El PP y Vox contra la directiva de diligencia debida

El pasado 1 de junio el Parlamento Europeo votó penalizar a las grandes empresas europeas, o que tengan una alta facturación en la UE, para que eliminen prácticas que promuevan el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la contaminación medioambiental y en la cadena de valor de sus operaciones.

Salió aprobada con el apoyo de 366 votos a favor, 255 en contra y 38 abstenciones. El desmarque de los populares españoles dentro del Partido Popular Europeo, no dejó de sorprender a sus homónimos y de levantar las críticas de los diputados progresistas, porque dan a entender que no les importa o consideran normal que una multinacional europea utilice mano de obra infantil en cualquier lugar del mundo sin que haya manera de pedirle explicaciones. La justificación de que “algunos de los compromisos son demasiado gravosos, criminalizan a las empresas y perjudican sobre todo a las pymes”, aunque estas en principio no se verán afectadas, traslada la imagen de que para ellos el respeto a los derechos humanos en el mundo laboral depende del tamaño de las empresas y de que estas no se vean perjudicadas en sus beneficios.

Unos 25 millones de personas en el mundo están sometidos al trabajo forzoso u obligatorio y unos 160 millones de niños/as se encuentran en situación de trabajo infantil, sobre todo en sectores como la agricultura, el textil y la minería.

Hace años que en la UE preocupa esta situación y más con el aumento del trabajo infantil desde la pandemia. La propia Presidenta Úrsula von der Leyer lanzó en el año 2021 la propuesta de una Directiva. “No queremos que los productos fruto del trabajo infantil o forzoso acaben en las estanterías de nuestras tiendas en Europa”. O como dijo el mismo Vicesecretario ejecutivo para una economía al servicio de las personas, D. Dombroski, “no hay lugar para rebajar las normas laborales básicas como medio para obtener una ventaja competitiva”.

Desde la declaración de la Comisión para establecer una estrategia para promover el trabajo digno en todo el mundo, el 23 de febrero de 2022, hasta la discusión en el Parlamento, se han tenido reuniones y contactos permanentes con los diferentes sectores implicados, sobre todo con las empresas. Precisamente fueron ellas las que, en gran parte, pidieron que se regulase esta situación para que todas supieran a qué atenerse en materia de derechos humanos e impactos medioambientales, y sobre todo, para evitar el dumping de alguna, que hacen de estas prácticas la base de su competitividad empresarial.

La Directiva tiene como objetivo fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable entre las empresas, lo cual obliga a la identificación, prevención y diseño de medios para paliar los efectos negativos de sus actividades medioambientales y en los derechos humanos. También plantea apoyar a la organización, fundamentalmente de las pymes, que puedan ser afectadas de forma indirecta.

Se aplicará a las empresa que se hayan constituido de conformidad con la legislación de uno de los Estados miembros y que cumplan las condiciones siguientes: tener una media de 500 trabajadores y un volumen de negocio mundial superior a 150 millones de euros, o tener una media de 250 trabajadores y un volumen de negocio mundial mínimo de 40 millones de €, siempre que al menos el 50% de ese negocio se haya generado en sectores como el textil, la agricultura y la extracción de minerales, y, por último, las empresas que se hayan constituido con la legislación de un tercer país y tengan un negocio superior a 150 millones en la UE.

Los Estados miembros velarán por que las empresas adopten las medidas adecuadas para prevenir, exigiendo planes de acción preventiva. Lo mismo se hará con los socios comerciales, a los cuales se les hará extensiva esta exigencia.

Todas las empresas sujetas a esta norma deberán designar una persona física o jurídica, claramente identificable, como su representante autorizado, el cual estará obligado a facilitar la información que se le requiera sobre su cumplimiento. Asimismo, cada Estado deberá designar a una o varias autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de la norma. Entre sus competencias estará imponer sanciones pecuniarias y evitar riesgos con medidas preventivas. Al mismo tiempo se constituirá una red europea de autoridades de control compuesta por los diferentes responsables de los Estados que supervisará la evolución y las circunstancias en que se aplica la Directiva.

Los Estados miembros podrán establecer un régimen sancionador en el que tendrán en cuenta los esfuerzos de la compañía para cumplir o implementar los remedios que plantean. Las sanciones, que serán proporcionadas y disuasorias, pueden pasar por hacerse pública la infracción y el nombre del infractor, retirar sus productos del mercado o incluso multas de al menos el 5% de la facturación global.

El procedimiento a seguir ahora pasa por la negociación con cada uno de los Estados miembros, y posteriormente entre el Consejo y el Parlamento, para con un nuevo texto donde se recojan las aportaciones llevarlo nuevamente al Parlamento para la aprobación definitiva.

Es una Directiva muy ambiciosa, pero necesaria para garantizar los derechos humanos en las empresas y la lucha contra el cambio climático desde las mismas. Objetivos que incomprensiblemente no comparte la derecha política de nuestro país.