Otro año judicial sin renovar el Consejo General

Incontables veces hemos tratado aquí el problema del Consejo General del Poder Judicial que, regulado en términos un tanto confusos en la Constitución, fue organizado por una Ley de 1980 que atribuía a los Jueces y Magistrados la elección de doce de sus veinte Vocales. En 1985, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial modificó el tipo de elección de los doce Vocales de pertenencia judicial para atribuir su selección a las Cortes Generales, lo que es conforme al principio democrático, porque el Consejo es un órgano constitucional del Estado, no el comité de empresa de los Jueces y Magistrados. El órgano de gobierno del Poder Judicial, como lo define la Constitución, no debe tener una mayoría de Vocales de elección judicial directa, porque sus decisiones no afectan sólo a las condiciones de trabajo de los miembros del Poder Judicial, sino al servicio público de la Justicia que incide en los intereses de todos los ciudadanos. Después de 1985 el Consejo General del Poder Judicial todavía experimentó alguna alteración de importancia cuando el Ministro Belloch, él mismo Magistrado, promovió una reforma que acrecentó de forma sustancial las atribuciones del órgano.

Es significativo que en la reunión que Núñez Feijóo mantuvo con el Presidente Sánchez para pedir el apoyo del PSOE a su investidura, uno de los pocos temas que planteó fue la elección del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en un sentido, lógicamente, favorable a las peticiones de la derecha judicial que todavía no ha asumido el cambio de 1985. Éste es el tema a reflexionar al comienzo del año judicial y también de una legislatura que aún no sabemos lo que va a durar.

La persistencia inagotable de la derecha judicial, apoyada por la derecha política que representa el Partido Popular, denota que algo muy importante está en juego detrás del modo de elección (parlamentario o judicial) de los Vocales de origen judicial del Consejo General del Poder Judicial. Lo que está en juego es que los miembros del Poder Judicial actúen con autonomía política frente a los restantes órganos y poderes del Estado o, por el contrario, que ese Poder, cuyos miembros se incorporan al mismo por una vía estrictamente profesional, no dispongan de la misma autonomía que las Cortes o el Gobierno, que son dos órganos legitimados democráticamente. Es decir, más allá de la imagen literaria de los tres Poderes de que hablaba Montesquieu, ¿el Poder Judicial, que reside en caca uno de sus miembros y no en el Consejo General del Poder Judicial, puede tener un ámbito de acción política semejante al del Gobierno y al de las Cortes que poseen plena legitimidad democrática?

Bajo ese interrogante no está latiendo un debate teórico, conceptual, sino un problema político muy importante, que es la autonomía política de un grupo de funcionarios que aspira a disponer de un círculo de poder propio, al margen de los órganos constitucionales representativos que son el Parlamento y, con la confianza de éste, el Gobierno. Es un problema similar al que se suscitó en España entre las Guerras Carlistas y 1982, esto es, el poder militar autónomo que sólo se disolvió gracias a la política militar de los Gobiernos de Felipe González. Hoy ya no hay riesgo de autonomía militar, pero sí tenemos, y con gran intensidad, el problema de la autonomía judicial. Es un problema que no sólo se ha aminorado desde 1985, sino que sigue vivo y basta ver dos ejemplos que son:

• La deriva preocupante de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (la Sala de lo contencioso-administrativo que tiene que controlar al Gobierno y a la Administración), que en los últimos meses ha dictado alguna Sentencia que desautoriza al Gobierno con una difícil justificación jurídica, como ha ocurrido con la Sentencia relativa al Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Como hizo el Tribunal Constitucional cuando estaba presidido por un activista de derechas, el Tribunal Supremo, al menos en su Sala de lo Contencioso-Administrativo, da indicios de una política judicial de desautorización del Gobierno y de confrontación con éste.
• La alianza indestructible entre la derecha judicial y la derecha política para dejar morir al Consejo General del Poder Judicial, antes de que esa derecha judicial pierda poder con la elección parlamentaria de los nuevos Vocales del Consejo. Mucho poder debe tener esa derecha judicial cuando una de las pocas propuestas concretas que Núñez Feijóo presentó al Presidente Sánchez fue la reforma, conforme a su criterio, del modo de lección del Consejo General del Poder Judicial.

En la nueva legislatura el tema del Consejo General del Poder Judicial debería ser un tema prioritario del nuevo Gobierno. Habrá que buscar salidas a la no renovación, que sólo tendrá lugar cuando la derecha tenga mayoría en las Cortes, y para ello, como hemos escrito aquí otras veces, es urgente derogar la prorrogatio del Consejo y también atribuir al Ministerio de Justicia de forma transitoria las funciones de un órgano carente de miembros. Y, de paso, deberían reexaminarse las funciones que desplazó la reforma de 1994 por iniciativa del Ministro Belloch, pues es posible que se cedieran algunas competencias que deben corresponder, más bien, al Gobierno cuya acción está controlada por las Cortes.

Por eso, al inaugurarse el nuevo año judicial, debemos ser conscientes que estamos ante un serio problema donde un grupo de funcionarios presiona con todas sus fuerzas para actuar con autonomía al margen de los órganos representativos del Estado democrático.