En tiempos electorales hablemos del honor

Cuando se alude a la honorabilidad se hace referencia a personas dignas de respeto, obediencia y estima. Se indica respetabilidad y distinción. Inclusive ejemplaridad. Porque dichas cualidades hacen que las personas bajo esa influencia no se sientan amenazadas por individuos deshonrosos. Saberse dirigidos por sujetos indignos. Gobernados por seres despreciables cuyos actos son viles, no resulta ni satisfactorio ni conveniente. En cualquier caso, termina siendo, al menos, alarmante.

El honor no se pierde por aquellos errores de los que nadie está libre. Se dilapida en actos deliberados que afectan de manera severa la vida de la ciudadanía. Claro está que esa consecuencia no es fortuita. En el caso de nuestro país, resulta del difícilmente asumible privilegio de la inimputabilidad de la que disfruta, desde la cúspide del Estado, una monarquía designada por el dictador genocida. En sus orígenes, ese régimen, fue complaciente con la doctrina de la recompensa de los vencedores. La práctica del saqueo prevaleció. La imposición de privilegios inaceptables se consolidó. La rapiña se hizo práctica habitual. En su esencia, esa fue la semilla del deshonor que padecemos.

No existen muchas otras alternativas de explicación a la banalización de la maldad de las conductas deshonrosas. Todas están basadas en la codicia insaciable que sufrimos constantemente.

Para colmo y desgracia de la ciudadanía presenciamos, al tiempo, el fracaso de los mecanismos institucionales de control de las referidas prácticas deshonrosas. Es más, parece tan arraigada esa perversión, que podría asumirse que la negligencia de dicha función reguladora no es fruto de la incompetencia. Muy al contrario, parece que es condición para que la degradación siga impune y sus responsables indemnes.

Desde ese nivel del análisis puede percibirse la banalidad del mal que cubre dichas conductas. Que permite que las causas no prosperen y que las operaciones irregulares prescriban o, lo que es peor, sean aceptadas.

Por tanto, sólo existen dos modelos de gestión de lo público. El que persevera en la protección de las tramas corruptas a todo nivel. Que crece lucrándose de las angustias de vastos sectores vulnerables de la población. El mismo que blinda privilegios por encima del interés general, como con amnistías fiscales luego declaradas inconstitucionales. Quién saca beneficio de una crisis financiera y bancaria a costa de los ciudadanos. Los que protegen el interés empresarial, o confesional, a costa del interés general. Todo, sin mencionar las víctimas derivadas de todas esas prácticas deshonrosas.

El otro modelo, es el que antepone el interés general al particular. Es la práctica de la decencia. Del ejercicio del honor.

No hay modelos intermedios. Actúa en consecuencia.