Ayudas a los ganaderos, sí; a la Casa de Alba, no

El decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros contempla varias medidas de apoyo al sector agrario y ganadero en los ámbitos fiscal, financiero y socio-laboral, incluidas ayudas directas, que suman un valor de 784 millones de euros.

Sería de esperar que las ayudas públicas no sigan llenando los bolsillos de latifundistas y de importantes empresarios del sector agroalimentario, sino que vayan destinadas a sostener las explotaciones de los miles de pequeños y mediados agricultores y ganaderos de este país

Nada que objetar, aunque habría que recordar el montante de lo que han venido cobrando algunos de los mayores latifundistas y grandes empresas agroalimentarias de este país en función del marco de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que estuvo vigente en el periodo 2014-2022.

Según los últimos datos disponibles, de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), hubo importantes grandes empresas agroalimentarias que percibieron ayudas millonarias de los fondos públicos agrarios: Campofrío, 16,9 millones de euros; la empresa Vega Mayor SL, que pertenece al Grupo Florette, más de 4 millones €; las grandes empresas almerienses Agroiris y Primaflor, que facturan más de 200 millones, respectivamente, recibieron ayudas por valor de 4,8 millones y 3,5 millones; la bodega Protos fue beneficiaria de más de 4 millones en ayudas; Freixenet 2,38 millones €; Telefónica, 1,9 millones €, y Mercadona 1,2 millones €.

Asimismo, cuatro empresas que pertenecen a la Casa de Alba recibieron casi 3 millones de €, exactamente 2.948.000: Agralsa en Salamanca 1.050.000 euros; Euroexplotaciones Agrarias en Córdoba, 969.000 €; Eurotécnica en Sevilla, 736.490 €; y Castrofresno en Ávila, 197.701 €. Conviene recordar que la Casa de Alba explota latifundios en España que suman más de 34.000 hectáreas.

En el caso de alguna de las empresas pertenecientes a la aristócrata Casa de Alba, el volumen de ayudas públicas que se embolsaron contrasta con los propios datos contables auditados que estas empresas ofrecen en el Registro Mercantil. Concretamente. resulta de muy difícil justificación que en 2021 Agralsa, la empresa del grupo que obtuvo un mayor volumen de ayudas del FEGA, tuviera un importe neto de la cifra de negocios, esto es de ventas, de tan solo 917.165 euros, una cifra inferior al volumen total de ayudas recibidas ese mismo año. Además, hay que tener en cuenta que los gastos de personal de esta empresa fueron apenas de 599.621 euros, lo que supone que las ayudas públicas recibidas de la PAC no sólo están financiando la totalidad de la plantilla, sino que están generando unos ingresos, sólo en esta empresa, de más de 400.000 euros que van directamente a los bolsillos de los accionistas, que son los mayores latifundistas de nuestro país. Por supuesto, en este breve artículo no entro a valorar si el destino adecuado de las ayudas públicas agrarias debe ser el financiar el 100% de los salarios de los trabajadores de esas empresas de accionistas multimillonarios.

Es cierto que el marco de ayudas de la PAC para el periodo 2023-2027 se ha modificado sustancialmente, por lo que es de esperar que se reduzcan sustancialmente las futuras ayudas a grandes empresas y latifundistas.

Pero también sería de esperar que el Ministerio de Agricultura siga, respecto a la distribución de las ayudas a la sequía que acaba de aprobar, criterios similares a los que han impulsado la reforma de las ayudas que la PAC para el periodo 2023-2027. Por tanto, que las ayudas públicas no sigan llenando los bolsillos de latifundistas y de importantes empresarios del sector agroalimentario, sino que vayan destinadas a sostener las explotaciones de los miles de pequeños y mediados agricultores y ganaderos de este país.