Reaccionarios sin fronteras

El candidato de la derecha española ha pasado de mirar para otro lado en Castilla y León a traspasar todas las líneas rojas y levantar el cordón sanitario a sus hermanos separados de la ultraderecha, al parecer tan solo con una conversación telefónica con Abascal y con el único objetivo de culminar los últimos flecos de los acuerdos de gobierno en las CCAA después de los pactados en casi un centenar y medio de municipios.

Atrás quedó la propuesta de la derecha de que gobiernen los más votados, como ya ocurriera en convocatorias anteriores, aunque seguramente volverá a emerger, esta vez como farsa, sobre todo si como anuncian las encuestas el PP obtiene la mayoría relativa en las elecciones generales del próximo ventitrés de Julio. Se agita el gobierno de los más votados, tanto para justificar las alianzas propias para lograr la mayoría absoluta como para denostar por lo mismo los acuerdos del adversario.

Las coaliciones exprés en unos ciento cuarenta gobiernos locales de grandes municipios y de capitales de provincia, así como en las presidencias de las mesas de los parlamentos ha sido el primer paso hacia la composición cada vez más generalizada de los gobiernos autonómicos de común acuerdo con la ultraderecha. Todo ello se hace a costa de normalizar el programa y los gobiernos de coalición más radicales de nuestra historia reciente, con la asunción del relato del negacionismo tanto de la violencia de género y del machismo estructural, como de la pandemia y de la salud pública y también del cambio climático y la descarbonización, así como de los consiguientes contravalores de la insolidaridad, el machismo, la homofobia y el racismo. Todo, a pesar de haberse comprometido públicamente con los gobiernos en solitario y con las líneas rojas frente a la ultraderecha.

En esta misma línea, el candidato del PP ha ratificado la disyuntiva de estas elecciones en los mismos términos que ya lo hiciera hace dos años la ultraderecha: para unos y para otros se trata de Sánchez o España y por tanto de la derogación de los avances en derechos civiles, sociales y en la transición ecológica que una y otra derecha resumen en el término sanchismo. Con ello, no solo se confirma la estrategia plebiscitaria como la culminación de la línea de oposición basada en la deslegitimación primero y desestabilización permanente del gobierno de coalición progresista, compartida con entusiasmo por el conjunto de las derechas políticas, sociales y mediáticas que han funcionado como un tándem desde la moción de censura a la actualidad pasando por la pandemia, los efectos de la guerra y las consecuencias del cambio climático, solo interrumpida por un breve periodo a raíz del distanciamiento de Casado frente a la primera moción de censura de Abascal al presidente Sánchez: un fugaz espejismo. En definitiva, durante toda la legislatura la ultraderecha ha actuado de común acuerdo y como avanzadilla de la derecha.Por eso, la constitución de los ayuntamientos y las negociaciones en las CCAA han sido resueltas tan rápidamente, es cierto que no sin algunas dudas y contradicciones, como la más llamativa de la presidenta del PP en Extremadura, que han puesto en evidencia que la decisión de pactar proviene de la dirección del PP de Génova, aunque ésta haya supuesto la normalización de las bases programáticas de la ultraderecha en los gobiernos de coalición de la derecha, como paso previo a la regresión de la gestión compartida entre la derecha y la ultraderecha, a costa del recorte de derechos civiles, sociales y ambientales.

Un programa radical que conlleva un retroceso de décadas en los consensos sociales, políticos y culturales en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género, en el derecho al aborto, en la libertad de cátedra y en la aconfesionalidad del Estado. Una vuelta atrás también en la conciencia del cambio climático y en el cumplimiento de la Agenda 2030 en relación a la movilidad y medio ambiente que se acaba de concretar en primer lugar en las ciudades con la pretensión de incumplir los requerimientos europeos en relación a las zonas de bajas emisiones o en la decisión de suprimir los carriles bici, retrocediendo con todo ello a la vieja ciudad de la polución, el asfalto y la contaminación. Asumiendo también el señuelo de las rebajas fiscales a costa de futuros recortes sociales. En resumen, un bandazo hacia el cambio de ciclo reaccionario.

Todo ello, a pesar del delicado contexto de la precampaña y campaña de las elecciones generales del 23 de Julio y de la consiguiente recomendación de la dirección conservadora de retrasar tácticamente el cierre de los acuerdos con la ultraderecha hasta más allá de las elecciones generales. Sin embargo, la entrada sin complejos en el gobierno valenciano, ostentando nada menos que las Consejerías de cultura y de justicia e interior, seguida por la de Baleares y ahora por la de Extremadura confirman el modelo de cogobierno inaugurado en Castilla y León, que no solo prefiguran el próximo de la Comunidad de Aragón y de la región de Murcia sino, sobre todo, del que podría ser el futuro gobierno de España en coalición con la ultraderecha, en el caso de obtener la mayoría para ello en las próximas elecciones generales. Entre tanto, sigue mejorando la situación económica, en general la previsión de crecimiento, la inflación y más en particular del empleo, pero no parece que el debate vaya entrar en la campaña electoral y menos de mano de la derecha, que tan pronto manipula los datos como acentúa sus perfiles más negativos para agitar el malestar difuso del incremento de los precios en relación a los salarios y de la sequía en los sectores más afectados, como anuncia cínicamente el mantenimiento de la reforma laboral o de los impuestos a la banca y las eléctricas en aras de la estabilidad.

Por eso, para evitar esta imagen del todo vale con tal de gobernar se acentúa el con quién de las alianzas del actual gobierno de la izquierda ( el estigma de la antipatria), en vez de para qué avances sociales frente al caso de la derecha que ahora se pone de manifiesto como retroceso en derechos y libertades a cambio del gobierno. Sin embargo, las encuestas muestran hasta ahora un escaso coste del mencionado cinismo y de la sobreactuación reaccionaria en los pactos autonómicos y municipales de la derecha. El candidato Pedro Sánchez intenta recomponer su imagen en los medios de comunicación conservadores con sus puntos fuertes de la economía y del liderazgo en Europa y Yolanda Díaz intenta que aparezca en el debate su programa rojo y verde y su imagen amable y negociadora.

Por eso, la campaña electoral de la izquierda no debiera sumarse de nuevo a la polarización con el miedo y la alerta antifascista, algo que si no está ya amortizado tan solo tiene un recorrido muy corto para el PSOE como voto útil, sino que debiera basarse fundamentalmente en propuestas sociales y de transición justa al objeto de un lado de reducir el caldo de cultivo del malestar social y del otro en defensa de los consensos logrados por el conjunto de la sociedad española en materias como la igualdad de género, los derechos sociales del estado del bienestar o el pacto europeo por una transición verde.

En definitiva, el ticket del gobierno de coalición debe aparecer unido en la defensa de su gestión, pero diferenciado en lo que ha aportado y aporta cada uno de cara al futuro.