanitaria sufrida como consecuencia de la pandemia de la covid19 y más tarde de las calamidades provocadas por la guerra de Ucrania sobre los precios de la energía y de los alimentos y por la emergencia climática en la planificación y gestión de un bien cada vez más escaso como el agua y como consecuencia de los recursos agrarios y forestales en las que se considera erróneamente que el terreno de las políticas locales es poco menos que inexistente. Si acaso, las políticas que han florecido como producto de estas catástrofes encadenadas, han oscilado fundamentalmente entre las de emergencia y las medidas paliativas, tanto sanitarias como de servicios sociales o de protección civil, y de otro lado el negacionismo y las teorías de la conspiración populistas, y en mucha menor medida en torno a las escasas políticas de prevención y protección para reducir y en su caso adaptarnos al riesgo de nuevas catástrofes. Sin embargo, no cabe duda de la influencia de las políticas locales como las de vivienda social, de urbanismo y de movilidad, así como del mejor o peor funcionamiento de los servicios públicos sanitarios, educativos o sociales sobre la calidad de vida de los ciudadanos, y más aún en tiempos de catástrofes y de políticas de emergencia como las actuales, como también de que buena parte de las políticas preventivas, tanto educativas como sanitarias y de cuidados, que tienen en el ámbito local un marco de actuación imprescindible.

Asistimos también a la instrumentalización de las dicotomías y de nuevos agravios para enfrentar a los hombres frente a los derechos conquistados por el feminismo, a los jóvenes frente a las pensiones de los mayores o de las zonas despobladas frente a las infraestructuras y servicios de los que viven en la ciudad, como formas de estatalización del debate político local.

Con todo ello se pretende ocultar que estás elecciones no son la primera vuelta de las elecciones generales, sino unas elecciones con entidad propia sobre los servicios que forman la columna vertebral del estado del bienestar y de nuestra cohesión como sociedad en las que las Comunidades Autónomas se encuentran ante la disyuntiva entre la gestión pública y la privada de la sanidad, de la educación y de los cuidados en un momento critico de malestar difuso y crecientes demandas ciudadanas, de transformación de la sociedad analógica en digital, así como de insatisfacción de los profesionales y en general de los trabajadores del sector público.

En el mismo sentido, los municipios y las ciudades se debaten entre la privatización y la financiarización del espacio público y de otro lado su defensa para las grandes mayorías, en temas tan importantes como la vivienda accesible, la movilidad activa y el transporte público, el urbanismo amable, la ruralización de la ciudad, el comercio de proximidad y los servicios y equipamientos públicos en un tiempo de grandes transformaciones económicas, ecológicas y tecnológicas.

No es lo mismo vivir en una Comunidad Autónoma con unos servicios públicos accesibles y de calidad y en un municipio con barrios integrados, viviendas y transporte público asequibles, así como con políticas de salud preventivas y de promoción de hábitos saludables y además con parques, centros sociales y rutas ciclistas y peatonales para desarrollarlas, que en otra comunidad y en otro tipo de municipio donde se imponga el mercado y los conciertos con el sector privado o bien en el que el ámbito urbano está presidido por los automóviles, los atascos, el cemento y la contaminación atmosférica. Son los mismos tiempos de catástrofes, pero con distintas prioridades y diferentes resultados.

Aún estamos a tiempo de convertir estos temas en el principal objeto de debate de cara a las próximas elecciones del 28 de Mayo.